Artículos de
Opinión | Por Tomas F. Ruiz | 30-01-2014 |
Es un hecho
por todos aceptado que la justicia en España se ha convertido en un sistema
judicial prostituido y corrupto que no persigue otro objetivo que proteger y
amparar a delincuentes encumbrados.
Por si la
sentencia que inhabilitaba y apartaba de la jurisprudencia al juez Baltasar
Garzón (17/01/2012) no fue prueba suficiente del grado de corrupción al que
había llegado la justicia española, luego aparecieron el fallo judicial que
ampara el crimen cometido por el torero borracho Ortega Cano
(24.04.2013), la absolución del no menos corrupto ex presidente valenciano Jaume
Camps (08/04/2013), la puesta en libertad y rehabilitación del sheriff de
Coslada, el capo mafioso Ginés Jiménez, y la inhabilitación del juez Erpidio
Silva, por encarcelar a un ladrón protegido por la justicia española
gracias a su condición de presidente de una entidad bancaria. Y estos son sólo
la punta del iceberg de la corrupción judicial que domina España… ¿Qué ocurrirá
con la burda farsa que los jueces han montado para dejar limpia la imagen de la
ladrona infanta?
A la tuerca
de la indigna justicia española le han dado tantas vueltas que se ha pasado de
rosca. Ahora este abyecto sistema judicial no sujeta ya nada: ni la corrupción
institucional generalizada, ni la complicidad de los magistrados con el crimen,
ni el irrefutable hecho de que los jueces de España trabajan a comisión para la
banca.
Todos los
beneficiados por esta abyecta complicidad judicial se creen seguros bajo las
sentencias que los absuelven de sus crímenes. Se basan para ello en el
principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. No
cuentan con que la revisión de sus sentencias reinstaurará la dignidad judicial
y permitirá que, tarde o temprano, los hoy absueltos por haber transgredido la
ley, vuelvan a ser juzgados
El
inevitable cambio político que se avecina en España traerá consigo la
implantación de un nuevo sistema judicial efectivo que inhabilitará y procesará
a todos los jueces que están colaborando, tanto con el crimen común, como con
el crimen político (el mismo que en España el gobierno de Rajoy está llevando a
cabo).
Ese nuevo
sistema se llamará justicia popular y estará basado en un principio severo -el
que la hace, la paga-, sin dejar opción alguna a que los condenados evadan su
responsabilidad penal con oportunas gratificaciones a los ilustrísimos
magistrados.
Como dicen
los creyentes: “Entonces llegará el crujir y rechinar de dientes” (Mateo
25:30). Los jueces que hoy nos juzgan, mañana serán ellos los juzgados.
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