Los afectados por la
campaña de sanciones se agrupan en la Coordinadora Nacional Galega de
Emigrantes Retornados, que aglutina a las diversas plataformas para defenderse
del "robo" de la Agencia Tributaria
04/10/2013 - 16:41h
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Asamblea
de emigrantes retornados celebrada en Foz (Lugo)
Los
emigrantes gallegos retornados afectados por las sanciones que Hacienda les
impone por las declaraciones de la renta no presentadas desde el año 2008
acaban de agruparse en una coordinadora nacional con el objetivo de defenderse
del "robo y saqueo" practicado por el Estado con las pensiones de
otros países, que cobran como jubilados. Mujeres y hombres de entre 60 y 80
años, luchando juntos contra lo que consideran "una grave
injusticia".
En
la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados (CNGER) se agrupan
cerca de veinte plataformas, además de todas aquellas "que van surgiendo
semana a semana" en varias comarcas del país. Son muchos millares de
pensionistas los afectados y el número aumenta cada día. Es complicado hacer un
cálculo, pero desde la coordinadora hablan ya de que la cifra "puede
llegar a 300.000 personas", según aclara Xosé Lois Leirós, uno de los
portavoces del colectivo.
A
los emigrantes se les aplican multas, pero también se les reclaman intereses de
demora para ponerse al día con unas declaraciones que, según denuncian los
colectivos, nunca les advirtieron que deberían presentar, una información que
no les fue proporcionada ni desde España ni desde los diferentes países a los
que ahora el Gobierno español pide datos para continuar con la campaña iniciada
hace meses. De hecho, el Estado prevé endurecer la campaña a partir de enero de
2014, lo que aumentaría las cantidades reclamadas y el número de afectados.
La
CNGER insiste en las reivindicaciones de todas las plataformas comarcales y
exige la revocación de los expedientes y la anulación de las sanciones, la
devolución del dinero cobrado, que no se reclamen intereses de demora, la
correcta información a los emigrantes y que se modifique la ley para
“garantizar la igualdad de trato a los emigrantes retornados”.
"Tiene
que haber una solución diferente: si hay que tributar, se tributa, porque
nosotros nunca nos hemos negado. Si tenemos una pensión es porque durante años
pagamos impuestos en los países donde trabajábamos, pero a nosotros nadie nos
informó de que había que pagar aquí y de hecho se nos indicaba todo lo
contrario", insiste Leirós, que advierte al Estado de que "los
defraudadores de verdad se encuentran en esferas más altas: nosotros somos
trabajadores honrados; es inmoral que se nos persiga y se nos trate como a
defraudadores mientras a los verdaderos defraudadores se les concede una
amnistía fiscal", insiste.
La
sanción media para cada emigrante, en todo caso, es difícil de calcular. La Coordinadora
habla de 10.000 euros, pero también hay casos que superan los 25.000 euros
entre los intereses de demora, la declaración correspondiente y la multa, que
suele corresponder a la mitad de lo que toque a declarar en cada ejercicio y
que va desde los 100 euros hasta los 750. No obstante, hay bonificaciones del
30% y del 25% en caso de pagar en plazo. Y ahí reside otro de los problemas. La
Agencia Tributaria está aceptando los alegatos de algunos pensionistas, pero
recurrir implica renunciar a esas bonificaciones y arriesgarse a tener que
pagar la cuantía completa.
"Con
la Agencia Tributaria no hay opción, no se puede; lo único que nos queda es la
presión popular", aclara Leirós. Por el momento, el Gobierno central ya há
aclarado que hará cumplir la ley, aunque se demuestre que no hubo mala
intención ni interés de defraudar y que la información fue inexistente o
incorrecta. Tras los primeros casos, en los que se exigía el pago de la sanción
completa en diez días, Hacienda concede ahora plazos para el pago, "pero
con un interés del 5%, mayor que lo que ofrecería un banco por una
hipoteca", según aclara el portavoz.
"Los
empleados de la Agencia Tributaria nos dan la razón, nos dicen que no hay
derecho a que nos hagan esto, pero tienen que cumplir la ley", recuerda
Leirós, que conoce montones de casos, además del suyo, y mucho más graves.
"Hay mucha gente que no puede pagar aunque quiera porque no tiene
capital", asegura, y ponen el ejemplo de "una viuda" a la que se
le reclaman 11.000 euros y que está "agobiada" o el de gente que
"se ve obligada a solicitar créditos para poder hacer frente a las
sanciones". Porque si el afectado fallece, es la familia la que carga con
la multa.
Ahora,
la Coordinadora prepara movilizaciones que llevarán millares de jubilados a
concentrarse en Santiago o simultáneamente en varias comarcas para hacer
fuerza. También solicitarán reuniones con los grupos parlamentarios gallegos,
con los conselleiros de Hacienda y Presidencia, con el Valedor do Pobo (el
Defensor del Pueblo gallego), con el ministro de Hacienda y con el fiscal
superior de Galicia.
Además,
están recogiendo firmas para entregar ante el Ministerio de Hacienda. “No vamos
a permanecer callados, estamos organizados y vamos a defender en la calle
nuestros derechos”, asegura Leirós. “Defenderemos nuestras pensiones, nuestra
dignidad y nuestro honor. La lucha es el camino que nos queda”, remacha. Las
nuevas preferentes gallegas ya están aquí. Millares de afectados y millones de
euros. Por el momento, la Agencia Tributaria ya lleva recaudados cerca de 4
millones. Y lo que queda.
Fuente:
http://www.eldiario.es/
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