Cualquier ciudadano
en la posición de la Infanta habría sido imputado desde hace meses
Me figuro que la fundamentación del
recurso del ministerio fiscal contra el primer auto de imputación de la Infanta
produciría sorpresa, cuando no irritación. En su opinión, el juez con dicho
auto habría vulnerado el principio de igualdad ante la ley, ya que, con los
indicios existentes, no habría sido imputada ninguna otra ciudadana que no
fuera ella. El auto debía ser anulado, en consecuencia, por discriminatorio.
Más irritación habrá producido ver
reproducido el argumento en el escrito de alegaciones de Miquel Roca en el
trámite de audiencia concedido por el Juez Castro al ministerio fiscal y las
partes para que se pronuncien “acerca de la hipotética citación de Cristina de
Borbón para comparecer a declarar en la condición de imputada”. En la
“alegación preliminar” del escrito, reproducido en EL PAÍS (edición digital, 10
de enero), se dice: “No consta el menor indicio de que S. A. R. pueda haber
llevado a cabo ninguna conducta con relevancia penal que justifique la
imputación”. En consecuencia, “dicha hipotética citación tendría lugar solo por
ser Dña. Cristina quien es...”.
Resulta incomprensible que una
persona con formación jurídica y con conocimiento práctico del trámite de
imputación en nuestro país, como es sin duda el fiscal, y otra que, además de
formación jurídica y conocimiento práctico, tiene una trayectoria política de
las más acreditadas, como es el caso de Miquel Roca, hayan podido argumentar de
esta manera.
Es un insulto a la ciudadanía, pues
a nadie se le oculta que cualquier ciudadano que se encontrara en la posición
de la Infanta habría sido imputado desde hace meses. No hubiera sido preciso
para ello un auto de imputación en abril, insólito por su extensión de 18
folios, ni un insólito recurso contra el mismo por el ministerio fiscal, ni una
insólita sentencia de la Audiencia de Palma parcialmente estimatoria del
recurso, ni un nuevo auto de 227 páginas, tras un insólito trámite de
audiencia... La Infanta no está todavía imputada por ser quien es, y no a la
inversa.
Lo que más me sorprende en todo
este asunto es que ni la Casa del Rey ni el Gobierno hayan reparado en que la
estrategia de defensa de la Infanta está haciendo un daño de difícil reparación
a la Monarquía. Si la defensa de un miembro de la familia real exige aceptar un
anómalo funcionamiento de la Administración de justicia y una pérdida de
imparcialidad del ministerio fiscal y de la Agencia Tributaria, es mejor no
tener Monarquía.
Para cualquier sociedad democrática
ese coste es inasumible. La Casa del Rey no puede pretender que la sociedad
española se falte el respeto a sí misma con la finalidad de eximir de una
posible responsabilidad penal a uno de sus miembros. Acepten ustedes un
funcionamiento desviado de instituciones y procesos esenciales en todo Estado
de derecho digno de tal nombre con tal de que la Infanta no sea siquiera
imputada. Este es el mensaje, que contiene implícitamente un chantaje.
El Gobierno tiene la obligación,
por imperativo constitucional, de hacérselo saber al Rey. El Gobierno no es
responsable del funcionamiento del poder judicial, pero sí del ministerio
fiscal y de la Agencia Tributaria, y no puede consentir un ejercicio desviado
del poder por estas instituciones.
Lo que está en juego no es la
imputación o no de la Infanta, sino si España es o no un Estado social y
democrático de derecho, como dice el Preámbulo de la Constitución.
Fuente: www.elpais.com
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