Al pensar en la manzana de la discordia de
Cataluña, tirar de la soga de reformas que creen instituciones imparciales para
simplificar el sistema de transferencias ayudaría a salir juntos de los
problemas territoriales
EVA VÁZQUEZ
Como definir
adecuadamente un problema es la mejor manera de encontrar una solución, hemos
de preguntarnos cómo se está definiendo el conflicto Cataluña-España. Creo que
predominan dos definiciones del problema que bloquean hipotéticas soluciones
por su naturaleza de juego de suma negativa. Es decir, la ganancia de unos (los
partidarios de la identidad española, los que, con Rajoy, creen que España es
la nación más vieja de Europa y que conforma una comunidad política
indivisible) se entiende como una pérdida irremediable para otros (los que se
sienten identificados con la idea de una nación catalana con más de mil años de
historia).
La primera
definición dominante es que se trata de un conflicto de competencias. De acuerdo
con esta perspectiva, la manzana de la discordia entre España y Cataluña es qué
políticas quedan en manos del Estado y cuáles en manos de Cataluña. Un bocado,
o una competencia, que muerde la Generalitat es un bocado de menos para España
y viceversa. Visto el problema con este prisma, cualquier avance en el
autogobierno catalán —ya sea el goteo de transferencias de competencias desde
el Estado a Cataluña que hemos visto durante las últimas décadas o bien
hipotéticas fórmulas futuras confederales— se interpreta como un debilitamiento
de la comunidad política hispana. Cada acción genera una reacción en el otro
bando —como propuestas recentralizadoras— y así sucesivamente, en una espiral
de polarización y enconamiento.
La segunda
definición es que estamos delante de un conflicto económico. La manzana de la
discordia es el dinero. Los catalanes desean quedarse con un porcentaje mayor
de la riqueza que producen. Para los situados en el extremo nacionalista, con
todo. Esta definición ha alimentado una progresiva descentralización del gasto
público desde la transición. Sin resolver el problema. Al contrario, el
conflicto ha ido a más, porque, al hacerse en muchos pasos, pequeños, pero
constantes, ha provocado una permanente cadena de acción-reacción entre Cataluña
y otros territorios.
Es muy complicado
cambiar las percepciones sociales de injusticia por las que nos movemos
Ya hablemos
de competencias o dinero, el conflicto ha ido, durante décadas, perfilándose
como un juego de suma cero: una soga en la que si unos tiran en una dirección,
los otros se ven obligados a tirar más fuerte para no perder su sitio. Con
algunas honrosas excepciones, como el artículo No hay que esperar al choque
de trenes (EL PAÍS, 18-12-2013) en el que Lluís Bassets criticaba las
lecturas basadas en la “suma cero”, la definición del conflicto como una lucha
por recursos escasos es más visible que nunca en la actualidad. Un ejemplo es
la proliferación de metáforas deportivas o incluso bélicas. Que si unos
“mueven” o “atacan” primero, que si los otros se dedican a “defender”,
etcétera.
Creo que una
definición más productiva del conflicto entre Cataluña y España es que nos
hallamos frente a un problema de percepción de injusticia o de parcialidad. Lo
que incomoda a los catalanes no es tanto transferir X renta al Estado o gozar
de Y competencias propias como la percepción de que esas transferencias o
competencias no están gestionadas de forma justa o imparcial. Existe una amplia
percepción de que el Estado permite o promueve gastos improductivos —en
autopistas y trenes a ninguna parte o en subsidios sin contrapartida— en otros
territorios. De forma simétrica, en el frente opuesto existe la percepción de
que Cataluña desvía las transferencias del Estado a gastos superfluos, a
embajadas en lugar de ambulancias. En ambos existe la percepción de que las
instituciones de los otros actúan de forma parcial, beneficiando a intereses
políticos específicos. Así, si en otros países son colectivos como determinadas
minorías raciales los que se sienten discriminados por las instituciones
públicas, en España tenemos grupos sociales territorializados.
Romper
percepciones sociales de injusticia, parcialidad o discriminación es
extremadamente complicado. Estén fundadas objetivamente o no. Eso importa poco:
los humanos nos movemos por percepciones. Los políticos no pueden de forma
sencilla “manipular” esas percepciones. No son, de hecho, sus acciones las que
nos han llevado aquí. La estrategia de Artur Mas y la recogida de firmas en
contra del Estatut —por citar las acciones políticas más criticadas por la
derecha y la izquierda, respectivamente— no son tanto causas como consecuencias
de un malestar social latente, que se ha cocinado durante mucho tiempo. Tampoco
observo inacción política, la tan manida “incomparecencia” del Estado. Ha
habido un arsenal de propuestas y cambios en el Estado de las autonomías. Los
políticos llevan de hecho tantas décadas inyectando medicamentos de todo tipo
al paciente que se han olvidado de diagnosticar la causa de su malestar.
No podemos ayudar a
la sociedad sin entender primero las
causas verdaderas de su malestar
Cambiar la
percepción de que tu colectivo (territorio, en este caso) es injustamente
tratado requiere grandes dosis de imaginación y propuestas atrevidas. Y, para
comenzar, las reformas necesarias para socavar la percepción de injusticias
territoriales pueden consistir más en quitar que en añadir instituciones,
porque la percepción de injusticia se alimenta con el exceso de regulaciones y
procedimientos. Simplificar el farragoso sistema de transferencias entre
Administraciones que tenemos, cuya complejidad abre incontables oportunidades
para denunciar injusticias territoriales (reales o ficticias), podría ser un
lugar para empezar. Y la percepción de injusticia se ahoga con la
transparencia, con lo que cualquier propuesta federal debe ser cristalina sobre
quién es responsable de qué. Hoy es imposible saberlo para el ciudadano medio.
No es una
empresa fácil y requerirá del concurso de unos nuevos padres fundadores —y
espero que en esta ocasión de muchas madres fundadoras—. Pero ver el conflicto
Cataluña-España como un problema de justicia tiene una ventaja sobre las
definiciones predominantes: no estamos delante de un juego de suma cero, sino
de un juego de suma positiva. Cualquier movimiento de unas instituciones
percibidas como injustas territorialmente a otras vistas como más imparciales
será beneficioso tanto para “españoles” como para “catalanes”. Vamos, que si se
pusieran a tirar de la soga, los dos bandos podrían salir juntos de la
situación. Aunque para ello antes tienen que darse cuenta de que esa soga de
reformas encaminadas a crear instituciones imparciales existe.
A mi
entender, el debate intelectual en este conflicto ha estado, hasta el momento,
demasiado dominado por juristas (sobre todo en Madrid) y por economistas (sobre
todo en Barcelona). La obsesión por la regulación de unos y por las balanzas
fiscales de los otros ha impedido que se discuta la sensación de injusticia
territorial —una percepción muy extendida en toda la Península—. Al baile de
tecnicismos jurídicos y datos económicos que se disparan desde Madrid y
Barcelona deberíamos añadir urgentemente una discusión de teoría política sobre
qué es justo o imparcial desde un punto de vista territorial.
Y, antes que
nada, hay que lanzarse a preguntar a la sociedad. Tenemos una sobresaturación
de encuestas sobre las preferencias institucionales de los ciudadanos (como
independencia, federalismo, recentralización) y sus sentimientos de pertenencia
a una comunidad. Pero muy pocas investigaciones sociológicas o antropológicas
sobre las razones de la “desazón territorial” que les lleva a tener esos
sentimientos o preferencias.
No podemos
ayudarles sin entender primero las causas verdaderas de su malestar.
Víctor Lapuente Giné es profesor en el Instituto para la
Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.
Fuente: www.elpais.com
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