Viernes 06 de diciembre de 2013
"En el día de hoy,
cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus
últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.” Con estas
palabras oficialmente terminaba la guerra, pero como es habitual en la derecha
de este país, fue otra de sus muchas mentiras, la guerra de trincheras del
pueblo español contra las potencias fascistas europeas si termino ese día. Con
el fin de la guerra no llego la paz.
Tras ese “fin de la
guerra,” los muertos, diversas fuentes cifran en más 400.000, de ellas 192.000
en los diversos campos de concentración repartidos por nuestra geografía, a
diferencia de los nazis, aquí el método era más tradicional, fusilamiento,
situación que se prolongó hasta terminada la Segunda Guerra. Hubo
ajusticiamientos "legales", en cumplimiento de sentencias dictadas
por tribunales militares pero también hubo asesinatos ilegales, las llamadas
sacas, practicadas al margen de las autoridades militares, pero con el pleno
conocimiento de que se estaban llevando a cabo. Muchas de las víctimas fueron
enterradas en fosas comunes repartidas por toda España, no siempre en los
cementerios, sin que su muerte fuese inscrita en los registros civiles y sin
que sus familiares en muchos casos fuesen informados, ni dónde ni cuándo ni
cómo.
También hubo desapariciones
misteriosas nunca aclaradas, presos hacinados en las cárceles, algunos de ellos
por haber sido denunciados sin juicio previo y sin habeas corpus. La cultura
dejo de escribirse con mayúsculas, poetas fusilados, o encarcelados y dejados
morir a propósito.
La posguerra fue mucho peor
que la guerra para una parte muy importante de españoles, unos tuvieron tiempo
de salir hacía otros países, muchos de ellos terminaron en campo de exterminio
nazis, ante el abandono por parte de la dictadura franquista, que al ser
consultada, por los nazis, sobre que hacían con los españoles residentes en
España, el Gobierno del “padrino” de su católica majestad, replicó que no
existían españoles allende las fronteras. Otros lograron enrolarse en la
resistencia francesa, otros marcharon a México, Argentina, Venezuela, o la
Unión Soviética, con distintas suerte según los casos y países. Para ninguno
termino la guerra.
Hoy en día, la dictadura
perdura disfrazada bajo el manto de la falsa transición.
LOS SUCESOS DE VITORIA
Lo ocurrido aquel 3 de
marzo de 1976 en Vitoria pasará a la historia como uno de los
mayores actos represivos acaecidos durante la Transición Española.
Dentro del marco de
reivindicaciones laborales y políticas que sacudían la España del
momento, en Vitoria, miles de trabajadores iniciaban en enero de 1976 una
huelga en contra del decreto de topes salariales y por mejores condiciones de
trabajo. El 3 de marzo, con un masivo seguimiento, tenía lugar en la ciudad la
tercera huelga general consecutiva. La respuesta policial fue intervenir la
asamblea de trabajadores que se celebraba en la Iglesia San
Francisco de Vitoria. Tras llamar al desalojo y sin dar tiempo al mismo,
se lanzaron contra los trabajadores gases lacrimógenos dentro de la iglesia.
Esta acción produjo la estampida de los manifestantes que fue respondida con
cargas policiales, disparos de pistola y ráfagas de metralleta.
Aquel día 3 de marzo de 1976, en Vitoria, la
represión policial ocasionó la muerte de 5 manifestantes y más de 150
sufrieron heridas de bala. Los autores y responsables de aquella matanza nunca
fueron condenados ni las víctimas suficientemente reconocidas. La matanza no fue
el principio del fin de la represión sino momento álgido de una realidad en la
que trabajadores siguieron muriendo en las calles, que el entonces
Ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, consideraba suyas.
LA FALSA TRANSICIÓN
ESPAÑOLA: DESMONTANDO EL MITO
El Rey confirmó en su
puesto al Presidente del Gobierno del régimen franquista, Carlos
Arias Navarro. No obstante, pronto se manifestaría la dificultad de llevar a
cabo reformas políticas bajo su Gobierno, lo que produciría un distanciamiento
cada vez mayor entre Arias Navarro y Juan Carlos I. Finalmente el Presidente
del Gobierno presentó su dimisión al rey el día 1 de
julio de 1976. Arias Navarro sería sucedido en el cargo
por Adolfo Suárez, quien se encargaría de entablar las conversaciones con
los principales líderes de los diferentes partidos políticos y
fuerzas sociales, más o menos legales o toleradas, de cara a instaurar un
régimen democrático en España.
El camino utilizado fue la
elaboración de una nueva Ley Fundamental, la octava, la Ley para la
Reforma Política que, no sin tensiones, fue finalmente aprobada por las
Cortes y sometida a referéndum el día 15 de diciembre de
1976. Como consecuencia de su aprobación por el pueblo español, esta ley se
promulgó el 4 de enero de 1977. Esta norma contenía la
derogación tácita del sistema político franquista en sólo cinco artículos y una
convocatoria de elecciones democráticas.
Estas elecciones se
celebraron finalmente el día 15 de junio de 1977. Eran las primeras
elecciones democráticas desde la Guerra. La coalición Unión de Centro
Democrático resultó la candidatura más votada aunque no alcanzó la mayoría
absoluta y fue la encargada de formar gobierno. A partir de ese momento comenzó
el proceso de construcción de la Democracia en España y de la redacción de una
nueva constitución.
El 6 de
diciembre de 1978 se aprobó en referéndum la Constitución Española,
entrando en vigor el 29 de diciembre.
A principios
de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido al distanciamiento con el Rey y
a las presiones internas de su partido. Durante la celebración de la votación
en el Congreso de los Diputados para elegir como sucesor
a Leopoldo Calvo-Sotelo se produjo el golpe de
Estado dirigido por Antonio Tejero, Alfonso Armada y Jaime
Milans del Bosch, entre otros. El golpe, conocido como 23-F,
fracasó.
LA LEGALIZACIÓN DEL PCE: EL
PARTIDO COMUNISTA ENTRE LAS CUERDAS
En diciembre de 1975 el
rey Juan Carlos trasladó a Santiago Carrillo el mensaje de que pretendía democratizar
el régimen, pidiendo paciencia y el fin de los ataques a la Monarquía. El PCE,
que hasta entonces seguía impulsando una ruptura democrática, en el comité
ejecutivo de enero de 1976 dejaba ya a un
lado las críticas al rey y baja el nivel de ofensiva y movilización. En 1977 anuncia
en un viaje a EEUU que el PCE renunciará al Leninismo. Ese mismo año un sector
denominado Oposición de Izquierda (OPI), que había surgido tras el VIII
Congreso, abandona el PCE y adopta el nombre de Partido Comunista de los
Trabajadores (PCT).
El 24 de
enero de 1977 tuvo lugar lo que se conoce como la matanza
de Atocha de 1977: un comando de ultraderecha entró en un despacho de abogados en derecho
laboral de CCOO y el PCE en el centro de Madrid, asesinando a balazos
a cinco de ellos y dejando a otros cuatro heridos. Al entierro asistieron más
de cien mil personas y se convirtió en una multitudinaria manifestación, que
transcurrió sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de
solidaridad en todo el país, además de un paro general de trabajadores el día
después del atentado.
El 11 de
febrero de 1977 el PCE presenta la documentación para ser
incluido en el Registro de Asociaciones y el 9 de abril de ese mismo año el PCE es
legalizado, presentándose a las elecciones con Santiago Carrillo como
candidato. La militancia del interior, muy próxima a la realidad española y
representante de las posturas rupturistas con la dictadura, se veían como los
custodios del Partido hasta que los "históricos" exiliados pudieran
retornar, pero cuando así ocurrió, los exiliados retornados estaban
tremendamente apartados de la realidad española debido a su larga ausencia.
En 1978, en el IX
Congreso del PCE, primer Congreso que se celebraba
en España desde 1932, salió
reelegido Santiago Carrillo como secretario general, mientras
que Dolores Ibárruri saldría elegida como presidenta del partido. Las
divisiones que ya existían con anterioridad continuaron profundizándose cuando
el PCE dejó de considerarse marxista-leninista para pasar a definirse
como marxista revolucionario, por 965 votos frente a
248. Francisco Frutos, que luego sería secretario general del PCE, fue
quien defendió las tesis leninistas en Madrid, que en el PSUC catalán (donde él
militaba) eran mayoritarias. Además, se pasó de una estructura celular a una
territorial (rompiendo así con la estructura organizativa tradicional de los
partidos comunistas) y se consolidó el distanciamiento de la URSS y
el resto de países del Pacto de Varsovia, con el fin de otorgar un cierto
aperturismo a la organización y aumentar el apoyo electoral, hecho que dio
lugar a muchas convulsiones internas.
La legalización del PCE fue
una conmoción para los militares españoles, muchos de ellos
excombatientes en el bando nacional en la guerra civil y franquistas
en su inmensa mayoría. La cúpula militar se sintió engañada por el presidente
del gobierno Adolfo Suárez, dimitió el ministro de Marina, el almirante Gabriel
Pita da Veiga, y hubo ruido de sables en los cuarteles. Aquel malestar
acabaría estallando años después en el 23-F.
En medio de aquella tensión
y aquellos temores a un golpe militar, el PCE mostró una gran moderación,
colaboró con los reformistas encabezados por Suárez y aceptó grandes cesiones,
como su renuncia al republicanismo.
Está constatado que el
periodista José María Armero, un hombre clave en la transición, llamó a
Santiago Carrillo de parte de Adolfo Suárez cuando estaba reunido el Comité
Central del PCE. Carrillo se reunió con Armero en un local público cercano y
volvió al Comité Central con un escrito remitido por el propio presidente del
Gobierno en el que los comunistas aceptaban la Monarquía y su bandera.
Los comunistas se presentaron después públicamente en una rueda de
prensa exhibiendo la bandera bicolor. Gerardo Iglesias era entonces un
joven dirigente comunista asturiano y estaba entre los asistentes a aquel
histórico Comité Central. Cree que ahora hay que revisar la Transición y
aquellas decisiones impuestas por lo que entonces se denominaban “poderes
fácticos”.
Pero como recuerda Gerardo
Iglesias,” el PCE aceptó la monarquía bajo presiones militares”.
¿CUÁNDO SE LEGALIZARON LOS
PARTIDOS REPUBLICANOS?
Esta carta al diario el PAÍS
publicada el 3 de mayo de 1985 refleja claramente la marginación que sufrieron
los partidos republicanos. La reproduzco a continuación:
CARTAS AL DIRECTOR
La
marginación de los republicanos
En el número de ese periódico correspondiente al
sábado 27 de abril publicaban ustedes una carta de don Francisco Cuberos, de
Murcia, a quien no tengo el honor de conocer, a pesar de ser él y yo
republicanos, y de haber sido yo presidente de Acción Republicana Democrática
Española. Respecto del contenido de la carta del señor Cuberos me parece
oportuno añadir algunas precisiones.
1. No se
nos autorizó -a los republicanos- a concurrir a las elecciones de
1977. Persona autorizadísima del Gobierno de Arias Navarro nos había advertido,
oficial y solemnemente, que, si no quitábamos la R de Republicana de
la denominación del partido, éste no sería legalizado. Tal indicación se hizo,
en entrevista personal con el entonces presidente, don Francisco Giral, y el
siempre presidente, esté donde esté, don Régulo Martínez.
2. No hace falta un análisis
exhaustivo de la situación para comprender que en 1977 las candidaturas
republicanas eran, cuando menos, una incógnita, porque podían arrastrar muchos
votos y dar como resultado una importante minoría en el Parlamento. No se quiso
correr el riesgo, y la famosa democracia se quedó sin saber si la
opción republicana podía o no aspirar a algo.
3.
No hay que echarle sólo la culpa al Gobierno de Arias Navarro, porque
a éste sucedió el del señor Suárez, y las cosas continuaron igual, ya que ARDE
no fue legalizado hasta agosto de 1977.
4. Sería injusto olvidar
que los llamados partidos de izquierda no demostraron el menor interés, y de
ello soy testigo de la mayor excepción, por el reconocimiento y la legalización
de ARDE. No es aventurado pensar que los votos republicanos engrosaron otras
listas. No hace falta decir cuáles fueron las más beneficiadas.
5.
Justamente, por estos antecedentes, dimití, por segunda vez, de la presidencia
de ARDE, después de las elecciones de 1982, porque tenía la sensación de que la
opinión del partido tenía cierta proclividad a pensar que los triunfadores de
1982 iban a favorecer una cierta libertad de movimiento de los republicanos en
cuanto a comparecencias públicas y políticas de propaganda, que no a otra cosa.
Dimití, y los hechos me dieron la, razón, porque en las inmediatas elecciones
municipales, en 1983, comparecíamos los republicanos en Segorbe (Castellón) con
candidatura encabezada por el que había sido alcalde, salido de las urnas en
1979. El resultado fue que, a pesar de que tuvimos más concejales que AP y el
PSOE por separado, uno más que cada una de las minorías, perdimos la alcaldía
porque -ya se puede suponer-, aunque parezca inconcebible, se pusieron de
acuerdo y nombraron los concejales de ambos partidos un alcalde del PSOE. Sin
comentarios.
Como bien dijo Julio
Anguita en Salvados:
“La transición fue una
transacción, fue un apañito para que el poder económico del
franquismo se bañase en el jornal democrático, siguiese mandando económica y
políticamente, y continúe hasta hoy”
Daniel Fernández Abellá
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