La confusión viene de
pensar que el capital riesgo es suficiente para que surjan los brotes verdes de
la innovación. La realidad es la contraria: tras la mayor parte de los éxitos
tecnológicos están los Gobiernos
EULOGIA MERLE
Al menos durante los últimos 30
años, la escuela económica conocida como de “agua dulce” (conservadora) se ha
ensañado con un tema en particular: la incompetencia del Estado. De sus
instituciones, su burocracia, sus programas de gasto. La crítica es aún más
acentuada cuando se trata de la participación del Estado en temas de
investigación, desarrollo e innovación. El Estado, según esta visión y
especialmente en este caso, se debería de limitar a recitar el famoso mantra: laissez-faire,
laissez-passer. Esto es, establecer las condiciones de competencia básicas
y retirarse para que los mercados hagan su magia. Buena parte de la ideología
conservadora moderna, de este y del otro lado del Atlántico, se ha construido
más en repetir esta mentira 1.000 veces que en demostrar empíricamente la
supuesta eficacia del repliegue del Estado.
Un debate fundamental, en un
momento en el que el Gobierno recorta presupuestos de investigación como si no
hubiera un mañana y no cuenta con una estrategia de largo plazo para colocar a
España en el centro de la economía del conocimiento y la innovación.
La entelequia ideológica de la
incompetencia del Estado se cae en pedazos, sin embargo, cuando miramos con
detenimiento la evolución del espacio de la tecnología, la innovación y el
papel del Estado durante el último medio siglo. Temas cruciales para el
desarrollo económico como la creación de fuentes de energía, el transporte, la
investigación y el desarrollo en ciencia básica y aplicada, la incubación de
nuevas tecnologías, entre muchos temas más, apuntan precisamente en el sentido
contrario. No solo el Estado ha sabido invertir recursos de manera estratégica
y promover tecnologías críticas para el desarrollo económico; sin su
participación directa, muchas de las innovaciones más importantes de las
últimas décadas nunca hubieran visto la luz del día.
Ya en 1926, en su ensayo The end
of laissez faire: the economic consequences of the peace, Keynes lo
apuntaba: “Lo importante no es que el Gobierno haga las mismas cosas que los
individuos ya están haciendo, que las haga un poco mejor o un poco peor; lo
importante es que haga aquellas cosas que nadie está haciendo en el presente”.
Y eso, precisamente, es lo que hicieron algunos Gobiernos a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX. Comenzando por el estadounidense.
Las
Administraciones de EE UU han sido de las más activas en la apuesta por
sectores estratégicos
Como pocos otros, el estadounidense
ha sido uno de los más activos cuando se trata de invertir y apostar por
sectores estratégicos. Sobre todo aquellos relacionados con la innovación y las
nuevas tecnologías. La lista es inabarcable. Pero un breve repaso ilustra su
importancia y extensión: desde la tecnología que permite ubicar el restaurante
más cercano en un iPhone (Departamento de Defensa), hasta la que permite dar
una instrucción de voz a un programa informático (Departamento de Defensa);
pasando por las curas más eficaces contra el cáncer (National Institutes of
Health). La investigación en energías renovables (American Recovery and
Reinvestment Act; en China, el China Development Bank; en Brasil, el Banco
Nacional de Desenvolvimento); el desarrollo de la infraestructura y los
protocolos que se convirtieron en Internet (Departamento de Defensa). La
tecnología detrás de la pantalla táctil de cualquier dispositivo móvil
(Departamento de Defensa: sus orígenes están en la competencia entre Gobiernos
durante la guerra fría). Son otros tantos ejemplos que fueron financiados y
desarrollados inicialmente con recursos del Estado. Y esto por no hablar de la
NASA y las incontables innovaciones que han surgido de los laboratorios de la
agencia espacial (solo las llamadas “punta alar” al final de las alas de los
aviones comerciales —desarrolladas por la NASA— ahorran miles de millones en
combustible al año a la industria aeronáutica). O del CERN en Europa, uno de
los laboratorios más avanzados del mundo.
Fue financiación estatal, también
(en este caso de la National Science Foundation), la que permitió que dos
ingenieros desconocidos trabajaran en el algoritmo que descifró la forma más
efectiva de clasificar la web —mucho antes de que encontraran la fórmula
comercial para fundar Google y convertirla en una de las compañías más
rentables del mundo—. Lo mismo sucede en sectores como el farmacéutico (NIH),
de nanotecnología (National Nanotechnology Initiative) y biotecnología (NIH
nuevamente; o el Medical Research Council en Reino Unido). Según cálculos del
MIT, en estos tres sectores el capital riesgo llega entre 15 y 20 años después
de que fondos públicos hubieran establecido bases de investigación confiables para
el capital privado. Un dato que en pocas ocasiones toma en cuenta el Estado
cuando diseña políticas de I+D de largo plazo.
A una conclusión similar llega la
investigadora de la Universidad de Sussex Mariana Mazzucato, en un fascinante
nuevo libro titulado The entrepreneurial State: debunking public vs. private
sector myths (Anthem, 2013), una explicación amplia sobre el papel del
Estado en la innovación.
La confusión sobre el papel del
Estado viene principalmente de la veneración ciega y absoluta por lo que se
conoce como venture capital (capital riesgo). De pensar que es la única
y monolítica fuente de financiación. De que solo se puede conseguir en el
ámbito privado y que solo hace falta promover un sector nacional de capital
riesgo potente para que los brotes verdes de la innovación comiencen a surgir
por todas partes.
Creer
en mentes brillantes que tienen
un
eureka en su garaje
es
ingenuo y simplista
Cualquier análisis serio sobre los
orígenes de la innovación apunta en la dirección contraria. Detrás de la mayor
parte de los éxitos tecnológicos más importantes ha estado, invariablemente, la
mano de la inversión estatal. Lo que algunos llaman capital riesgo público. Un
tipo de inversión más estable, menos centrada en la cuenta de resultados de
corto plazo, la especulación bursátil, aspectos comerciales y, más importante
aún, enfocada en la innovación en el ámbito público. En utilizarla para
resolver los grandes problemas sociales —y no solamente financiar las
tecnologías comercialmente más rentables—.
Lo hace, sobre todo, creando lo que
los economistas llaman “sistemas de innovación”. Es decir, “redes de
instituciones, públicas y privadas, cuyas actividades e interacciones inician,
importan, modifican y propagan nuevas tecnologías”. O, dicho de otra manera, la
forma en la que se establecen los cimientos de una economía del conocimiento.
La base a partir de la cual se construyen compañías y riqueza privada; la
plataforma común de lanzamiento de tecnologías e industrias más sofisticadas
(en muchos sentidos compañías como Apple, Google y la mayor parte del sector
farmacéutico y aeroespacial, entre varios otros, podrían considerarse free
riders de los sistemas de investigación del Estado).
Partimos, entonces, de una visión
claramente distorsionada del origen de la innovación y el papel del mercado en
una economía competitiva moderna. Sí, el capital privado es fundamental para
desarrollar ideas, impulsar nuevas industrias y generar riqueza. Pero, de la
misma manera —o incluso más importante—, el capital riesgo público es el que
suele germinar el proceso y establecer la plataforma común amplia (en ocasiones
prácticamente invisible).
Pensar que la innovación es un
proceso puramente individual en el que mentes brillantes tienen un eureka en el
garaje de sus padres no solamente es ingenuo, es tremendamente simplista y, al
final de cuentas, terrible política de Estado. Las innovaciones con mayor
impacto social siempre han formado parte de una compleja red de decisiones y
cadena de pequeños pasos graduales de las que el Estado ha sido el impulsor
clave.
Se puede ser un Estado liberal que
deje a su suerte la investigación y el desarrollo; se puede ser también uno
estatista que intente controlar y dirigir la economía desde las alturas; y,
también, uno que diseñe políticas inteligentes y flexibles que establezcan
sistemas de innovación que garanticen una base para que las empresas privadas
prosperen sirviendo los intereses públicos. En esta época de crisis y
redefiniciones, ¿qué modelo quiere seguir España?
Diego Beas es autor de La
reinvención de la política (Península, 2011) y fue investigador invitado
del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford (2012-2013).
Fuente: www.elpais.com
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