Artículos de
Opinión | Héctor Illueca y Adoración Guamán * | 11-01-2014 |
La crisis
económica que afecta a nuestro país y las políticas de austeridad impuestas por
la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario
Internacional) están provocando una fractura social cada vez más evidente. La
ciudadanía observa atónita la degradación de la vida cotidiana y la tolerancia
del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados del país. Como no
podía ser de otra forma, el creciente deterioro de las condiciones materiales
de una cada vez más amplia mayoría social llega acompañado de gravísimos
escándalos de corrupción que salpican al conjunto de las élites políticas y
económicas, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la injusticia y
la desigualdad.
En este
contexto, el sueño de la integración europea ha devenido una pesadilla que
impone un duro presente y nos condena a un porvenir sombrío. De una forma
intencionada, se ha ofrecido a la ciudadanía una imagen falsa, ideológica e
idílica de la hoy denominada Unión Europea, utilizando los medios de
comunicación para proyectar una visión mítica y alejada de la realidad: una
Unión Europea completamente ajena a los principios de cohesión y colaboración
solidarios, que se ha convertido en una suerte de reserva de caza alemana en la
que las economías fuertes explotan sus ventajas económicas y comerciales para
aplastar a las débiles. Una Unión Europea gobernada por la ley de la selva.
Sin embargo,
la gravedad de la situación económica y la caída del velo del bienestar
individual hacen que comience a abrirse paso entre los habitantes de la
periferia la idea de ser víctimas de una nueva colonización. Cada vez es más
difícil ocultar que la implantación del euro ha generado una relación
centro-periferia en el seno de la Unión Europea que enfrenta al Norte central y
dominante con el Sur periférico y dominado. Ya no es posible negar que la
existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a otros países ricos
de Europa, reforzando su posición en el esquema europeo como exportadores netos
de bienes de equipo y de consumo y como importadores netos de demanda general.
Para decirlo claramente y en pocas palabras: la unión económica y monetaria ha
permitido que los países centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes
excedentes comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier
posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa redistribución
del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la cuenca mediterránea.
Los países fuertes del centro, como Alemania, Holanda o Finlandia, incrementan
su competitividad, conservan su soberanía nacional y financian sus estados de
bienestar gracias a la pérdida de la competitividad, la destrucción de la soberanía
y desmantelamiento del bienestar de sus compañeros de moneda, la periferia
europea.
Los
trabajadores del Estado español, junto a los del resto de economías
periféricas, se han convertido en una reserva de mano de obra low cost.
Como han señalado algunos autores, el proceso de construcción europea ha
generado una nueva división internacional del trabajo, alimentando una dinámica
colonialista caracterizada por la hegemonía alemana y por la subordinación de
las economías periféricas[1]. Esto es lo que explica que las actuaciones
estatales de control sobre el mercado y de protección de los derechos sociales
estén siendo destruidas al ritmo de los dictados de la unión económica y
monetaria. Cuando las exigencias del proceso entran en contradicción con las disposiciones
estatales en materia de política social, los Estados periféricos proceden a
adaptar sus respectivos sistemas de bienestar, siempre en el sentido de
disminuir la protección de los derechos laborales y sociales. El dumping
social no sólo no se ha combatido, sino que se ha fomentado, situando la
regulación del factor trabajo como elemento de competitividad y desencadenando
un feroz darwinismo normativo para reducir los estándares laborales y de
protección social.
La nueva
división europea del trabajo explica y promueve la progresiva destrucción de
los modelos sociales estatales auspiciada por la troika e inmediatamente
perceptible en dos ámbitos fundamentales: la flexibilización de los mercados de
trabajo (en concreto, mediante la rebaja de la tutela de la estabilidad en el
empleo y la devaluación del coste de la mano de obra) y la reducción de la
protección social, en particular de los sistemas de Seguridad Social (reducción
de la cuantía de la pensión de jubilación, reforma sanitaria, etc.). Su influencia
se advierte igualmente en la reforma educativa del Ministro Wert, también
auspiciada por las instituciones europeas, que orienta el sistema educativo
hacia la preparación de mano de obra barata, provista de los conocimientos
indispensables para desenvolverse adecuadamente en el mercado laboral basura
que caracteriza a los países subdesarrollados. La posición dependiente y
periférica de nuestra economía en el esquema europeo es radicalmente
incompatible con la existencia de pensiones públicas, la educación y la sanidad
públicas y un mercado laboral medianamente digno.
Al aceptar
los dictados de la troika, las clases dirigentes de los países
periféricos asumen su incapacidad de afrontar un camino independiente para sus
respectivos países y sellan una relación de subordinación y dependencia
semejante a la que se produce en el proceso de colonización clásico,
caracterizado por la desposesión sistemática de las economías periféricas y la
sobreexplotación de sus trabajadores. No debemos olvidar que son las clases
dirigentes de los diferentes Estados miembros las que han construido y abonado
este modelo de Unión Europea, bajo cuya intocable legitimidad han resguardado
las más impopulares y duras reformas. La posibilidad de socavar la posición
negociadora de los sindicatos abonó la traicionera connivencia de las élites de
los países deficitarios, alimentando una alianza sólida y estable con la
burguesía alemana para imponer un nuevo orden político-social a escala europea.
En este
contexto, no deja de sorprender que determinados sectores de la izquierda
española y europea insistan en reformar la eurozona como solución a la actual
situación de emergencia social y económica. Con cierto aire panglossiano,
invocando la necesidad de “más Europa”, se critica la fragmentación de la
política fiscal y se denuncia la actuación de un BCE dispuesto a proporcionar
abundante liquidez a los bancos mientras abandona a los Estados endeudados que
soportan los ataques especulativos. Como propuesta política, se reclama la
abolición del Pacto de Estabilidad, la creación de una autoridad fiscal y la
modificación de los estatutos del BCE para que pueda conceder préstamos a los
Estados que atraviesan por dificultades. En un arrebato de ingenuidad, incluso
llega a hablarse de un “euro bueno” en el que podría establecerse un salario
mínimo europeo para reducir los diferenciales de competitividad entre los
países.
Se trata de
una quimera que ha paralizado durante décadas a buena parte de la izquierda y
del movimiento sindical y que bloquea la construcción de una alternativa al
servicio de las clases populares de nuestro país. La zona euro carece de un
estado único europeo y no hay ninguna expectativa de que pueda crearse uno en
un futuro cercano. La unificación de la política fiscal supondría una completa
reestructuración de la soberanía en toda la Unión Europea, construida a partir
de una rigurosa jerarquía de estados y un cuidadoso cálculo de intereses nacionales,
y precisaría un consenso que no va a producirse. Cualquier reforma posible
debería respetar la jerarquía de poder existente, caracterizada por el dominio
de los países de la zona central y muy especialmente de Alemania. Por expresar
la idea con mayor precisión, el euro ha sido el medio utilizado para forjar la
hegemonía del capital alemán, que se impone inexorablemente en el escenario
europeo y que impide la posibilidad de realización de un programa que atienda a
las necesidades de las mayorías sociales.
En nuestra
opinión, cualquier agenda política que pretenda romper realmente con el
neoliberalismo, incluso en un sentido reformista, debe plantearse en serio la
salida del euro y enfrentarse a la Unión Europea como tal. Como ha señalado
Costas Lapavitsas[2], la única salida progresista para nuestro pueblo
consiste en abandonar de la zona euro y recuperar el control de la soberanía,
en el marco de un desplazamiento radical del poder económico y social hacia el
Trabajo. Una estrategia que empieza con el impago de la deuda soberana y se
amplía a una salida del euro que permita a nuestro país escapar del cataclismo
de la devaluación interna impuesta por la Unión Europea. Nuestro país tiene
futuro, pero un futuro digno pasa necesariamente por romper con esta Europa y
con las instituciones de esta Europa.
[1]
NAPOLEONI, L. Democracia en venta. Cómo la crisis económica ha derrotado la
política. Barcelona, Paidós, 2013.
[2]
LAPAVITSAS, C. Crisis en la eurozona. Madrid, Capitán Swing, 2013.
* Doctor
en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social y Doctora en Derecho y
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
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