LA LEY INTEGRAL SOBRE TRANSEXUALIDAD LLEGA AL PALAMENTO ANDALUZ

Esta Ley, consensuada por los propios colectivos trans, sitúa a Andalucía como la región de Europa más avanzada en el tratamiento a personas trans

España | Luisa Capel-Tercera Información | 16-01-2014 |

José Antonio Castro (IU), Alba Doblas (IU), Mar Cambrollé (ATA), Mario Jiménez (PSOE), Yara Moreira (ATA)

Se presenta en el parlamento andaluz la Ley Integral sobre Transexualidad, que va a permitir la despatologización y la no discriminación de las personas transexuales. Esta ley estaba dentro del pliego de condiciones de Izquierda Unida para formar gobierno y sitúa a Andalucía como la región más avanzada de Europa en el tratamiento jurídico de las personas transexuales. En su enunciado ya asume el concepto de género como un constructo social: “La definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento… no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, psicosocial”. Además se ha exigido la importancia de que sea una Ley Integral, que luego pueda desarrollarse en distintas legislaciones paralelas, para atajar la discriminación que sufren socialmente las personas trans.

Hasta el momento, regidos por la ley de ámbito nacional, las personas transexuales dependían de la opinión de un psiquiatra para poder operarse. “El proceso se hacía penoso y complicado pues el cuestionario planteaba cuestiones tan absurdas como preguntar si prefieres ser bombero o bailarina. Si la respuesta fuera bombero, el cuestionario te identificaba como de género masculino dijera la persona lo que dijera, sin respetar su autonomía y decisión. Otras preguntas en el cuestionario es si se prefiere usar falda o pantalón”, nos explica Daniel González, coordinador de Aleas Andalucía, uno de los responsables de que el proyecto legislativo llegue al parlamento andaluz. “El test en sí mismo es patologizante”. La Ley integral evita este proceso, siendo las propias personas quienes deciden si se operan o no sin necesidad de ser clasificado como una enfermedad mental. La homosexualidad se despatologizó en 1990, hasta entonces también era considerada una enfermedad.

Además prevé descentralizar ya que hasta ahora todas las consultas y operaciones las llevaba la UTIG, Unidad de Trastornos de Identidad de Género, de Málaga, con 10 médicos para toda Andalucía, la primera específica creada en España. La descentralización es básica para las transexuales andaluzas puesto que cualquier prueba médica, como un análisis de sangre para ver los niveles de hierro, debía ser analizada en la UTIG, no en el centro de atención primaria más cercano. También se considerarán las operaciones de transexuales mujeres dentro del propio ámbito ginecológico, puesto que retirar el sistema reproductivo femenino es una operación que no necesita de doctores especialistas en transexualidad. La Junta asume que los procesos se produzcan dentro de la sanidad pública, rompiendo la brecha existente entre quienes podían pagar las operaciones en clínicas privadas y por lo tanto no pasaban por todos estos requisitos.

Otro de los avances es que la Junta de Andalucía se compromete a respetar la identidad de género emitiendo una acreditación propia para que tanto en los centros de salud, como en colegios u otros organismos públicos dependientes de la misma se pueda nombra e identificar a esa persona por el nombre que elija, sin que sea condición la operación completa, tal y como establece la Ley de 2007 de ámbito estatal, donde sí presenta este requisito como indispensable para cambiar el nombre en el Registro Civil.

La transexualidad en menores también es tratada dentro de la Ley. Los menores, aunque no se pueden operar hasta los 18 años o que un juez así lo decida, podrán acceder a retardantes hormonales para que no desarrollen los cambios físicos durante la pubertad. Esta medicación es reversible, por lo que se podrá abandonar en cualquier momento que la persona, en acuerdo con sus padres o tutores, así lo decida.

También se hace hincapié en que se incluyan a las personas transexuales en los planes de empleabilidad de la Junta, porque en la actualidad cerca del 54% de las transexuales se encuentran en desempleo y con dificultades para encontrar trabajo digno por causas discriminatorias.

Para Daniel González lo más interesante del proceso ha sido llevar la voz de los propios colectivos, ATA entre ellos, que la Ley refleje sus exigencias y que hayan participado en el redactado de las mismas, aunque el proceso ha llevado más de un año.

Con esta Ley, la Junta adaptaría la normativa comunitaria del 12 de diciembre de 2012. Se presenta el jueves 16 de enero y tras su tramitación y la elaboración de enmiendas para ampliar alguno de los conceptos de la Ley, es probable que vea la luz a finales de primavera de este mismo año.