¿El régimen nacido de la
"Transición" al pie de los caballos?
Miércoles, 8 de enero
de 2014
A.R.Suárez / Canarias Semanal
El juez José Castro ha citado como imputada a Cristina de Borbón por
presunta culpable de un delito fiscal y blanqueo de capitales. Castro
sostiene que la hija del monarca participó, con la contribución de su
marido, Iñaki Urdangarin, en una estrategia contable orientada a
conseguir beneficios indetectables para la Hacienda pública a través de la
empresa Aizoon SL, cuya propiedad comparten ambos al 50%. El magistrado
ha citado a la princesa para el próximo 8 de marzo. Curiosamente, la fecha en
la que se celebra el día de la mujer trabajadora.
El juez
Castro ha indicado en su relato cómo la empresa Aizoon pasó a tener un
remanente de 151 euros en 2003 a acumular 953.323 euros en 2009 gracias a que
jamás repartió dividendos. El juez indica que ha reclamado la declaración
de la infanta como haría con cualquiera en circunstancias similares.
Resultaría inaceptable -dice- adoptar precauciones especiales por tratarse
de la hija del rey.
En los medios tanto
jurídicos como periodísticos se especula con cuál va ser ahora la actitud de la
fiscalía, que paradójicamente al papel que le correspondía haber jugado, se ha
venido oponiendo a la imputación de la hija del rey. Tales interferencias se
han atribuido en los más diversos ámbitos a las presiones tanto del Ejecutivo
de Rajoy como a las presiones de la misma Casa Real.
UNA EMPRESA OPACA, CON FINES TRANSPARENTES
PERO OCULTOS
En
su argumentario el juez relata que de haber distribuido beneficios alguna vez,
sus titulares, Iñaki Urdangarin y la infanta, habrían visto incrementada
su cuota en la declaración de IRPF. Optaron, sin embargo, por la vía de
camuflar el reparto de beneficios como gastos de la empresa que en realidad
eran estrictamente personales, desde la reforma del palacete de Pedralbes a
numerosos viajes privados y saraos familiares. De acuerdo con la reflexión del
juez, la empresa Aizoon tenía perfecto derecho a no repartir
dividendos entre sus dos únicos socios. Sin embargo, advierte el magistrado, "lo
que no es permisible es llevar a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco de
dividendos sobre la base de disposición de fondos de Aizoon SL para
atender gastos estrictamente personales".
Esa maniobra, concluye el juez, posee "un doble efecto fiscal
defraudatorio". Cada conyuge pagó menos en su declaración de IRPF
y también abonó menos impuestos de sociedades Aizoon SL, al computar
gastos ficticios. Entre estos, Castro incluye los 69.990 euros de
facturas cruzadas con sociedades de Diego Torres y que Hacienda sí
computa a efectos de gastos deducibles para Aizoon en 2007. De no
haberlos computado la Agencia Tributaria, con la que el juez exhibe su abierto
desacuerdo, el fraude de la sociedad habría superado ese año los 120.000
euros, umbral a partir del cual se considera que hay delito fiscal.
BLESA, UN REIMPUTADO QUE HACE ESTREMECER AL
RÉGIMEN MONÁRQUICO
Por otra
parte, las noticias sobre las imputaciones a miembros del establishment
de la monarquía juancarlista parecen no venir solas. El magistrado que
sustituyó al juez Elpidio Silva, Juan Antonio Toro, ha decidido darle
continuidad a la investigación que ya había sido iniciada por este, en relación
con la compra del banco estadounidense City National Bank. Como
consecuencia de ello, ha citado como imputado para el próximo 24 de enero a
Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, por estimar que está
relacionado con un delito de administración social fraudulenta y otro de abuso
de posición dominante.
Como los lectores recordarán, Caja Madrid adquirió hace seis años
por la cantidad de 867 millones de euros el City National Bank
of Florida. Miguel Blesa, con la finalidad de eludir la necesaria
autorización de la Comunidad de Madrid, había procedido a la división en dos
fases de esa operación . Por algún motivo, que todavía oficialmente se
desconoce, el expresidente de Caja Madrid se empeñó en que esta
operación se realizase, cuando ya se había producido la crisis sin
precedentes de las denominadas "hipotecas basura" en USA.
De acuerdo con un informe emitido por el Banco de España, Blesa pagó un
sobreprecio por la compra del banco norteamericano del 100%. Asimismo,
instancias oficiales de la administración estadounidense habían
certificado que el control de riesgos del Banco de Florida era negativo,
por lo que Caja Madrid debió aportar una compensación de 200 millones de
dólares para sanear sus cuentas.
El empeño del juez Elpidio José Silva por proceder a una
investigación exhaustiva de la administración de Caja Madrid provocó que
instancias superiores de la judicatura le retiraran del caso. No obstante,
Silva respondió que pese a la decisión del tribunal superior de Madrid no
estaba dispuesto a callar. Advirtió además en diversas ocasiones en medios
públicos que ni los poderes económicos ni la casta política que representa sus
intereses, iban a lograr enmudecerlo. El magistrado avisó que si revelara los
detalles resultantes de su investigación sobre los negocios del expresidente de
Caja Madrid, Miguel Blesa, se produciría una situación
"institucionalmente insostenible". Ello estremeció a importantes
sectores de la institucionalidad política y judicial.
El juez Silva se reafirmó en su criterio de que el banquero amigo de
Aznar y de determinados sindicatos institucionales, - CCOO y UGT-
"nunca debió haber quedado en libertad", ya que su salida de
prisión podia haber provocado una "enorme y espectacular"
liquidación de pruebas para el esclarecimiento de responsabilidades judiciales.
Ahora falta por saber si a estas alturas todas
las pruebas a las que se refería Silva no han terminado volatilizandose, y de
si el nuevo juez instructor de la causa,Juan Antonio Toro, está
dispuesto o no a llevar la investigación a sus últimas consecuencias.
Ello podremos constatarlo en el curso de los próximos meses.
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