LA CRISIS COMO FORMA DE VIDA

José M. Roca | Escritor

nuevatribuna.es | 24 Enero 2014 - 15:04 h.

El triunfal discurso del Gobierno sobre la recuperación señala un luminoso pero vago horizonte, al que, si aceptamos los nuevos sacrificios que desde Europa nos piden con urgencia, pronto llegaremos, y las cosas volverán a ser como antes. Pero es una mentira descarada, una falacia, pues, con los hechos, el Gobierno está haciendo todo lo posible para que eso, precisamente eso, no suceda.

Así que no volveremos a la situación previa al inicio de la crisis, a la casilla de salida, pues la partida sigue con los mismos tahúres y con las cartas todavía más marcadas.

Ante la crisis, la disyuntiva era depreciar la moneda o depreciar la sociedad. Como la moneda no se podía depreciar -no es nuestra, la usamos pero son otros sobre los que deciden sobre su valor-, se optó por depreciar la sociedad, lo cual exige recomponer la relación de fuerzas sociales a favor del capital y en detrimento del trabajo. Es decir, utilizar las aparentes medidas coyunturales contra la crisis para reorganizar el sistema económico a favor del poder de los empresarios, en particular de los grandes y de los oligopolios, y en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, los autónomos y los asalariados.

El objetivo del Gobierno no es sacar al país de la crisis, sino que salgan de ella quienes deben salir -y que nunca entraron-, pero mantener en situación de emergencia a las clases subalternas, en particular a los estratos medio y bajo de la clase media y a los trabajadores. Es decir, a través de las medidas exigidas por la devaluación competitiva (Estado social mínimo, impuestos altos, paro extenso, empleo escaso, precario y mal pagado) y de una legislación de excepción dentro y fuera de las empresas, convertir la crisis en una forma de vida permanente para la mayor parte de la población.

Desde 2010, las millonarias sumas de dinero público para sanear bancos y cajas de ahorros, las contrarreformas laborales, el empeoramiento del sistema de pensiones, la rebaja de salarios y prestaciones por desempleo, los recortes sucesivos en educación, sanidad, dependencia y demás servicios públicos, las privatizaciones, la corrupción (otra forma de llevar dinero público a bolsillos privados) y la pérdida de derechos civiles y sociales han pretendido rebajar drásticamente el nivel de vida de gran parte de la población y quitar poder de decisión y expectativas a los ciudadanos, para que se cumpla la profecía thatcheriana de que no hay alternativa.

En esta remodelación, que lleva a una sociedad más desigual y a un Estado confesional y menos democrático, efectuada al amparo de lo que parece ser sólo una reforma del mercado, no hay que perder vista los motivos ideológicos del Partido Popular, como heredero político del franquismo, que animan la vieja desconfianza hacia los derechos civiles y la secular animadversión de las élites españolas hacia las clases subalternas -¡que se jodan!-, culpables, ahora, de haber votado a partidos de izquierda por moderados que fueren, y con ello haber mantenido a la derecha alejada del poder del Estado, que, por derecho de conquista, cree que le pertenece para siempre.

Los ricos se han hecho más ricos, pero España como país es más pobre, y los niveles de pobreza a los que hemos llegado no son fáciles de remontar. Pero tampoco es lo que el gobierno pretende. Su modelo es la España escindida; por un lado las rentas altas, que se benefician del desequilibrado modo de  repartir la riqueza y de un sistema tributario a su medida, y por otro, una gran masa de ciudadanos obligados por el trabajo precario, los salarios bajos, malos servicios públicos, que apechugan con impuestos directos e indirectos y viven con miedo a perder el empleo, la casa, el consumo, y con miedo, además, a protestar, porque para eso se han abolido derechos y se han endurecido las leyes, como garantía del orden público y laboral.

El Gobierno pretende instalarnos en la crisis permanente, en una situación de excepción continua, en la inestabilidad estable, en la que el trabajo precario suponga también una vida en precario, que obligue a la población asalariada a resignarse y a estar dispuesta a dejarse explotar sin defenderse, impunemente, aceptando cualquier empleo, en cualquier lugar, por cualquier salario y con cualquier horario; es decir, intentar que los trabajadores estén siempre a disposición de lo que exijan las necesidades del capital. Y esta situación no es un accidente, ni una etapa pasajera, sino el efecto de la apuesta a largo plazo de la derecha neoliberal española para asegurarse el disfrute del poder durante largo tiempo, a costa de subordinar España como país de servicios en la remodelación de la eurozona, que se efectúa bajo la hegemonía de la derecha neoliberal alemana.

Fuente: www.nuevatribuna.es