La
reforma del aborto admite la interrupción voluntaria del embarazo, pero impide
tomar esa decisión a la mujer embarazada, se la deniega un derecho que hasta
ahora tenía, tratándola de enferma.
nuevatribuna.es | Por Angela Alemany Rojo |
Expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themi | 03 Enero 2014 - 11:09 h.
En la Ley
anunciada la interrupción voluntaria del embarazo admite que se lleve a efecto,
pero impone tantas trabas a la mujer que toma esta decisión que va a hacer muy
difícil ejercer este derecho, llegando al límite de que para poder llevarlo a
cabo, debe ser declarada enferma, aunque no lo esté, y la sociedad tampoco
considere enfermas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Si nadie lo
remedia vamos a asistir en nuestro país a la privación de derechos
fundamentales. Actualmente la interrupción voluntaria del embarazo es legal y,
por lo tanto, la mujer tiene derecho a decidir sobre la misma. Si se aprueba
esta Ley, la mujer perderá este derecho hasta el punto de no ser considerada
capaz de tomar esa determinación y se criminalizarán conductas actualmente
legales, y al propio tiempo se despenalizarán determinados supuestos, lo que no
es coherente jurídicamente, ya que las conductas criminales se despenalizan
cuando las mismas están incluidas en el Código Penal y existen causas
extraordinarias de política criminal que lo aconsejan, pero en este caso,
partimos de una conducta legal, cuya criminalización es rechazada socialmente y
con esta reforma la legalidad del derecho no se mantiene.
Además,
cuando las mujeres opten por no mantener su embarazo, su decisión será sometida
a diversos periplos, que culminarán con que dos médicos expertos la declaren
enferma y fijen si tiene derecho o no a decidir sobre si ser madre, cuándo
serlo y cuál es el momento más adecuado para ello.
Si a una
mujer embarazada se le priva de un derecho fundamental, como es la capacidad de
decisión, ¿no se le está privando de su condición de persona?, ¿no se le está
privando de la libertad de planificar su propia vida en torno a la maternidad,
si previamente no obtiene el permiso de unos médicos que tienen que declararla
enferma?
Esta Ley
admite la interrupción voluntaria del embarazo, pero impide tomar esa decisión
a la mujer embarazada, se la deniega un derecho que hasta ahora tenía,
tratándola de enferma. Sin embargo, se considera que son otras personas las que
sí pueden adoptar la medida por ella. Me pregunto cómo es posible que se
permita a una persona ajena a la propia mujer embarazada tomar una
determinación que afecta decisivamente a su vida, cuando es ella la que de
verdad conoce sus capacidades, sus circunstancias, sus fuerzas y sus
limitaciones a la hora de afrontar algo tan importante como es la
maternidad.
Las mujeres
hemos ido conquistando derechos, derechos que hace unas décadas no hubiéramos
podido soñar. Estamos mucho más presentes en puestos de relevancia social
económica y política y debemos de ser capaces, desde donde estemos, de hacer
comprender que no tenemos ningún menoscabo de nuestra salud psíquica para tomar
una decisión que compromete nuestras vidas, que somos capaces por nosotras
mismas de meditar y determinar sobre algo tan importante en la vida de
cualquier mujer, como es la maternidad y que esta decisión sólo
corresponde a la propia mujer. Hay que hacer entender que no hay necesidad de
traspasar esa decisión a otros para que diagnostiquen que estamos enfermas, en
un asunto de tal transcendencia.
Las mujeres
somos capaces de decidir sobre nuestros propios actos y un derecho fundamental
básico es el derecho a decidir libre y responsablemente sobre el número de
hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de
los medios para tomar dicha determinación. Este derecho incluye el derecho a
adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación,
coacción o violencia. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye
uno de los asuntos más íntimos y personales que se afrontan en la vida,
considerando que pertenece al ámbito de la autodeterminación individual. Los
poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones,
pero tienen la obligación de establecer las condiciones para que éstas se
adopten de forma libre y responsable y ello implica no tratar a las mujeres
como enfermas.
Actualmente
la mujer, que se somete a una interrupción voluntaria de su embarazo, tiene
garantizado el respeto a todos sus derechos y a poder adoptar dicha decisión de
forma libre y meditada, con unas pautas y límites concretos. En ningún caso se
fomenta la realización del mismo. Se garantiza como un derecho en el marco de
la autodeterminación de las mujeres.
Todos
deseamos que el Estado aplique las medidas de prevención, difusión e
información en materia de educación sexual, de forma eficaz, para lograr reducir
el número de embarazos no deseados. Esto conllevará, la disminución de la
cifra de abortos en España, objetivo que debería inspirar la política de
nuestros gobernantes, además se garantizará que el acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo se realice, en unas condiciones que no
ofrezcan riesgo para la vida o integridad física de las mujeres.
Una mujer
tiene que tener capacidad para forjar su propio destino conforme a sus
imperativos éticos y al lugar que desea mantener en la sociedad y por
ello, la decisión de interrumpir o mantener su embarazo es una decisión que
compete exclusivamente a la mujer, por ello, desde allí donde estemos,
debemos conseguir que se nos oiga y si es preciso gritar que las mujeres somos
capaces de tomar una decisión y no somos enfermas.
Por Angela
Alemany Rojo | Abogada | Expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas
Themis
Fuente: www.nuevatribuna.es
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