La
consejera afirma que la impugnación de la Ley de Vivienda pretende ocultar el
“fracaso” de la moratoria estatal
Vivienda |
Tercera Información | 13-01-2014 |
La consejera
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha acusado hoy al
Gobierno central de “actuar cobardemente” y le ha exigido que “dé la cara y
explique si ha presentado ya” el recurso contra la Ley de Medidas para asegurar
la Función Social de la Vivienda, “cuándo lo ha hecho y en defensa de qué
intereses”. “La Ley es perfectamente constitucional y se apoya en la función
social del derecho de propiedad. El recurso obedece a motivos inconfensables,
como la defensa de la élite financiera y de los especuladores de la vivienda a
costa de castigar a las víctimas de la crisis, a trabajadores desempleados,
avalistas, autónomos, precarios y pensionistas”, ha señalado la consejera, que
ha afirmado que el recurso contra la Ley es “el colmo de la crueldad y la
cobardía”. “Tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como la ministra de
Fomento, Ana Pastor, competente en materia de vivienda, así como la
representación del Gobierno en Andalucía guardan el silencio de la vergüenza”,
ha dicho.
Cortés ha
asegurado que el Gobierno ha impugnado la norma “porque funciona, porque es
efectiva, porque demuestra que hay alternativa a sus políticas y porque pone en
evidencia el fracaso total de su moratoria para evitar desahucios”. “Están
escondidos porque no se atreven a explicar un recurso que da vía libre a bancos
y fondos buitre para desahuciar a familias empobrecidas por la crisis estafa y
para especular con la vivienda”, ha señalado Cortés, que ha advertido también
de que la impugnación impedirá sancionar a bancos e inmobiliarias por mantener
viviendas vacías, “una medida que perseguía abaratar el acceso a la vivienda
mediante el alquiler”. “Este recurso dificulta y encarece el acceso a una
vivienda digna y adecuada”, ha añadido.
La Ley, en
vigor desde el 9 de octubre, ha permitido llevar a cabo la expropiación
temporal del uso de 39 viviendas para evitar el desahucio de otras tantas
familias en riesgo de exclusión social: 15 en Málaga; 6 en Granada; 5 en
Sevilla; 5 en Córdoba; 3 en Almería; 3 en Almería; y 2 en Huelva. La Consejería
de Fomento y Vivienda ultima unos 200 expedientes de expropiación más, que iban
a ser remitidos al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) conforme
concluyera su tramitación previa.
Cortés ha
destacado la “efectividad” de la norma, que ha permitido aceptar el 80% de las
solicitudes de expropiación presentadas, y ha instado al Gobierno a explicar
“cuánta gente se queda fuera de su moratoria embudo, que deja fuera
prácticamente a todos los solicitantes”.
Los recursos
del presidente del Gobierno contra normas autonómicas invocando el artículo 161.2
de la Constitución provocan su suspensión automática, sin que el Tribunal entre
al fondo del asunto, ha recordado Cortés, que ha señalado que cuando la
Consejería reciba la notificación de la suspensión de la norma “solicitará de
inmediato el levantamiento” de la misma sin agotar el plazo máximo de cinco
meses, “al quedar desprotegidos derechos fundamentales”. Igualmente, la
Consejería remitirá formalmente escritos a los juzgados que instruyen los casos
de los 37 expedientes de expropiación publicados y que aún no han sido
culminados por el Consejo de Gobierno para informar de que dichas familias se
encuentran acogidas a medidas de protección del Gobierno andaluz.
Cortés ha
subrayado que el recurso no supondrá la suspensión de toda la Ley, sino sólo de
los artículos impugnados. “La Consejería continúa intermediando para propiciar
mediante incentivos la salida de miles de viviendas en manos de propietarios
particulares en alquiler y garantizando la función social de las viviendas
protegidas”, ha apuntado la consejera, que ha recordado que el Plan Andaluz en
Defensa de la Vivienda ha evitado más de 3.200 desahucios en sólo un año. “No
vamos a dar tregua”, ha insistido Cortés, que ha destacado el Plan de Vivienda
y Rehabilitación, los proyectos de alquiler compensado y la paralización de
todos los desalojos en el parque público como “medidas que evidencian que el
Gobierno, por mucho que lo intente, no puede ocultar que hay alternativa”.
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