09 de enero de 2014
Luis García Montero
La
justicia se ha convertido en uno de los síntomas más claros de las debilidades
de la democracia española. Los nombramientos del Poder Judicial, las actitudes
de la fiscalía en casos muy significativos y la indignación que promueven
ciertos indultos y algunas sentencias, apuntan a una enfermedad crónica. Los
intereses del poder obstaculizan la objetividad y la libertad en la aplicación
de las leyes.
Al
calor de los escándalos diarios que afloran en la prensa, debería abrirse un
debate profundo sobre la independencia judicial. No se trata sólo de valorar
las situaciones de cada coyuntura, sino también de hacer un diagnóstico a largo
plazo y apostar por una regeneración verdadera. Las preguntas afectan al
corazón de la justicia democrática, a sus exigencias y sus posibles
limitaciones. Si aceptamos que el Estado democrático es al mismo tiempo un
espacio de derechos y responsabilidades, no podemos contentarnos con las
críticas abstractas al sistema. La complicidad de cada institución, cada
partido y cada persona adquiere una importancia decisiva.
Basta
con seguir con regularidad las noticias para llegar a la conclusión de que en
la justicia española no hay un problema de corrupción económica. Existen, claro
está, las desigualdades generadas por el dinero. Las medidas últimas del
ministerio de Justicia, con el cobro de tasas y el encarecimiento de los
recursos, acentúan el panorama tradicional de la desigualdad. Sólo las grandes
empresas y las familias con dinero para invertir en abogados y apelaciones
pueden permitirse el lujo de pleitear. Pero al decir que no es grave la
corrupción económica, me refiero a que no abundan los casos de sobornos
directos para determinar una sentencia. Y cuando se detecta un caso de
prevaricación, los procedimientos suelen funcionar de manera eficaz.
Más
que el poder del dinero, que tanto asquea en el mundo de las construcción y las
obras públicas, la mayor presión sobre la independencia de los jueces es la
propia carrera judicial. Si un juez o un fiscal quieren colmar sus legítimas
ambiciones profesionales, tienen muy difícil no alinearse con cualquiera de los
dos partidos mayoritarios que controlan los nombramientos del poder judicial.
La maquinaria sin escrúpulos del bipartidismo ha hecho un daño muy grave al
crédito público de la justicia española.
Conviene
aquí detenerse un momento en el concepto de la independencia judicial. ¿Qué
significa en una democracia? Desde luego no se trata de que los jueces puedan
hacer lo que quieran, sin dar cuentas a nadie. Un juez deber ser independiente
cuando hace una instrucción o emite una sentencia, pero hasta ahí… La justicia
emana del pueblo y, por tanto, no podemos confundir la independencia con el
gremialismo. Está bien que la política y la representación popular en un
parlamento tomen la palabra a la hora de aprobar las leyes y de intervenir en
los nombramientos del Poder Judicial. Un comportamiento gremial no es más
democrático que un procedimiento parlamentario.
Y
es aquí donde debemos pasar de los derechos a las responsabilidades. A los
partidos políticos hay que exigirles que rompan con su gremialismo particular y
sus intereses mezquinos. La necesaria presencia política en la justicia sólo es
sostenible si no se confunde con el nombramiento de súbditos y funcionarios que
reciban su premio por haber prestado o prestar servicios a un partido. Los
jueces con carné de fidelidad a la dirección de un partido suponen un daño
difícil de reparar, un atentado al sentido democrático de la justicia. Ese es
el escándalo.
Hay
que exigir también dignidad y decencia a la persona que acepta un cargo. Al
final se trata de una responsabilidad individual. Que un partido o un gobierno
decida un nombramiento, no puede implicar la conversión del nombrado en una
marioneta ridícula y sin orgullo dispuesta a tragar con ruedas de molino.
Por
eso han sido tan ejemplares el comportamiento y el trabajo del juez José Castro
en la imputación de la infanta Cristina por un delito fiscal y de blanqueo de
capitales. El panorama cortesano resulta desolador. Como se ha hecho frecuente
en los últimos tiempos, la fiscalía confunde su papel con el de un abogado
defensor de los acusados. El ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria
parecen un despacho de ingeniería financiera al servicio del defraudador.
Las presiones de la Casa Real y del Gobierno han llegado a unos extremos poco
compatibles con el pudor y la vergüenza pública. En medio de esta paisaje
deprimente, un juez se ha limitado a cumplir con su deber, es decir, a no
hacerse el tonto y a no someterse a la degradación de su propia conciencia.
Muchos
españoles y españolas le debemos gratitud. ¿Habrá recurso? ¿Declarará la
infanta? Lo de menos ya es cómo acabe el caso. Lo demás es saber que hay vida
más allá de la basura.
Fuente: www.publica.es
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