Jurado
popular contra la trama corrupta que restauraba arte sacro
El juez cierra el procedimiento
para sentar en el banquillo a funcionarios de la Xunta, empresarios, curas y el
exobispo de Tui por corrupción en la restauración de arte sacro
Retablo lateral derecha de la
Iglesia de San Francisco de Tui / LALO R. VILLAR
Tras
consumir 3.000 folios de sumario, cuatro años de instrucción de dos jueces y
horas enteras de pinchazos telefónicos, la Operación Retablo —una presunta
trama de corrupción en la restauración de arte sacro y construcción de
albergues para peregrinos entre 2003 y 2009— se encamina a un juicio con jurado
popular. El penúltimo trámite lo firmó el actual instructor de la causa, Luis
Aláez, la víspera de Nochebuena con un auto que recopila la variopinta lista de
imputados. Aparecen los dos funcionarios de la Xunta que la Brigada de Delitos
Económicos del Cuerpo Nacional de Polícia cita en su informe como cabecillas de
la red: el extécnico de la Consellería de Cultura Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa
y el arquitecto del Xacobeo José Manuel Pichel Pichel. Pero también el anterior
cura de la parroquia de Paraños en Covelo, Juan Sobrino, y hasta el exobispo de
Tui José Diéguez Reboredo, que dimitió en febrero de 2010 acuciado por las
sospechas, junto a su compañero de Diócesis y exresponsable de Economía en el
Obispado, Benito Estévez.
También están
citados como imputados el próximo 16 de enero en el juzgado número 3 de
Santiago varios empresarios dedicados a la restauración de iglesias y bienes de
interés cultural que supuestamente pagaban comisiones a la red a cambio de
recibir encargos directamente de la Xunta o a través de la Iglesia, y otros
trabajadores de la Administración. El auto judicial cita la retahíla de delitos
de los que ha acumulado indicios durante el último lustro: “Fraudes y
exacciones ilegales contra la Administración Pública, cohecho, tráfico de
influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y/o abuso en
el ejercicio de sus funciones”. Y concluye, como ya había hecho la fiscalía en
septiembre de 2012, que “procede la conversión del procedimiento abreviado para
el juicio ante el Tribunal del Jurado”. En la vista del próximo día 16 serán
las partes que ejercen la acusación —el ministerio fiscal; la asociación de
vecinos de Paraños como acusación popular (que se considera perjudicada por la
sospechosa venta de una casa rectoral restaurada con cuestaciones entre los
parroquianos al funcionario Carlos Gómez-Gil, que influía en las ayudas de la
Consellería de Cultura) y la Xunta, que se personó ante el presunto fraude de
dinero público— quienes señalen a los acusados e identifiquen los tipos
delictivos que les atribuyen. La última palabra a la hora de decidir quién se
sienta en el banquillo le compete al juez, después de oír a todos.
A lo largo
de la instrucción, el fiscal del caso, Antonio Roma, ha puesto la lupa sobre
los dos personajes centrales de la trama: los funcionarios Carlos Gómez-Gil
Aizpurúa y José Manuel Pichel Pichel, que aparecen en numerosas conversaciones
telefónicas intentando amañar contratos para restaurar bienes de la Iglesia o
construir albergues en el Camino de Santiago. En el sumario abunda la
documentación —entre movimientos de cuentas, y recibos de dinero negro— que ha
llevado a la policía a concluir que ambos se lucraron durante años con las
subvenciones que la Consellería de Cultura otorgó a distintas órdenes
religiosas para restaurar arte sacro y también con los contratos para levantar
residencias de peregrinos. Ambos están acusados de los delitos de cohecho y
tráfico de influencias. Según el informe policial, Gómez Gil, un trabajador
público de la Xunta (luego desplazado a un museo de Cartagena) no pudo
justificar ingresos al margen de su nómina por valor de 122.471 euros entre
1998 y 2008.
Junto a los
dos trabajadores públicos, el fiscal también ha venido acusando durante el
proceso a los empresarios de restauración que presuntamente pagaban mordidas a
cambio de recibir contratos: Ignacio Márquez Vieira, Olga Quintela López,
Carmen Acuña Rey y Manuel López Carballa. Este último, “arruinado y aburrido de
los chanchullos” según él mismo confesó a la policía, tiró de la manta en
diciembre de 2009. Contó a los agentes con pelos y señales los procedimientos
de la red. Citó, por ejemplo, una obra en la que fue contratado para restaurar
patrimonio del Obispado de Tui: la Diócesis encargó el trabajo al estudio
privado de arquitectura que Pichel tenía en Pontevedra y éste, “como forma de
agradecer el favor”, logró que la empresa pública Xacobeo (donde trabajaba como
técnico) habilitase una partida de dinero público para subvencionar a la
Iglesia. “De esta forma todo el mundo sale beneficiado: el Obispado hace su
obrita subvencionada, Pichel se lleva su parte por los proyectos y Carlos
[Gómez-Gil Aizpurúa] hace de intermediario en todo”, declaró.
La policía
concluyó que ese tipo de amaños se repitieron en decenas de contratos para
rehabilitar patrimonio eclesiástico de Ourense y Pontevedra. Según han
constatado informes periciales de técnicos de la Xunta, en muchos casos el
patrimonio acabó arruinado, víctima de las chapuzas.
Las escuchas
también involucran a varios curas del Obispado de Tui, que sin saber que
estaban siendo grabados, reconocieron haber engañado a la policía para tapar la
trama. El cura de Lérez, por ejemplo, a quien en el sumario se identifica como
don Crisanto, corrió a llamar al imputado Carlos Gómez-Gil en cuanto recibió la
visita de los agentes. A través de su móvil lo puso sobre aviso de las
pesquisas y se confesó: “Preguntaron por el nombre suyo y yo traté de ser parco
y prudente, no dije mentira, pero no dije toda la verdad ni mucho menos”.
El fiscal de
momento ha evitado acusar a los representantes de la Iglesia. Pese a ello, la
anterior cúpula de la Diócesis de Tui permanece imputada. Lo está el exobispo
José Diéguez Reboredo y su mano derecha y responsable de los asuntos
económicos, Benito Estévez. Los dos están involucrados en la rocambolesca venta
de una casa rectoral en la aldea de Paraños al funcionario de la Xunta Carlos
Gómez-Gil. Esa operación fue la que destapó los manejos de la trama y la que
permite ahora a la asociación vecinal de esa aldea de Covelo ejercer la
acusación popular tras abonar una fianza de 200 euros en el juzgado. Fueron los
fieles de la parroquia los que denunciaron en 2009 que el cura de Paraños, Juan
Sobrino, había decidido vender por 60.000 euros al funcionario de la Xunta la
vivienda (con sus 4.500 metros cuadrados de finca) que el vecindario había
contribuido a mantener con donaciones voluntarias.
La indignación corrió de boca en
boca cuando en el vecindario se supo meses después que tras restaurar la casa y
construir una piscina su nuevo propietario la había sacado a la venta en
Internet por 680.000 euros. En el momento de poner el anuncio inmobiliario, su
comprador no había abonado un céntimo al Obispado. El informe policial concluye
que fue un regalo de la Iglesia “a cambio de los favores prestados” por Cárlos
Gómez-Gil desde la Consellería de Cultura en forma de ayudas a la Diócesis. La
brigada de delitos económicos sospecha algo más: que parte de la rehabilitación
del inmueble la acometieron gratis empresas a las que la trama adjudicaba
obras. En cuanto estalló el caso, el funcionario devolvió la casa al Obispado
en 2012. Los vecinos no se conforman y quieren a los cargos eclesiásticos
sentados en el banquillo. La decisión compete al juez.
Fuente: www.elpais.com
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