PIEDRA DE TOQUE. El grupo El Comercio se ha hecho con
el control del 80% de la prensa escrita del Perú, lo que es una seria amenaza
para la libertad de opinión sin la cual cualquier democracia se desmorona
FERNANDO VICENTE
Cuando, en
julio de 1974, la dictadura del general Juan Velasco Alvarado estatizó todos
los diarios y canales de televisión en el Perú, explicó que hasta entonces en
el país sólo había habido libertad de empresa y que a partir de ahora, al pasar
los medios de comunicación de sociedades capitalistas al “pueblo organizado”,
comenzaría a existir la verdadera libertad de prensa. La realidad fue distinta.
Los diarios, radios y canales expropiados se dedicaron a ensalzar todas las
iniciativas del régimen, a difamar y silenciar a sus críticos y, además de
desaparecer toda libertad de información, el periodismo peruano alcanzó
aquellos años unos extraordinarios niveles de mediocridad y envilecimiento. Por
eso, cuando, seis años después, al ser elegido presidente, Fernando Belaunde
Terry devolvió los diarios y demás medios estatizados a sus dueños, una gran mayoría
de peruanos celebró la medida.
Creo que a
partir de entonces buena parte de la opinión pública en el país aceptó —algunos
con alborozo y otros a regañadientes— que la libertad de prensa era inseparable
de la libertad de empresa y de la propiedad privada, pues, cuando estas
desaparecían, con ellas se esfumaba la información independiente así como toda
posibilidad de criticar al poder. Por eso, la dictadura de Fujimori y
Montesinos utilizó una manera menos burda que la estatización para asegurarse
una prensa adicta: la intimidación o repartir bolsas de dólares entre
periodistas y dueños de medios de comunicación.
Ahora bien,
que haya una economía de mercado y se respete la propiedad privada no bastan,
por sí solas, para garantizar la libertad de prensa en un país. Esta se ve
amenazada, también, si un grupo económico pasa a controlar de manera
significativamente mayoritaria los medios de comunicación escritos o
audiovisuales. Es lo que acaba de ocurrir en el Perú con la compra, por el
grupo El Comercio, de los diarios de Epensa, operación que le asegura el
control de poco menos que el 80% de la prensa escrita en el país. (El Comercio
posee también un canal de cable y el más importante canal de televisión de
señal abierta del Perú). Esto ha generado un intenso debate sobre la libertad
de información y de crítica, algo, me parece, sumamente útil porque el tema
desborda el ámbito nacional y afecta a buena parte de los países
latinoamericanos.
Ocho
periodistas han presentado una acción de amparo al Poder Judicial pidiendo que
anule aquella compra, pues, alegan, transgrede el principio constitucional
prohibiendo que los medios sean “objeto de exclusividad, monopolio ni
acaparamiento”. Por su parte, El Comercio sostiene que el modelo de compra que
ha efectuado con los diarios de Epensa sólo concierne a su impresión y
distribución, y preserva su línea editorial. Sin embargo, según precisó Enrique
Zileri Gibson, uno de aquellos ocho periodistas, ni uno solo de los diarios de
El Comercio y de Epensa informó que el Poder Judicial había dado trámite a la
acción de amparo en contra de la fusión. ¿Esta unanimidad en el silenciamiento
era puramente casual?
Elaborar una ley de medios para evitar el monopolio es
un remedio peor que la enfermedad
Ningún país
democrático admite que un órgano de prensa acapare porcentajes elevados del
mercado de la información, porque, si lo admitiera, la libertad de prensa y el
derecho de crítica se verían tan radicalmente amenazados como cuando el poder
político se apropia de los medios para “liberarlos de la explotación
capitalista”. La pregunta clave es: ¿cuál es la mejor manera de impedir el
monopolio, privado o estatal, de la información? ¿Una ley de medios, discutida
y aprobada en el Parlamento? Es lo que ha anunciado que presentará un congresista,
Manuel Dammert, proyecto que contaría con el apoyo de dos de los partidos que
sostienen al Gobierno del Presidente Humala.
Este sería,
en mi opinión, un remedio peor que la enfermedad. En vez de garantizar la
diversificación informativa, pondría en manos del poder político un arma que le
permitiría recortar la libertad de prensa y hasta abolirla. Es verdad que en
varias democracias avanzadas hay leyes específicas contra el monopolio y
organismos de Estado que verifican su cumplimiento, como la española Comisión
Nacional de la Competencia. Son organismos de Estado, no de Gobierno. Esta
distinción sólo es real en las sociedades desarrolladas. En el mundo del
subdesarrollo la diferencia entre Estado y Gobierno es retórica, pues, en la
práctica éste último coloniza el Estado y lo pone a su servicio. Por eso, todas
las leyes de medios que se han dado en los últimos años en América Latina, en
Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, han servido a gobiernos
populistas o autoritarios para recortar drásticamente la libertad de
información y de opinión y hacer pender, como una Espada de Damocles, la
amenaza del cierre, la censura o la expropiación, a los órganos de prensa
indóciles y críticos de su gestión.
¿Cuál es,
entonces, la salida? ¿Aceptar, como mal menor, que un órgano de prensa controle
más de tres cuartas partes de la información y creer los sofismas de los
valedores de El Comercio sosteniendo que la fusión carece de connotaciones
políticas y resulta únicamente de la eficacia y talento con que han sabido
vender su “producto” en el mercado informativo? Para semejante razonamiento, no
hay diferencia entre un órgano de prensa y “productos” como las cacerolas o los
jugos de fruta. La realidad es que cuando una cacerola derrota a sus
competidores y se queda dueña del mercado lo peor que puede pasar es que el
precio de las cacerolas suba o que “el producto” empiece a deteriorarse, porque
el monopolio suele producir ineficiencia y corrupción. En cambio, cuando un
órgano de prensa anula a los competidores y se convierte en amo y señor de la
información, ésta pasa a ser un monólogo tan cacofónico como el de una prensa
estatizada y con ella no sólo la libertad de información y de crítica se
deterioran, también la libertad a secas se halla en peligro de eclipsarse.
Que el caso llegara a la Corte Interamericana es una
buena cosa porque es independiente y capaz
La manera
más sensata de conjurar este peligro es, creo, la que han elegido los ocho
valientes periodistas que se han enfrentado al gigante: recurrir al Poder
Judicial a fin de que determine si la fusión transgrede el principio
constitucional contra el monopolio y el acaparamiento, como creemos muchos
demócratas peruanos, o es lícita. Este proceso, con las inevitables
apelaciones, puede llegar hasta las más altas instancias judiciales, desde
luego, e, incluso al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, de San José. A mí me gustaría que llegara hasta allí, porque
ésta es una institución verdaderamente independiente y capaz, de modo que su
fallo tiene más posibilidades de obtener el asentimiento de la opinión pública
peruana.
Nada
semejante ocurriría si llega a prosperar la iniciativa —inoportuna y
profundamente perjudicial para un Gobierno que, hasta ahora, ha respetado las
instituciones democráticas— del congresista Manuel Dammert. Por desgracia, el
Congreso tiene muy poca autoridad moral e intelectual en el país —en todas las
encuestas es una de las instituciones peor valoradas— y no hay posibilidad de
que este debate fundamental sobre la libertad de prensa se lleve a cabo allí de
la manera serena y alturada que requiere un asunto esencialmente vinculado a la
supervivencia de la democracia.
Una ley de
prensa sólo es aceptable si ella nace del consenso de todas las fuerzas democráticas
de un país, como ocurre en Estados Unidos, el Reino Unido, España o Francia,
algo que, en las actuales circunstancias, en el Perú, donde la vida política
está fracturada y enconada hasta extremos absurdos —precisamente en el momento
en que su economía marcha mejor, la democracia funciona, crece la clase media,
progresa la lucha contra la pobreza y la imagen exterior del país es muy
positiva—, jamás se produciría y la fractura y el encono aumentarían en un
debate donde los argumentos legales y principistas serían arrasados en la
incandescencia del debate político.
Pero, aún si
se produjera aquel consenso, yo creo que una ley de medios es innecesaria
cuando existe un dispositivo constitucional tan claro respecto a la necesidad
de mantener el carácter plural y diverso de la prensa, a fin de que los
distintos puntos de vista encuentren cómo expresarse. Es mejor que cuando se
susciten casos como el que nos ocupa, se recurra al Poder Judicial, de manera
específica, en busca de una solución concreta al asunto materia de
controversia. Es un procedimiento más lento, sin duda, pero con menos riesgos
en lo que concierne al objetivo primordial: preservar una libertad de opinión y
de crítica sin la cual la democracia se desmorona como un castillo de naipes.
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2014.
© Mario Vargas Llosa, 2014.
Fuente: www.elpais.com
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