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LA JUNTA ESTATAL REPUBLICANA EXPRESA SU SATISFACCIÓN POR LA IMPUTACIÓN DE CRISTINA DE BORBÓN

Ante la imputación de Cristina de Borbón en el caso Nóos por delitos fiscales y blanqueo de capitales ilegales obtenidos por los negocios sucios de Iñaki Urdangarín, la Junta Estatal Republicana muestras su satisfacción.

España | Tercera Información | 09-01-2014 |

Ante la imputación de Cristina de Borbón en el caso Nóos por delitos fiscales y blanqueo de capitales ilegales obtenidos por los negocios sucios de Iñaki Urdangarín, la Junta Estatal Republicana tiene que realizar las siguientes valoraciones y manifestaciones:

1.- Expresar la satisfacción de la JER por el auto judicial de imputación de Cristina de Borbón y saludar el trabajo impecable y la valentía del juez José Castro que ha continuado en su empeño de investigar las responsabilidades penales de todos los implicados sin exclusión alguna, al margen de su importancia institucional. El auto judicial, de 227 páginas nos parece muy sólido, bien argumentado y preciso. Cualquier otro ciudadano o ciudadana en su lugar, hubiera sido imputado muchísimo antes sin ninguna duda.

2.- La imputación de Cristina de Borbón supone un paso importante en este país donde ni mucho menos la justicia es igual para todos, la cual se ha visto devaluada tras la subida de tasas aprobada por el ministerio de Justicia y tras numerosos escándalos de corrupción que han quedado en la impunidad, o que tras obtener sentencia condenatoria han quedado en la impunidad tras el indulto otorgado por el Gobierno.

3.- Saludar el trabajo impecable de este juez, José Castro, que ignorando las evidentes presiones que por parte de poderosas instituciones de este país como la fiscalía anticorrupción, el gobierno y la propia casa real, se han producido en los últimos meses con el objetivo de buscar la impunidad de la infanta Cristina y el archivo del caso.

4.- Denunciar la actuación obstaculizadora del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, quien tras compartir con el juez Castro la persecución e imputación por delitos similares cometidos por Iñaki Urdangarín, Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, no ha parado de oponerse con insistencia política y no jurídica a la imputación de Cristina de Borbón, con la excusa de que “desconocía” las actuaciones delincuenciales de los otros tres imputados.

Con este tratamiento privilegiado otorgado a la infanta, el fiscal Pedro Horrach no solo ha falta a su deber de persecución de delitos similares de corrupción, sino que ha demostrado un intolerable e injustificado jurídicamente trato de favor hacia Cristina de Borbón, solo explicable en términos políticos, ajenos a los hechos cometidos, y faltando al principio de igualdad de los ciudadanos ante la justicia.

5.- Criticar la intromisión permanente del gobierno Rajoy en esta causa, con el fin de impedir el avance de estos procedimientos. La base de imputación del juez Castro, como se deriva de la lectura del auto judicial, han sido rigurosos informes de la policía y de técnicos de la agencia tributaria.

6.- Denunciar la intromisión de la propia casa real en la independencia judicial de la investigación de esta causa. La Junta Estatal Republicana (JER) quiere salir al paso de las recientes declaraciones del actual jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, director de la Fundación Cajamadrid entre los años 2002 y 2011, quien recientemente ha pedido el cierre judicial de la investigación, criticando ‘el martirio’ que supone su excesiva dilatación en el tiempo.

La JER quiere responder a Spottorno que han sido precisamente todos los obstáculos que la casa real, el gobierno y hasta la propia agencia tributaria han estado poniendo al juez los que han provocado una dilatación en la investigación, y no la instrucción del juez Castro, que por otro lado es juez titular en un juzgado normal de Palma y al que no se ha dotado de más medios que los de su propio juzgado, realizando con éxito una investigación muy compleja, teniendo que instruir a la vez otros muchos casos en el mismo juzgado.

7.- La JER pide a la defensa jurídica de Urdangarín y Cristina de Borbón (la defensa política la ejerce ya el propio gobierno) que puesto que quiere acabar con este “martirio” cuanto antes, no recurra el auto judicial de hoy, para que Cristina de Borbón declare cuanto antes ejerciendo su derecho a defensa, y la justicia pueda dictar sentencia. Esta misma petición la hacemos extensiva a la fiscalía y a la abogacía del Estado.

8.- La Junta Estatal Republicana constata en la vida política española un altísimo descrédito de la monarquía, en gran medida consecuencia del escándalo de corrupción del caso Noós-Aizoón, de las actuaciones del propio monarca y de la crisis interna que atraviesa la casa real entre los partidarios de la abdicación de Juan Carlos de Borbón y/o de la sucesión en Felipe.

9.- La Junta Estatal Republicana (JER) expresa su convencimiento de que ninguna campaña de marketing como la recientemente anunciada en la casa real logrará superar esa decadencia y falta de credibilidad y de confianza de la institución monárquica entre los ciudadanos, y reclama la III República.

10.- La Junta Estatal Republicana (JER) ante el actual estado de cosas, reclama para este 2014 a impulsar un proceso constituyente y republicano que supere el desgobierno, la falta de derechos de todo tipo, y la corrupción generalizada del actual sistema bipartidista y neoliberal-monárquico.

La JER llama al movimiento republicano, a la ciudadanía y a las fuerzas políticas, sindicatos, movimientos sociales, el mundo de la cultura, y cualquier sector e institución que se reclame del republicanismo, como modelo de estado más democrático, a sumarse en una potente marea tricolor a favor de este proceso.

En este sentido, la JER seguirá trabajando por crear un marco de convergencia plural que aglutine al movimiento republicano y creando ciudadanía republicana, para hacer más efectiva la tarea de traer más pronto que tarde la III Republica.

Ninguna monarquía tiene sentido en pleno siglo XXI, y menos una monarquía corrupta, y los ciudadanos, que en un 75% no votaron la constitución de 1978, deben tomar la palabra.