Los números que usa el independentismo ni
siquiera se reflejan en los estudios de CiU
Nuestro
artículo ¿Dónde están los
16.000 millones? (EL PAÍS, 20 de enero) ha recibido muchas
preguntas y comentarios. Aunque nadie lo ha replicado desde las páginas de este
periódico, agradecemos la oportunidad de contestarlos.
Se ha dicho
que copiamos un informe de FAES, pero solo utilizamos datos de la Generalitat y
del estudio Viabilidad de Cataluña como Estado, de la Fundació CatDem,
vinculada a CiU.
Muchas
reacciones confirman que la reclamación de independencia está en buena parte
basada en el convencimiento de que Cataluña dispondría “de forma inmutable”
(Artur Mas dixit ) de 16.000 millones anuales adicionales “contantes y
sonantes”. En nuestro artículo explicábamos por qué no es así y consideramos
que ninguna de las críticas recibidas invalida nuestra tesis.
No negamos,
como se nos acusa, la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con el
Estado. Es lógico que Cataluña aporte a la Hacienda central más recursos que
servicios recibe, porque la renta per capita catalana es superior a la
española y nuestro sistema fiscal es progresivo. Lo importante es el método
para calcularlo, el significado del resultado y su variación en el tiempo
influenciado por el ciclo económico. Por eso decíamos que un solo año no es
suficiente para conocer las relaciones fiscales interterritoriales. Utilizamos
las cifras de 2009 ya que son las más recientes del estudio de CatDem y cuando
se produjeron las declaraciones políticas que reprodujimos.
Muchos se
han sorprendido de que los 16.409 millones calculados por la Generalitat para
2009 solo incluyan como gasto estatal que beneficia a Cataluña el que se
realiza en su territorio (método monetario). Ese método subvalora lo que le
costaría a la Generalitat independiente suministrar los mismos bienes públicos
que hoy presta la Administración central según la actual estructura
competencial del Estado.
En efecto,
no tiene sentido argumentar que los catalanes no se benefician de los
consulados porque en Cataluña no hay ninguno, o que los ordenadores de la
Agencia Tributaria solo sirven a los madrileños porque están en Madrid, o que
el VOR de Calamocha que guía los aviones del puente aéreo solo hay que
imputarlo a los aragoneses. O repartir el gasto en defensa y en justicia según
donde estén las instalaciones militares y los tribunales. Regular las
telecomunicaciones no solo beneficia a los catalanes cuando la CNMT está en
Barcelona, ni la de los mercados financieros solo favorece a los madrileños
porque la CNMV esté en Madrid.
Una Cataluña
independiente debería financiar todos los servicios que ahora recibe del Estado,
se produzcan o no desde el territorio catalán. ¿O es que no iba a tener su red
de embajadas y consulados, su propia defensa y sus propios sistemas de gestión
tributaria? ¿Es que alguien se las suministraría gratis?
Lo razonable
es que el gasto en los bienes públicos de carácter general se reparta
proporcionalmente a la población (método beneficio). Según la Fundació CatDem,
por ejemplo, “la estimación que puede reflejar mejor el coste que supondría el
servicio de defensa en Cataluña, es la que se deriva del criterio del flujo del
beneficio”. Si así se hiciera, el déficit observado de 792 millones de 2009 se
convierte en un superávit a favor del Estado de 4.105 millones. Y para 2010 el
déficit observado de 5.835 se convertiría en un déficit de 774. Esta
subestimación de los costes reales es una de las dos razones fundamentales por
las cuales los 16.000 millones no estarían disponibles.
La otra
razón es que los 16.000 millones (16.409 en 2009 y 16.543 en 2010) resultan de
añadir a los impuestos efectivamente pagados por los catalanes en cada año los
impuestos que tendrán que satisfacer en el futuro para pagar “su” parte del
déficit público estatal (15.618 en 2009 y 10.708 en 2010). Es lo que se llama
“neutralizar” el déficit. Y, ¿cuál es “su” parte? Ya explicamos que la
Generalitat la calcula proporcionalmente a los ingresos que aporta Cataluña.
Hay otras formas de hacerlo, pero no vamos a entrar en ello ahora.
En nuestro
artículo no decíamos, como se nos atribuye, que neutralizar el déficit es un
“puro artificio contable creado por los nacionalistas”. Tampoco negábamos el
interés de hacerlo, ya que da una idea estructural de la posición fiscal de
Cataluña. Lo que decíamos es que el saldo observado y el neutralizado son
conceptos de distinta naturaleza. La Generalitat difunde solo la cifra de los
16.409 (método monetario neutralizado) y se presenta en el discurso político
dando a entender que ese dinero estaría disponible inmediata y automáticamente
con la independencia.
Pero
nosotros decíamos y nos reafirmamos en que el déficit fiscal calculado
neutralizando el déficit público no es equivalente a recursos adicionales
disponibles gracias a la independencia. Porque esos impuestos que se tendrían
que pagar en el futuro, por definición, todavía no se han pagado y por ello no
estarían disponibles en el presente.
A ese
respecto, la Fundació CatDem dice que, en caso de independencia, la
neutralización “no corresponde”, ya que “lo que hace la neutralización es
imputar el déficit público del Estado como carga impositiva futura: eso aquí no
tiene sentido, lo que estamos midiendo es la capacidad de autofinanciación de
Cataluña como Estado”.
Resumiendo
nuestro razonamiento: si en 2009 Cataluña hubiera sido independiente, la
Generalitat se hubiera quedado con los 46.195 millones de impuestos pagados al
Estado y habría gastado 45.403 millones en los servicios que el Estado prestaba
en Cataluña. El resultado de la independencia sería, pues, disponer de 792 millones
“contantes y sonantes” de más.
Los 16.409
millones no aparecen por ninguna parte. Ciertamente no aparecen “en efectivo,
encima de la mesa del conseller” como afirma una crítica publicada en
Ara, un periódico de ideología independentista. Lamentamos que no se haya
publicado en EL PAÍS, lo que hubiera dado más difusión y agilidad al debate. En
Ara se fabula diciendo que esos millones los habría sacado el Estado de la Visa
de los catalanes, pero que con la independencia “estarían disponibles sobre la mesa
del conseller”. Pero si Cataluña fuera independiente, el Estado no
podría usar su Visa. Y si es Cataluña la que usa su Visa es el equivalente de
endeudarse. Sin hacerlo, lo único que habría sobre la mesa del conseller
es el saldo observado de 792 millones. Y además tendría que financiar la
producción de los servicios públicos generales que el Estado suministraba desde
fuera de Cataluña.
Los autores
de esa crítica “encuentran” los 16.000 millones en los recursos futuros que el
ejercicio de la neutralización añade a los presentes. Nosotros, como la CatDem,
pensamos que este ejercicio “no tiene sentido” cuando se trata de medir la
capacidad de autofinanciación de Cataluña como estado.
Así, la
Fundació CatDem estima “la ganancia que obtendríamos como Estado independiente
en 2009 hubiera sido de 922 millones de euros”, una cifra muy inferior a los
16.000 que gran parte de la opinión pública catalana parece estar convencida de
que sería el beneficio inmediato e “inmutable” que produciría la independencia.
Este es un
tema importantísimo y el Gobierno español debiera propiciar su debate. Nosotros
hemos querido contribuir a ello a través del reducido espacio de estos
artículos cuya publicación agradecemos mucho.
Josep Borrell es catedrático Jean Monnet y Joan
Llorach es empresario.
Fuente: www.elpais.com
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