El New York Times se hace eco de la difícil
situación a la que se enfrentan los pequeños productores de energía solar tras
el “abrupto” cambio de rumbo del Gobierno, que, además, le resta credibilidad
de cara a captar futuros inversores.
Miles de
inversores de energía solar, tanto grandes como pequeños, se enfrentan a la
insolvencia, según avisa el prestigioso diario neoyorquino en un amplio
reportaje publicado el pasado día dos de enero y que llevó en portada en su
edición europea. El NYT apunta además a que igual de preocupante puede resultar
que las nuevas cargas sobre los autoproductores puede desencadenar una carrera
entre los propietarios de los paneles solares para encontrar formas de vender o
utilizar su electricidad sin depender de la red eléctrica nacional en absoluto,
lo que reducirá aún más la base de clientes.
Tampoco es
probable que el abrupto cambio de sentido del Gobierno español vaya a ir bien
para los futuros inversores, señalan los expertos consultados por el NYT.
“Cuando un gobierno cambia los términos de los contratos existentes, se trata
de un mal movimiento”, señala al diario Toby Couture, un consultor de energía
solar de E3 Analytics en Berlín, que cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy va
a tener problemas cuando quiera desarrollar asociaciones público-privadas para
financiar plantas de tratamiento de agua, carreteras u oleoductos, por ejemplo.
“Hay razones
por las que vivimos por reglas de contrato”, destaca. “Si cambias las reglas
del juego después de un tiempo, tus amigos no quieren jugar. El Gobierno ha
perdido credibilidad”, sentencia.
España tiene
buenas razones para acometer una reforma energética, destaca el rotativo, que
se hace eco del déficit de unos 30.000 millones de euros por no haber
traspasado durante años los costes de la producción de la electricidad a los
consumidores. Sin embargo, la norma trae recortes tan drásticos como la
reducción de los pagos a los casi 60.000 productores de energía solar, 50.000
de los cuales son pequeños inversores.
Por lo
pronto, apunta el New York Times, muchos de estos inversores ya han
comenzado a acudir a los tribunales. Sus abogados defienden que la ley original
garantiza específicamente una tarifa de 58 céntimos por cada kilovatio- hora
para los próximos 25 años y el 80% de eso durante los años siguientes.
Asimismo, apuntan a que la norma establecía que cualquier cambio futuro podría
afectar sólo a nuevas instalaciones.
“La ley fue
redactada de una manera muy segura”, señala al diario Piet Holtrop, un abogado
de Barcelona en representación de cerca de 1.200 inversores, que van desde
particulares a pequeños ayuntamientos. Mientras, varios grandes inversores han
decidido llevar a España ante la agencia de arbitraje del Banco Mundial.
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