El balance de 2013
se ha cerrado con un saldo negativo en derechos sociales, y las previsiones
para 2014 no resultan más optimistas. A continuación, se destacan algunos datos
que ofrecen diversos expertos en los artículos del número 123 de la revista PAPELES de
relaciones ecosociales y cambio global.
España
| Tercera Información | 10-01-2014 |
La
crisis del empleo
En
este año negro, España ha pasado de ser la “gran máquina de creación de empleo”
entre 1994-2007 -aportando el 30% del empleo generado en la UE-, a ser la gran
pesadilla, sumando el 80% del empleo destruido, según señala Rafael Muñoz de
Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca.
Sin
afirmar que los datos de empleo previos a la crisis fueran ideales, le sirven
para proponer un escenario hipotético: “suponiendo un crecimiento anual medio
del 2% del PIB, sin ganancias de productividad de forma que todo el crecimiento
se traduzca en crecimiento del empleo, dicha recuperación no se produciría
hasta 2024”, apunta.
Esta
crisis del empleo trae consigo el desmantelamiento del Estado de Bienestar, en
parte promovida por la gestión de la crisis que se hace desde la UE. Francisco
Rodríguez Ortiz, profesor de Economía de la Universidad de Deusto, prevé en su artículo, que la aplicación de reglas de
disciplina presupuestaria extrema conducirá a un nuevo modelo competitivo
basado en más restricciones de los derechos laborales, salariales y sociales de
los europeos.
La
sanidad y la educación como negocios
Un
desmantelamiento que puede observarse, por ejemplo, en los recortes en la
sanidad pública española: los presupuestos sanitarios de las CCAA han
disminuido un 14,6% de 2010 a 2013, en un país que se situaba tradicionalmente
en un bajo gasto sanitario público: 2.224,2 euros por habitante y año en 2011,
frente a 2.476,6 de promedio en Europa.
Esta
contrarreforma sanitaria, la ejemplifica Marciano Sánchez Bayle en cuatro
cuestiones fundamentales: los recortes y el deterioro del sistema sanitario
público, las privatizaciones, los copagos y el cambio de modelo sanitario
establecido por la Ley General de Sanidad. Médico y portavoz de la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, M. Sánchez concluye que
“estas medidas rompen con la accesibilidad de nuestro sistema de salud quedando
sus prestaciones hipotecadas a la capacidad económica de las personas”.
Asimismo,
la educación también se ha convertido en un negocio. Se le ha negado su
condición de derecho social y se la ha transformado en una posibilidad de
consumo individual, variable según el mérito y la capacidad de los consumidores
y consumidoras. “Las nociones de igualdad, emancipación y democracia han sido
remplazadas por un discurso de excelencia, autonomía financiera y reducción de
costes”, señala Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor y coordinador del Área
Federal de Educación de IU. También recuerda que con la última mayoría absoluta
el Gobierno del PP ha recortado 5.212 millones de euros en educación. Pero los
compromisos del Gobierno de España con Bruselas recortarán otros 10.000
millones hasta 2015, y reducirán el gasto público educativo al 3,9% del PIB que
nos retrotraerá a cifras superadas hace 25 años.
El
medioambiente y la cooperación en segundo plano
Hay
ciertos bienes comunes a los que no se les puede otorgar un precio y
comercializar con ellos, como es la naturaleza. Paco Segura, de Ecologistas en
Acción, reflexiona sobre la involución ambiental y el expolio de lo público al
detectar que se está eliminando de la normativa medioambiental los puntos de
fricción con determinadas actividades económicas.
Todo
ello, mientras los picos de inversión en nuevas infraestructuras de transporte
se han alcanzado, paradójicamente, durante la crisis: “En 2009 se invirtieron más
de 19.000 millones de euros. Esto obviamente ha restado recursos para
necesidades como las de carácter social”, señala el autor, y añade que en los
presupuestos para 2014, “se van a destinar al AVE unos 3.194 millones de euros,
frente a las 121 millones que irán para cercanías, a pesar de que diariamente
las utilizan 30 veces más personas que la alta velocidad”.
Estas
iniciativas del Gobierno incumplen en muchas ocasiones la legislación europea
en temas medioambientales. Y no es el único sector en el que España está
incurriendo en la ilegalidad internacional. En cooperación al desarrollo,
España está incumpliendo un acuerdo firmado en Naciones Unidas en 1995. Carlos
Gómez Gil, Doctor en Sociología de la Universidad de Alicante, señala que “el
colapso de la cooperación española no tiene una exclusiva motivación económica,
sino que hunde sus raíces en la falta de voluntad para impulsar una política de
solidaridad internacional que dé respuesta a los compromisos multilaterales que
España ha suscrito en esta materia”.
Estos
acuerdos, lejos de implicar un mayor gasto, pretenden asegurar un correcto uso
de unos recursos tan escasos como necesarios. La gestión de la cooperación se
ha vuelto cada vez más ineficiente, permitiendo que otros intereses, ajenos a
la lucha contra la pobreza y la satisfacción de necesidades básicas, pasen a un
primer plano.
En
conclusión, Santiago Álvarez, director de FUHEM Ecosocial (entidad editora de
la revista PAPELES), explica en la Introducción al número que esta gran
involución ha sido provocada por las élites económicas que han decidido no
hacer concesiones al bienestar, reorientando las políticas que promovían
elementos distributivos y protectores, al tiempo que se reprime la protesta
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