El experto del Grupo
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas cree que la Ley
de Memoria Histórica necesita un cambio de "espíritu" y afirma que
para que la Ley de Amnistía deje de ser un estorbo es suficiente con un cambio
de interpretación de los jueces.
ALEJANDRO
TORRÚS Madrid 01/10/2013 08:25 Actualizado: 01/10/2013 08:46
Ariel Dulitzky.- A.
Torrús
Ariel
Dulitzky es experto del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
desapariciones forzadas. Llegó a España el domingo de la semana pasada junto a
Jasminka Dzumhur y hasta ayer, lunes, ha estado manteniendo reuniones con
autoridades, víctimas de la dictadura franquista y expertos en legislación en
materia de derechos humanos y memoria histórica. La labor del grupo ha sido la
de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado
español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias
de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia,
la reparación y la memoria.
Las
observaciones preliminares del Grupo de Trabajo fueron contundentes. Entre
otras aseveraciones, el Grupo instó al Estado español a juzgar las
desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así
como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un
obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley
de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de
víctimas.
En
su informe preliminar han calificado de "lamentable" la situación de
impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra
Civil y la dictadura de Franco. ¿Han manifestado al Gobierno y a las
autoridades con las que se han reunido este calificativo? ¿Cómo han respondido?
Sí,
se lo dijimos en la reunión de esta mañana [por ayer]. Nos escucharon
atentamente y sobre ese aspecto aún no hemos recibido respuesta. Esta tarde les
hemos enviado nuestras conclusiones preliminares, similares a las que
presentamos aquí, y ellos hicieron algunas precisiones pero sobre este tema
puntual, no nos han dicho nada.
"El
Estado debe reparar a las víctimas con urgencia. No queda tiempo"
Tiene
que ser un punto algo vergonzoso que vengan de la ONU para calificar de
"lamentable" la situación de impunidad.
Sería
bueno poder preguntarle a ellos.
También
han constatado en sus observaciones la ausencia total de investigación judicial
alguna en curso y el hecho de que ninguna persona ha sido condenada. A lo largo
de su experiencia profesional, ¿ha visto situaciones similares de no
reconocimiento e impunidad absoluta de los crímenes de una dictadura en un
Estado democrático integrado en la UE como es el español?
Nosotros
no comparamos situaciones de un país con otro. Lo que sí hemos visto en otros
países donde ha habido patrones de impunidad es que siempre han podido ser
quebrados por decisiones de los jueces, impulsos de los familiares o por
respaldo de los poderes políticos. Por tanto, hemos visto que es posible pasar
de la impunidad a la justicia parcial o plena. Pero es un proceso de muchos
años.
En
España han casi 40 años desde que murió el dictador. ¿Estamos dentro de la
media de tiempo necesario para quebrantar la impunidad?
Cada
proceso nacional requiere el tiempo que requiere. Nosotros sí vemos el efecto
que transcurre el efecto del tiempo. En el caso español nosotros creemos que
produce dos efectos que requieren que el Estado actúe con más diligencia y
urgencia. El primero es que las últimas personas que vieron con vida a los
desaparecidos hoy tienen más de 80 años. Por otro lado, los testigos que han
visto donde los ejecutaron y donde están los cuerpos también tienen esa edad.
La única forma de darle una satisfacción a esas personas es que hoy, no mañana,
el Estado actúe con urgencia. No hay tres o cuatro décadas para dar respuesta.
"La
filosofía de la ley de Memoria Histórica debe cambiar"
Por
otro lado, la evidencia física cada vez es más difícil de recuperar. La
recuperación de documentos, cadáveres, etc. Todo esto hace que sea necesario
más urgencia en las investigaciones, las excavaciones, en la preservación y
descubrimiento de otros documentos, ordenación de archivos . El transcurso del
tiempo nunca puede servir como excusa para que el Estado no actúe. Al
contrario, debe servir para hacer una investigación más profunda.
Acabo
de nombrar a las víctimas. Ustedes se han reunido con más de un centenar de
víctimas y asociaciones. En el informe alaba el trabajo de las víctimas y las
asociaciones memorialistas para la recuperación de la memoria. ¿Le ha
sorprendido de alguna manera el espíritu de lucha de hombres y mujeres con más
de 80 años que siguen reclamando verdad, justicia y reparación y que hacen un
trabajo que ustedes señalan que debe realizar el Estado?
Dos
reflexiones. El Estado sí ha delegado muchas de sus responsabilidades en estas
asociaciones y eso sí es un problema aunque nosotros creemos que las
asociaciones civiles no pueden ser sustituidas por el Estado por muy proactivo
que este sea. Sí que me ha sorprendido, aunque no lo reflejamos en el
comunicado de prensa, la juventud de la sociedad civil española en materia de
Memoria. La mayoría asociaciones se han constituido en la década del 2000. En
otros países tienen 20 o 30 años de existencia. En parte, esta juventud explica
porque las respuesta del Estado español se empieza a producir a mediados del
2000.
Ley de Memoria
La
mayor respuesta por parte del Estado fue la Ley de Memoria Histórica. Ustedes
la califican de "limitado alcance" y han criticado la carencia de
presupuesto para su implementación. ¿Qué recomendaciones hacen al Gobierno para
mejorar el alcance de la Ley?
Lo
primero que debe cambiar es la filosofía de la Ley. Es decir, actualmente los
familiares y las asociaciones son los que tienen que solicitar y el Estado en
lugar de hacer una investigación da subvenciones. Tendría que ser: el Estado
investiga, sistematiza la información, pone la información a disposición de
toda la sociedad y se apoya de manera coordinada con familiares, asociaciones y
Comunidades Autónomas.
Lo
segundo, es que la Ley tendría que contener una obligación de un Plan Nacional
de Búsqueda de desaparecidos. Nosotros sabemos que la búsqueda será muy difícil
y que muchas de las personas desaparecidas nunca podrán ser identificadas, pero
hay que analizar esto.
En
tercer lugar, también debe haber una investigación de toda la información
disponible. Hoy la información está completamente desperdigada y el Estado no
compila ni analiza la información para poder hacer una investigación oficial
estatal.
En
cuarto lugar, la Ley no establece reparaciones económicas serias ni mecanismo
de rehabilitación. Muchos de los testimonios hablan de los efectos psicológicos
y el Estado nunca asumió estos efectos.
¿Han
pedido explicaciones al Gobierno de por qué han dejado la Ley de Memoria sin
presupuesto?
Sí
y nos han dicho que fue una decisión fruto de la crisis económica y financiera
que vive España. Lo otro que nos han dicho es que las demandas de subvenciones
han bajado en los últimos años como preveía la Ley. Esta respuesta se la
trasladamos a los familiares y organizaciones y recibimos una consistente
respuesta de que las asociaciones quieren hacer muchísimas exhumaciones y no
tienen fondos y no pueden hacerlas. Todas nos han dicho que si se hiciera una
nueva convocatoria habría cientos de peticiones de subvenciones. Otra cosa es
que la Oficina de Atención a las víctimas ha sufrido una variación de su nombre
desapareciendo el concepto de víctimas. Muchos nos han dicho que no se trata
solo de una cuestión de economía. La explicación que nos dieron actores de la
sociedad civil es que era una opción política.
¿Y
entre las dos versiones, usted con qué se queda?
"Las
desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado sino una cuestión del
presente"La división de percepciones no es sólo cosa de España. Ocurre en
muchos países. Lo que sí que hemos visto aquí es que el Gobierno tuvo la
voluntad de explicarnos por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no
hace a diferencia de otros gobiernos. Esto es interesante.
Cuando
Mariano Rajoy era líder de la oposición y no había crisis económica, llegó a decir
que su futuro Gobierno no daría ni un euro a la Memoria Histórica. Supongo que
este dato ayuda a averiguar si las decisiones son económicas o políticas.
Nos
facilitaron esas declaraciones y las escuchamos. No obstante, nosotros tenemos
que evaluar políticas públicas de los Estados y no valoraciones de los
candidatos a presidente del Gobierno.
Abrir las fosas
Sobre
las mejoras que me ha enumerado de la Ley de Memoria. Usted ha nombrado la
necesidad de España de crear un el plan nacional de búsqueda de víctimas de
desapariciones forzadas. Sectores de la sociedad española afirman, sin embargo,
que la apertura de las fosas significa reabrir heridas y que por tanto hay que
dejarlas cerradas. ¿Qué opina de esta afirmación?
Nosotros
defendemos que las desapariciones forzadas no son una cuestión del pasado sino
una cuestión del presente. Las heridas no están cerradas. No se pueden reabrir
porque las heridas nunca se cerraron. Las víctimas y sus familiares nunca han
podido tener su duelo. El duelo necesita de tener un lugar donde representar el
dolor de la separación con su ser querido. Esto nunca lo tuvieron los
familiares de los desaparecidos. De modo, que las heridas no pueden estar
cerradas. La apertura de fosas significa cerrar las heridas. Nosotros ponemos
el mismo énfasis en tema de justicia como de verdad.
Hablaba
de reparación económica, ¿ustedes defienden una reparación económica a las
víctimas o, al menos, la devolución de las propiedades que fueron confiscadas
durante la Guerra Civil a los llamados perdedores?
"Uno
nunca puede saber que el Valle de los Caídos fue un lugar de
enterramiento"
Eso
sucedería en una Ley que hiciera una reparación integral sobre todos los
aspectos y cuestiones sucedidas en la Guerra Civil. Si la reparación forzada
implicó violaciones del derecho a la propiedad es algo sobre lo que nosotros no
nos pronunciamos. La experiencia nuestra es que en las desapariciones forzadas,
muchas veces, la reparación principal no es la económica sino la verdad y la
justicia. Si España debe reparar económicamente o no a las víctimas es una cosa
que debe hablar el Estado con las víctimas.
Valle de los Caídos
Ayer
[por el domingo] visitaron el Valle de los Caídos. Quería preguntarles sobre lo
ocurrido allí y lo que se les contó por parte de las autoridades. También
preguntar si les dijeron que muchos de los cuerpos que allí yacen fueron robados
a las familias de cementerios y fosas comunes.
El
Valle de los Caídos es un ejemplo de que el Estado español no investigada toda
la información disponible. Nos dijeron que en este lugar había personas
enterradas de los dos bandos y que alrededor de 12.000 cuerpos estaban sin
identificar. Sin embargo, podíamos presumir de qué bando eran las víctimas por
el lugar de enterramiento. Les preguntamos si habían hecho un análisis del
lugar de donde provenían los cuerpos para saber si hay más desconocidos de un
bando u otro, si habían ido a archivos militares, civiles, donde fuera para
investigar donde murieron y cómo. La respuesta volvió a ser no. El Estado tiene
la información pero no la procesa. Es un ejemplo mínimo, pero allí hay 12.000
cuerpos y el Estado no trata de averiguar quién son.
Sobre
el tema de la autorización familiar, nosotros preguntamos en el Valle. Nos
dijeron que los desconocidos no tenían autorización familiar y que los demás,
supuestamente, sí. Lo que nos han dicho es que no tienen forma de comprobar
cómo se realizó esa autorización. Todo esto no se ha investigado. Sí que nos
han dicho que la exhumación sería en algunos sectores imposible y en otros casi
imposible. Hay que debatir el destino del Valle pero no es nuestro trabajo.
¿Puede
ser un lugar de memoria, como sostienen sectores de la sociedad española, un
lugar donde Franco está definido como anterior jefe de Estado?
Mi
primera impresión al visitar el Valle de los Caídos es que uno nunca puede
saber que es un lugar de enterramiento y nuestra recomendación es tomar como
base del debate que debe tener la sociedad española el informe que realizó el
comité de expertos [formado por Zapatero al final de su segunda legislatura).
Hay solamente dos tumbas con nombres. Los otros 35.000 no tienen ninguno. Este
es un tema que hemos visto.
¿Y
su sensación personal cuando llegó allí? ¿Tuvo la sensación de poder entender
algo de lo que sucedió en España visitando el Valle?
Yo
al ver ese monumento mi primera pregunta fue: Yo, no siendo católico, ¿quisiera
que mi memoria quedara preservada aquí? Ese símbolo excluye a los que no son
cristianos. Esa fue mi primera impresión.
Ley de Amnistía
En
el informe preliminar, también han recomendado dejar sin validez jurídica la
ley de amnistía en lo referente a la investigaciones forzadas. En España, la
ley de amnistía ha sido considerada por muchos como la base de la transición y
el perdón. ¿Puede una ley del olvido y no la investigación de la verdad ser
base suficiente para una democracia?
Nosotros
decimos que muchas veces son necesarios procesos de reconciliación para poner
fin a dictaduras y a desapariciones forzadas. Lo que creemos es que la Ley de
Amnistía no puede ser obstáculo para una investigación judicial y nuestro
entendimiento es que no era ese el objetivo de la Ley de Amnistía del 77. Esta
ley era para liberar a presos políticos y reintegrarlos a la vida política. No
estaba pensada para frenar investigaciones judiciales. De modo, que treinta
años después se haya descubierto la Ley de Amnistía con otro objetivo me genera
dudas de si no hay otras interpretaciones posibles.
Ustedes
han solicitado que esta ley deje de tener efectos jurídicos, pero no han sido
los únicos. Diversos organismos internacionales, como ustedes señalan, también
lo han solicitado. ¿Cuando hay tantas peticiones y ningún cambio legislativa,
se puede interpretar una falta de voluntad política dentro del Estado español?
"La
Ley de Amnistía no puede ser obstáculo para una investigación judicial"
Un
ejemplo. Estuve hace un año en Chile. La Ley de Amnistía de Chile sigue vigente
pero hay 800 militares en prisión. No es una cuestión de la Ley sino de la
interpretación. No hubo voluntad del poder legislativo para eliminar esta ley.
No hubo voluntad del poder ejecutivo para eliminarla. Hubo voluntad del Poder
Judicial para dejar de aplicarla. Por tanto, no se necesita ni al poder
legislativo ni judicial, se necesita al judicial.
¿Entonces
el problema está en el Poder Judicial español?
Las
razones por las que se produce lo que se produce las desconocemos. Lo que
sabemos es que el Poder Judicial ha cerrado todas las investigaciones. Quedan
dos pero que no avanzan. Los motivos los debe decidir la sociedad española. Si
es politización, formación de los jueces, forma en la que se eligen los jueces
o cómo promoción, el tipo de carrera, el tipo de ingreso... Son todo factores
que pueden contribuir. Es la sociedad española la que debe encontrar los
errores.
Fuente: www.publico.es
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