La
Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales, de la que
forman parte muchos parlamentarios de distinto signo político que participaron
en la Transición, ha aprobado sus propias recetas para atajar la creciente
desafección ciudadana hacia los políticos.
nuevatribuna.es | 01 Diciembre 2013 - 16:55 h.
La
Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales, de la que
forman parte muchos parlamentarios de distinto signo político que participaron
en la Transición, ha aprobado sus propias recetas para atajar la creciente
desafección ciudadana hacia los políticos y, entre otras cosas, propone suprimir
el aforamiento de los cargos públicos, un mayor control de su patrimonio,
aumentar la democracia interna de los partidos y endurecer las penas por
delitos relacionados con la financiación irregular.
La eliminación
del aforamiento del que disfrutan los diputados, senadores y parlamentarios
autonómicos, aparece en los dos textos aprobados por la asociación en su última
Asamblea General, a los que ha tenido acceso Europa Press.
En su
análisis sobre las causas que han motivado el alejamiento entre representantes
y representados, los exparlamentarios se muestran muy duros con quienes les han
sucedido en los escaños. Les acusan, entre otras cosas, de "reaccionar
tarde a los problemas", y ponen como ejemplo el tema de los desahucios,
de querer servir a sus "jefes" más que a los ciudadanos, y de
sucumbir ante poderes económicos, religiosos o mediáticos.
NO AHOGAR
CON CAMBIOS COSMÉTICOS LAS DEMANDAS DEL 15M
Desde su
punto de vista, los partidos deberían "dar cauce" a las "ideas
renovadoras" que defienden los movimientos ciudadanos surgidos al calor de
la crisis y "no ahogarlas" haciendo meros "cambios
cosméticos". Están convencidos de que la solución a esta visión negativa
que los ciudadanos tienen de los partidos pasa por su democratización
interna.
En este contexto,
abogan por las primarias abiertas dentro de las organizaciones
políticas, la limitación de mandatos, la aplicación de principios de
transparencia reales y no como "reclamo verbal" -publicitando, por
ejemplo, el sueldo de los dirigentes- y una "nueva Ley de partidos y de
su financiación".
En el plano
parlamentario, plantean reformar el Senado, un sistema electoral que
propicie una mayor cercanía entre electores y elegidos, que se legisle sobre
"problemas reales y cotidianos, sin debatir en clave de marketing buscando
titulares", y abrir nuevas vías a la participación ciudadana. En este
punto, piden fomentar las iniciativas legislativas populares y flexibilizar
la convocatoria de referendos también en el ámbito autonómico y local,
siguiendo el modelo suizo.
SUSPENSIÓN
CAUTELAR DE MILITANCIA DE IMPUTADOS
En materia
judicial, proclaman la necesidad de "despolitizar la Justicia en los
nombramientos", suprimir los aforamientos de cargos públicos,
que se expulse de los partidos a los condenados en sentencia firme y se
suspenda cautelarmente a los imputados.
Otra de sus
propuestas para recuperar la confianza ciudadana consiste en la búsqueda de
pactos de Estado sobre los "grandes temas" y, ahí enmarcan una
propuesta de reforma constitucional para blindar la financiación pública de
servicios básicos como Sanidad y Educación.
"Sería
altamente positivo que, del mismo modo que se introdujo en la Constitución una
limitación al endeudamiento de las administraciones públicas, sugerido por
Bruselas, se incluyera el principio de suficiencia del sistema tributario
para atender las obligaciones sociales del Estado (educación, sanidad,
desempleo, jubilación, etc) y una adecuada financiación de las distintas
administraciones", reza el texto coordinado por la exdiputada socialdemócrata
(primero de UCD y después del PSOE) Carmela García-Moreno.
LEY ORGÁNICA DE LA CORONA
Por otra
parte, los exparlamentarios encargaron al socialista Leopoldo Torres, ex
fiscal general del Estado, un documento "sobre la centralidad de las
Cortes Generales en el sistema político español". Y aquí también recogen
varias propuestas de reforma constitucional para incorporar los derechos
fundamentales de última generación, limitar el aforamiento a los delitos
relacionados con la función política, y dotar de una financiación
"suficiente, equitativa y solidaria" a las comunidades autónomas.
Respecto a
la cuestión territorial, piden "soluciones inteligentes" adoptadas en
el Parlamento mediante un acuerdo negociado ampliamente mayoritario que siga
los mecanismos de reforma que recoge la propia Constitución, incluido el
referéndum de toda la Nación. Eso sí, descartan "la falsa opción del
derecho a decidir".
Asimismo,
reclaman una Ley Orgánica de la Corona que defina el estatus de los
miembros de la Familia Real, la estructura de la Casa del Rey y el régimen del
personal a su servicio.
MAGISTRADOS
VITALICIOS DEL TC
También
subrayan la oportunidad de reformar el Reglamento del Congreso y el Senado
para dar la facultad a los parlamentarios de defender enmiendas de manera
individual y no obligatoriamente con sus grupos, que las peticiones de
comparecencia de autoridades que sean solicitadas por un "número
significativo" de grupos de la oposición tengan que celebrarse
obligatoriamente y medidas "más eficaces" para el control del
patrimonio de sus señorías, los altos cargos y los de los órganos
constitucionales.
En cuanto al
Tribunal Constitucional, proponen reforzar las incompatibilidades de los
magistrados respecto de su pertenencia a partidos políticos, la elección vitalicia
de sus miembros hasta los 75 años y una presidencia rotatoria.
Una
reforma del Tribunal de Cuentas para que cuente con más medios para
fiscalizar más rápido las cuentas de los partidos y pueda denunciar
infracciones constitutivas de delito, y otra de la Ley de Indulto para obligar
a su motivación, que ésta sea refrendada por la Comisión Constitucional del
Congreso y que no se pueda aplicar a condenados por corrupción, completan este
catálogo de propuestas.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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