Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la
Inspección de Trabajo de Madrid y la Policía Local de Brunete, han detenido a
una empresaria textil que hacinaba a 44 trabajadores en dos talleres de la
localidad madrileña de Brunete. La arrestada, de 58 años de edad y nacionalidad
española, incluso utilizaba la parte superior de uno de los talleres como
hostal para alquilar habitaciones a sus trabajadores. Las condiciones laborales
eran lamentables, con más de la mitad de la plantilla sin alta en la Seguridad
Social ni contrato de trabajo.
Detenida una empresaria textil que
hacinaba a 44 trabajadores en dos talleres de Brunete
Las
investigaciones comenzaron hace dos meses aproximadamente cuando, gracias a la
colaboración de la Policía Local de Brunete, se puso en conocimiento de los
investigadores la existencia de dos talleres dedicados a la confección textil.
Ambos talleres se encontraban ubicados en garajes, carecían de los permisos
necesarios y en ellos varios ciudadanos extranjeros podrían estar siendo
explotados laboralmente.
Los
investigadores comprobaron la entrada y salida de los talleres de numerosas
personas de origen marroquí y rumano, que accedían a los garajes por una
puerta. Paralelamente se determinó que también lo hacían ciudadanos chinos,
pero que apenas salían a la calle puesto que la parte superior de uno de los
talleres estaba habilitado como hostal, cuya titular era también la persona
arrestada.
Tras
comunicar los hechos a la Inspección de Trabajo de Madrid, se estableció el
operativo policial para llevar a cabo la entrada en los dos talleres. Los
agentes hallaron trabajando a 44 personas en pésimas condiciones, junto con
máquinas de coser, centros de planchado y cantidades ingentes de telas
preparadas y cortadas para su confección de conocidas marcas comerciales.
De los 44
trabajadores que se encontraban desarrollando sus labores en los talleres, sólo
17 estaban contratados y dados de alta en la Seguridad Social. Como quiera que
el resto no estaban dados de alta ni tenían contrato de trabajo, lo que suponía
más de la mitad de la plantilla de la empresa, se ha imputado a la propietaria
el nuevo tipo agravado por el Código Penal, tipificado como delito contra los
derechos de los trabajadores y que puede llegar a acarrear multas de hasta
150.000 euros.
La
investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de
Extranjería y Fronteras, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de
Madrid, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Madrid y la Policía
Local de Brunete (Madrid).
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