Pablo Vaamonde | Médico de familia | A Coruña
nuevatribuna.es
| 29 Enero 2014 - 18:02 h.
La derecha
gobernante está imponiendo medidas radicales en la sanidad pública
-desde el gobierno central y las autonomías-, que tienen un severo impacto en
los servicios y representan una hipoteca grave para el futuro. Aunque reconocen
el elevado nivel de calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), en sus
laboratorios de ideas inventaron un argumentarío simple y falaz que
repiten como una salmodia: el sistema actual es insostenible y hay que
“modernizar" la gestión para mejorar la eficiencia. Pretenden, con estos
argumentos, justificar la introducción de cambios profundos
(externalizaciones/privatizaciones) que serían necesarios para garantizar la
continuidad del SNS. Pero no es así: lo que presentan como oportunidades de
mejora son, en realidad, amenazas severas para el sistema que está siendo
parasitado y destruido desde dentro.
Con esas
justificaciones mendaces, y en el escenario de la prolongada crisis económica
que utilizan como excusa, comenzaron a imponer su ideario y a favorecer ciertos
negocios a costa de los presupuestos públicos. Hicieron severos recortes
presupuestarios (152 euros menos por habitante y año en el conjunto de las
autonomías, de 2010 a 2013) y redujeron drásticamente el personal (tasa
de reposición del 10%, 25.500 trabajadores menos de enero de 2012 a julio de
2013). Mientras tanto entregaron a manos privadas parcelas cada vez más grandes
de los centros públicos y, ante el imparable aumento de las listas de espera,
realizan derivaciones masivas a los hospitales privados que
experimentaron un notable incremento de su negocio. En Galicia, el PP aprobó en
solitario, en diciembre de 2013, una "Ley de Garantías de Prestaciones
Sanitarias" que establece unos tiempos de espera imposibles de
cumplir. Pero da igual, porque la finalidad no es preservar los derechos de los
ciudadanos: el objetivo real es garantizar el negocio de los centros privados
que reciben cada vez más derivaciones, ahora avaladas por ley.
La sanidad
pública vive momentos críticos. Su continuidad está amenazada de forma seria,
ahora sí, por las actuaciones políticas de los actuales gobernantes. Algunas de
las decisiones impuestas desde el poder van a ser muy difíciles de revertir
cuando se provoque un cambio político. Pero hay que actuar con determinación y
sin demora porque la actividad de las "termitas" continúa,
provocando la erosión del sistema desde dentro. Hagamos un breve repaso de sus
más importantes actuaciones:
-RD Ley
16/2012. Esta ley
fue denominada, con gran cinismo, como "de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad de él Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones". El PP utilizó la mayoría
absoluta para aprobar esta norma-eludiendo el debate parlamentario-, que nos
hace retroceder más de tres décadas en la historia. Anula la atención sanitaria
universal y recupera la figura del "asegurado"(la gente tendrá
derecho a la asistencia sanitaria en función de su cotización a la SS); provoca
la exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles y de otros
colectivos de la población; impone copagos (a pensionistas y enfermos
crónicos) que aplastan las ya deterioradas economías familiares; y recorta la cartera
de servicios que aparece fragmentada en tres niveles (básica,
complementaria y accesoria), preparando el terreno a las aseguradoras para
cubrir aquellas prestaciones que resulten excluidas de la sanidad pública.
Todos estas imposiciones, que ya comienzan a provocar daño en la salud de la
población, tienen dos objetivos: conducirnos a una sanidad dualizada (puerta
para ricos, puerta para pobres; aseguramiento privado y beneficencia) y favorecer
los negocios de las empresas de la sanidad privada.
-Hospitales
PFI. Este modelo
de concesión (financiación pública privada) a empresas privadas para construir y
gestionar hospitales fue impulsado en la década de los noventa en el Reino
Unido por el Partido Conservador. Los resultados fueron calamitosos para la
sanidad británica. Un informe de la OMS, que analizaba 15 años de esta
experiencia, demostró que estos hospitales son más caros, tienen peor calidad
asistencial y reducen la transparencia en la gestión. A pesar de estas
evidencias el PP impulsó este modelo en Valencia (el primer hospital de
este tipo fue el de Alzira, con nefastos resultados) y Madrid (ambas
comunidades tienen ahora la sanidad en bancarrota). Este fue el gran modelo
de negocio de la sanidad diseñado por la derecha en convivencia con
determinadas empresas en las que practican con asiduidad el ejercicio de la
"puerta giratoria": hay políticos que privatizan parcelas de
la sanidad que después pasan a gestionar cuando se retiran de la actividad
pública. Pero esta estrategia de parasitación de la sanidad pública está
en un momento bajo: la crisis económica, con la disminución de crédito
bancario, y la contestación social pusieron freno temporal a estas maniobras.
La
movilización profesional y ciudadana realizada en Madrid por la "Marea
Blanca" puso en cuestión estas maniobras privatizadoras y consiguió de
los tribunales de justicia una suspensión cautelar de las externalizaciones,
avalada por el TSJM. El rechazo de los recursos presentados por la Comunidad de
Madrid obligó al gobierno regional a suspender definitivamente el plan
de privatización de los seis hospitales que había previsto, y provocó la
división del consejero Fernández-Lasquetty. La privatización de los hospitales
de Castilla-La Mancha, anunciada por la presidenta de la comunidad,
también está en stand by. En Galicia la construcción del hospital
de Vigo, promovida con este modelo PFI, está detenida, pues la UTE no consiguió
financiación suficiente para continuar la obra: los bancos no confían en la
viabilidad de la obra; el presidente de la Xunta, en contra de lo establecido
en el contrato (de donde se especifica que "la financiación es a riesgo
y ventura de la Concesionaria") anda en busca de financiación para que
el hospital no quede en el esqueleto. Pero tal como están las cosas es muy
posible que este sea otro Gaiás inacabado. Este puede ser otro gran
fracaso de Núñez Feijóo, que dejará una pésima herencia en la dotación
sanitaria del sur de Galicia.
-Externalizacións
y privatizaciones. Cuando no
es posible privatizar el hospital entero van entregando a manos privadas
aquellas áreas de actividad de donde se puede extraer beneficio a costa de los
presupuestos públicos. Núñez Feijóo es un experto privatizador: fue a
mano derecha de Romay Beccaría para la implantación de las Fundaciones
Sanitarias (que el gobierno progresista de Galicia -2005-2009- tuvo que
rescatar pues estaban todas en quiebra), y también privatizó Correos
(desde la dirección que ocupó de 2000 a 2003). Cuando llegó al poder en la
Xunta de Galicia ya avisó que era partidario de privatizar "todo lo que
no sea el núcleo duro del sistema sanitario". Se entregó en el empeño
desde el primer momento.
La historia
clínica, la receta electrónica, la central de llamadas, los teléfonos de
información, la alta tecnología diagnóstica y terapéutica, el mantenimiento de
los equipos, los servicios informáticos, el almacenamiento y distribución de
material sanitario, la investigación y la docencia: todas estas parcelas están
en manos privadas. Muchos trabajadores públicos quedan relegados y sin
función mientras el Sergas paga a empresas externas por servicios
que ellos venían realizando a la perfección. También es muy relevante que se
entregue a empresas privadas información privilegiada de los servicios
estratégicos del sistema y de los propios pacientes. La Administración pierde
el control y queda como rehén de estas empresas que son las que controlan y
utilizan los datos sensibles de la sanidad.
El dos de
enero fue publicado en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), el
anuncio de un concurso para la privatización del servicio de esterilización.
El contrato asciende a 160 millones de euros, y puede entregar a una empresa
este servicio para toda Galicia. Esta propuesta resulta alarmante, y
puede afectar a cientos de trabajadores públicos que actualmente realizan estas
tareas con absoluta garantía y calidad. Los actuales responsables de esta tarea
afirman en un escrito que "esta decisión fue tomada por motivos ajenos
al rigor técnico" y que no existe ninguna certeza de que se vaya a
mejorar la eficiencia. La Xunta pretende ceder a manos privadas un servicio tan
delicado e importante para la salud de la población. Porque las empresas
privadas tienen que conseguir beneficios al cierre del ejercicio, y la
seguridad puede quedar en un segundo llano. (A principios de enero tuvieron que
cerrar dos quirófanos en el hospital de Santiago; el servicio de mantenimiento
está subcontratado).
-Áreas de
Gestión Clínica (AGC). La privatización completa de los hospitales está frenada como consecuencia
de la movilización ciudadana, de la actuación de los tribunales de justicia y
por la propia crisis económica que dificulta la obtención de créditos por parte
de las empresas adjudicatarias. Pero el PP no desiste de privatizar la
"bata blanca". Para eso utiliza la propuesta de las AGC. La
gestión clínica es un concepto bien considerado en la sanidad: hace referencia
a la necesidad de que los profesionales sanitarios asuman responsabilidad en la
práctica clínica y en la utilización de los recursos sanitarios. Pero no
requiere modificar la personalidad jurídica de las unidades que realicen estas
tareas ni tiene nada que ver con la laboralización del personal sanitario. El
gobierno publicó en el BOE, en julio de 2013, (incrustada en una ley sobre
farmacovigilancia) una disposición final quinta que plantea la
creación de las AGC con un régimen laboral distinto al actual. Promueve la
laboralización del personal sanitario que se integre en estas unidades, con la
consiguiente pérdida de los derechos laborales que hoy tiene el personal
estatutario.
La forma de
legislar, con ocultación y engaño, hace sospechar de las intenciones del PP.
Estas AGC serían como "reinos de taifas" con autonomía en su
gestión, capacidad para contratar personal y con reparto de beneficios entre
sus gestores; podría dar entrada a las empresas privadas y llegar a la
fragmentación de los centros con la creación de microempresas dentro de los
hospitales, financiadas con fondos públicos pero reguladas por el derecho
privado. En Galicia también se aprobó en el Parlamento una propuesta del PP
para la creación de AGC, que afirma garantizar el carácter público de estas
unidades. Pero los juristas están de acuerdo: una ley estatal prevalece sobre
una autonómica. La voluntad política de la Conselleira está bien clara: ha
afirmado en público que el actual sistema sanitario no sirve, que hay que
cambiar el sistema retributivo de los profesionales y que "no nos queda
otra que aplicar fórmulas de colaboración público-privada". En este
momento los directivos del Sergas tratan de impulsar proyectos de AGC en los
hospitales gallegos y en algún centro de salud; tienen serios problemas para
superar los recelos de los profesionales. Pero parecer que otros proyectos
pueden estar ya en una segunda etapa. A finales de 2013 se habló del interés
de una empresa multinacional de tecnología médica para hacerse con el
control de la Unidad del Corazón del hospital de A Coruña, dirigida
hasta el momento por el doctor Castro Beiras, que está próximo a la jubilación.
Él mismo desmintió esta posibilidad. Pero sea o no cierta esta propuesta lo
cierto es que marca el camino a seguir en el resto de los centros
sanitarios, si los profesionales no perciben la amenaza y se oponen con
firmeza a esta propuesta que puede representar, a corto plazo, la
destrucción desde dentro del sistema sanitario público.
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