Las empresas que contratan políticos para cargos de dirección no
lo hacen por altruismo: tienen más interés en la agenda personal, en el
conocimiento de la Administración, en la experiencia acumulada, en la capacidad
de influencia y en la información privilegiada que aportan.
nuevatribuna.es | Pablo Vaamonde | Médico de Familia,
A Coruña | 05 Enero 2014 - 12:52 h.
El trasvase de políticos a la empresa privada y
viceversa facilita un retiro dorado a los políticos que dejan la primera línea,
pero también alimenta la sospecha de que el ejecutivo y el legislativo puedan
facilitar la actuación de las empresas en defensa de sus beneficios, dejando en
segundo lugar el interés colectivo
La puerta
giratoria es un magnífico invento. Nada más entrar en uno de sus huecos la
puerta avanza y, en cuatro pasos, te encuentras en el interior. De la misma
manera puedes desandar el camino, con la misma facilidad. Cuando este mecanismo
se utiliza en el terreno político para pasar de un cargo público a la empresa
privada, y viceversa, se producen situaciones de intensa promiscuidad con la
presencia de graves conflictos de interés. Las empresas que contratan políticos
para cargos de dirección no lo hacen por altruismo: tienen más interés en la
agenda personal, en el conocimiento de la Administración, en la experiencia
acumulada, en la capacidad de influencia y en la información privilegiada que
aportan. Son las bases para realizar negocios con ventaja, para obtener
privilegios sin forzar la legalidad e incluso para realizar prácticas que caen
de lleno en la categoría de la corrupción. En los últimos años hubo muchos
políticos (del PP y del PSOE, sobre todo) que ocuparon plazas de privilegio en
las grandes empresas.
En este año
pasado hubo varios episodios que pusieron en evidencia la intensa
interconexión de los intereses privados con los poderes públicos: la
riqueza oculta de Bárcenas y los pagos con sobres en la propia sed del PP, el
lujoso ático marbellí de Ignacio González, el fichaje de un exconsejero de
Madrid (Güemes) por la empresa que realiza los análisis clínicos de la
comunidad (servicio qué él mismo privatizó), la incorporación de Rato a
Telefónica (empresa que entregó a manos privadas cuando era ministro de Aznar),
o el desembarco de Esperanza Aguirre en una empresa de
"cazatalentos". Estos hechos provocan indignación colectiva pero los
grandes partidos no muestran especial diligencia para evitarlos.
La
corrupción es percibida por la mayoría como uno de los principales problemas de
nuestra sociedad. El trasvase de políticos a la empresa privada y viceversa
facilita un retiro dorado a los políticos que dejan la primera línea, pero
también alimenta la sospecha de que el ejecutivo y el legislativo puedan
facilitar la actuación de las empresas en defensa de sus beneficios, dejando en
segundo lugar el interés colectivo. Cada vez se conocen más casos de políticos
que utilizan la estrategia del "caballo de Troya":
acceden a cargos públicos para defender intereses privados. En el terreno
sanitario los ejemplos son múltiples. Veamos el perfil de algunos personajes
que practican con habilidad el "revolving door":
- Rocio Mosquera, actual conselleira de
Sanidade en Galicia, ejerció durante muchos años un cargo directivo del grupo
Nosa Terra, propietaria de Povisa (hospital privado de Vigo que tiene un
concierto singular con el Sergas, renovado recientemente). En las negociaciones
con este grupo (para que cumpla los objetivos asistenciales y para la
renovación del concierto particular) tiene un grave conflicto de intereses que
debería bastar para inhabilitarla para el ejercicio de este cargo. Cuando fue
nombrada conselleira también tuvo que dar explicaciones en el Parlamento sobre
el turbio nombramiento de su marido para una jefatura en el Hospital de
Santiago, y sobre la presencia de una hija en la consultora PwC (que participó
en la adjudicación del hospital de Vigo).
- Manuel Martín Ferrer fue, durante varios
años, un alto cargo de la Generalitat valenciana. Su misión era supervisar
desde la Administración a la empresa Ribera Salud UTE (concesionaria de la
gestión del hospital de Alzira). En septiembre de 2007 utilizó la puerta giratoria
y pasó a ocupar el cargo de mayor responsabilidad en dicha compañía: director
del departamento de salud.
- Manuel Lamela estuvo como consejero de
Sanidad en Madrid desde 2003 a 2007. En 2005 alcanzó notoriedad mediática,
después de que denunciara a los médicos de Urgencias del hospital de Leganés,
encabezados por Luís Montes, por realizar presuntas sedaciones irregulares a
pacientes en situación terminal. La justicia lo dió la razón al doctor
Montes y su equipo, después de un largo juicio, pero el daño causado al
prestigio del hospital y a los profesionales (que marcharon a trabajar en otros
lugares) es ya irreparable. La caverna mediática utilizó este asunto de manera
cruel señalando a los acusados como presuntos asesinos. Lamela también tuvo que
comparecer, imputado por denuncia falsa. Cuando dejó el gobierno de la condesa
Aguirre continuó colaborando con su antiguo padrino, Rodrigo Rato, y ocupó un
puesto como consejero de Caja Madrid (grupo Bankia). También creó y se situó
como presidente de las sociedades Madrid Medical Destination SL, Madrid Ciudad
de la Salud y Madrid Centro Médico (MCM), que pretenden "potenciar el turismo
sanitario de primer nivel". En la presentación pública de MCM
estuvo acompañado por altos cargos de la comunidad y del ayuntamiento,
instituciones que apoyaron estos proyectos con créditos y subvenciones.
Recientemente se supo que la ministra de Sanidad contrató a una empresa de
Lamela para organizar la gestión del hospital de Melilla (excelente
plataforma para captar clientela marroquí para sus proyectos de turismo
sanitario).
- Juan José Güemes fue el sustituto de Lamela.
Dejó el puesto de consejero en 2010 y fichó por la escuela de negocios IE. Este
joven licenciado en Económicas, formado en un colegio del Opus Dei, tuvo
una carrera meteórica: a principios de los años noventa ya formaba parte
del equipo de Rodrigo Rato. En 2003 la condesa Aguirre lo nombró Consejero de
Empleo y Mujer, y después fue el máximo responsable de la sanidad
madrileña. Está casado, de segundas, con Andrea Fabra, hija del cacique
de Castellón (famoso por su fortuna en el juego de la lotería y por construir
aeropuertos donde no aterrizan los aviones). Esta diputada del PP se hizo
famosa por una breve intervención parlamentaria: gritó desde su escaño "¡que
si jodan!!" cuando Mariano Rajoy anunciaba recortes en las
prestaciones a los parados. Güemes siempre tuvo buena vista para los
negocios: con su primera mujer se lucró con el ladrillo pues su suegro
era un afamado promotor inmobiliario. "Aproveche las oportunidades de
negocio para su empresa", les decía a los empresarios en la
presentación del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Madrid, en 2008. Él
también aprovechó la suya. Antes de dejar la consejería privatizó los análisis
clínicos de Madrid. La empresa Unilabs, que si hizo con el control de este
servicio, por lo que recibe una elevada remuneración, nombró consejero a
Güemes. La publicación de esta noticia, a primeros de enero de 2013, provocó un
enorme alboroto mediático que lo llevó a dejar el recién estrenado cargo. No
debemos preocuparnos por su futuro ya que sigue presente en seis consejos de
administración, pero deberá enfrentarse a la justicia (junto con Lamela) ya que
está imputado por cohecho y prevaricación, tras una querella presentada
por los sanitaros de Afem.
- Antonio Burgueño es, probablemente, menos
conocido que los anteriores, pero es el paradigma del "caballo de
Troya". Admirador de la sanidad de los EE.UU. ha participado en numerosos
debates. Llegó a afirmar que los médicos de la sanidad pública sólo se dedican
a la burocracia y también dijo que "el pago al médico por el paciente
redundaría en un modelo más entrañable". Este hombre duro es el
principal ideólogo del plan sanitario de Madrid, que plantea la privatización
de seis hospitales y 27 centros de salud. Ahora es director general de
hospitales de la comunidad de Madrid, pero pasó más de veinte años como
ejecutivo en empresas sanitarias privadas. Como director asistencial de Adeslas
puso en marcha el hospital de Alzira. Asesoró a Capio en la construcción del
hospital de Valdemoro. Su hijo es un alto cargo en Ribera Salud.
Ribera Salud
y Capio (ahora
denominada IDC Salud) son las empresas más beneficiadas por la política
de privatizaciones sanitarias. Rivera Salud fue creada por la Generalitat
valenciana en 1997 para dar respaldo financiero al hospital de Alzira. Hoy es
el primer operador de hospitales públicos por concesión, facturó en 2011 casi
cuatrocientos millones de euros y todos sus ingresos proceden de contratos con
las comunidades de Madrid y Valencia. Capio gestiona varios hospitales públicos
y facturó 673 millones de euros en 2011. El 75% de esta cantidad procede de las
arcas públicas. Está controlada por el fondo de capital riesgo CVC con sed en
el paraíso fiscal de Luxemburgo.
Los expertos
advierten del enorme riesgo de "captura del regulador": estas
empresas tan potentes llegan a tener tal influencia que pueden someter a la
Administración, anular su función inspectora y convertila en defensora de los
intereses de la empresa dominante en vez de proteger el interés general. Hay un
peligro cierto de pasar del monopolio público al oligopolio privado. Joaquín
Estefanía advertía en un artículo: "privatizaron la banca pública, la
energía pública y las telecomunicaciones públicas, entre otros sectores
estratégicos. Ahora quieren hacer lo mismo con la sanidad y la educación
públicas aunque lo nieguen".
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