Publicado en
31 enero, 2014 por victorjsanz
Once
billetes como el de la fotografía ha puesto cada español para salvar a los
bancos de su propia crisis, pero aun así aumentan los desahucios.
Las ayudas del Estado al sistema financiero, en forma
de avales, créditos o subvenciones, superan ya los 200.000 millones y se estima
que al menos un tercio se perderán, pagándolos la ciudadanía. Los desahucios
sin embargo no se frenan y alcanzan ya a 400.000 familias en estos cinco años
de crisis.
La burbuja inmobiliaria de la década 1998-2008 ha
provocado en el sistema financiero español un agujero de unos 250.000 millones
de euros, prácticamente impagable para los bancos, casi todos, que asumieron el
riesgo de financiar la construcción de casas, urbanización de suelos y compra
de terrenos para una demanda ficticia. El Estado español ha ido en su auxilio
otorgándoles ayudas, en forma de avales, créditos, subvenciones o
participaciones de capital, por un valor superior a los 200.000 millones de
euros, según diversas estimaciones. Eso significa que cada ciudadano mayor de
18 años residente en España ha prestado ya a los bancos 5.500 euros para tapar
su pufo inmobiliario, lo que paradójicamente no ha conseguido frenar la sangría
de 400.000 desahucios de familias desalojadas de esas mismas viviendas.
Existe bastante confusión y opacidad en los datos
oficiales sobre ayudas directas o indirectas a los bancos. Sin embargo, algunas
estimaciones realizadas por expertos coinciden en su diagnóstico. Un estudio publicado por ATTAC Madrid revela que las
ayudas públicas a la banca ascenderían actualmente a 219.397 millones de euros.
De esta cantidad, 59.130 millones son inyecciones directas de capital a Bankia
(22.425), Catalunya Caixa (12.052), NovaCaixaGalicia (9.052), Banco de Valencia
(5.500), CAM (5.249), CCM (1.650), Mare Nostrum (1.645), Unnim (953) y Caja
España (604).
En segundo lugar están los llamados esquemas de
protección de activos, ante las posibles pérdidas de determinadas entidades con
problemas que han sido adquiridas por otras más solventes. Significan, según
este estudio, 28.267 millones más garantizados por las arcas públicas para las
operaciones Banco de Sabadell-CAM (16.610 millones), BBVA-Unnim (4.440),
CaixaBank-Banco de Valencia (4.350), Liberbank-CCM (2.475) y Kutxabank-Cajasur
(392).
Cada
español ha tenido que poner 5.500 euros, once billetes como el de la
fotografía, para rescatar a los bancos de su propia crisis, y mientras aumentan
los desahucios.
A esto hay que añadir la factura que nos espera por el
denominado banco malo, la SAREB, que se ha hecho cargo de los activos tóxicos
del conjunto del sistema financiero: viviendas vacías, por terminar o suelos
por edificar. La deuda garantizada más el capital aportado por el Estado, y
descontado el privado, suma 48.546 millones. Se supone que gran parte de este
dinero se recuperará, por la venta de estos bienes inmobiliarios a precio de
saldo. Lo mismo ocurre con la adquisición de activos financieros por parte del
Estado, que ha ascendido a 19.342 millones.
Y por último están los 64.112 millones en avales. Se
trata de deuda emitida por las entidades financieras avaladas por el Estado,
que no es dinero líquido en sí, y que por el momento no cuenta como deuda
pública. Sólo lo haría en caso de impago, lo cual es probable en muchos casos
teniendo en cuenta que buena parte de esos avales han respaldado emisiones de
deuda de entidades casi en ruinas, como Bankia, Catalunya Caixa y
NovaCaixaGalicia.
Otras estimaciones elevan aún más la factura pública
del rescate a la banca española. El ex ministro de Trabajo y actual diputado
socialista en el Congreso, Valeriano Gómez, la calcula en 232.000 millones de
euros. Según sus cuentas, las ayudas públicas directas para la solvencia de las
entidades financieras ascienden a 61.000 millones de euros, a lo que hay que
añadir 36.000 millones de posibles futuras pérdidas cubiertas por el Fondo de
Garantía de Depósitos, más el déficit originado por la venta de las entidades
nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia),
que según sus previsiones pueden ser de unos 35.000 millones, y por último unos
100.000 millones en avales, contabilizando también los últimos 30.000
concedidos por el Gobierno el pasado mes de noviembre.
¿Cuánto de este dinero se recuperará? Pues las
estimaciones no son muy halagüeñas, puesto que el Fondo de Reestructuración y
Ordenación Bancaria (FROB) podría tener que asumir pérdidas por al menos un
tercio de estos 200.000 millones. Pérdidas que de hecho ya se vienen
produciendo desde 2010 y que están siendo pagadas por los ciudadanos en forma
de recortes sociales y subidas de impuestos, ya que, por otra parte, la
política de austeridad impuesta por Alemania en la UE obliga a ir rebajando
progresivamente el déficit público. La predicción que lanza Gómez es aún más
pesimista, pues eleva el coste total a futuro del rescate bancario para la
ciudadanía a 150.000 millones, un 15 por ciento de nuestro Producto Interior
Bruto (PIB). Luego los recortes sociales, bajada de sueldos y subidas de
cotizaciones e impuestos aún no habrían acabado.
Curiosamente, este enorme caudal público de ayudas a
un sector privado, sin precedentes en la historia de España, no ha ido
acompañado de contraprestaciones hacia la población en la actuación bancaria.
Ni ha vuelto a fluir el crédito con suficiente fuerza ni se han parado los
desahucios de familias que no pueden pagar porque se han quedado en paro y
porque la cuota de su hipoteca es bastante elevada, problemas ambos provocados
por esa misma burbuja inmobiliaria. Todo lo contrario. El Gobierno ha impugnado
insistentemente la legislación antidesahucios aprobada por la Junta de
Andalucía, hasta que ha conseguido paralizarla en el Tribunal Constitucional,
con la justificación de que ponía en peligro la reestructuración bancaria.
De esta forma, los desalojos de familias que se quedan
en la calle siguen produciéndose a diario. Según la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca desde que se inicie en rigor la crisis, en 2008, y hasta finales de
2012, se habían producido en nuestro país 362.776 desahucios. A ello hay que
sumar los del cuatro trimestre de ese año más los del primer semestre de este
año 2013, cuando, según los datos del Banco de España, se han entregado a
entidades financieras 35.098 viviendas por falta de pago, la mitad de manera
voluntaria y la otra mitad mediando un desalojo forzoso. En total, unas 400.000
familias expulsadas de sus hogares.
Periodismo Humano
No hay comentarios:
Publicar un comentario