A propósito de la
prohibición de la manifestación en Euskadi.
Artículos de Opinión | Editorial de Canarias-semanal.org |
12-01-2014 |
El
Ejecutivo ultraconservador de Mariano Rajoy, a través de la Audiencia Nacional,
ha prohibido la manifestación que iba a tener lugar en Euskadi este sábado 11
de enero. En esta ocasión, al igual que en tantas otras, el instrumento
operativo ha sido el conocido juez ultraderechista Eloy Velasco, un antiguo
servidor del Partido Popular en la Administración de una de las Comunidades
autónomas más corruptas.
El
argumento que se ha usado para prohibir la manifestación está montado sobre un
"razonamiento” jurídico miserable. En el auto del juez, que se asemeja
mucho en el estilo a las proclamas que a principios de los años 50 lanzara el
famoso senador norteamericano Joseph McCarthy, infiere que “si bien la
convocatoria de manifestación es aparentemente inocua, no puede
consentirse" porque existe una resolución que prohíbe las actividades de
una de las organizaciones pro Derechos Humanos que llamaba a manifestarse,
"y que con esta convocatoria lo que se pretende es violar la resolución
judicial". Eloy Velasco añadió, además, que "las actuaciones que en
sí mismas no podrían ser calificadas como actos terroristas, sin embargo,
obedecen a consignas".
El
hilo del razonamiento para prohibir la manifestación carece de sentido incluso
para aquellos no habituados a manejar resoluciones judiciales. Forma parte de
la jerga argumental vacía de la antigua judicatura franquista. En realidad, lo
que sucede es que el viejo aparato de la dictadura ha sido heredado no solo a
través de la propia Jefatura del estado, sino también de la genealogía de sus
prebostes y legatarios ideológicos.
La
tensión social que ha caracterizado estos últimos años en el Estado español ha
contribuido a clarificar ante el conjunto de la sociedad el auténtico papel que
han jugado las instituciones, las organizaciones políticas y también los
sindicatos afectos al sistema. Como si de una fachada de cartón piedra se
tratara, uno tras otro han ido cayendo a un ritmo históricamente vertiginoso,
inconcebible.
Unas
veces lo han hecho bajo el peso abrumador de la corrupción. En otras, porque
las instituciones afectadas ni siquiera pudieron cumplir los mínimos que le
exigía el articulado de una Constitución hecha ad hoc para forzar el enlace
entre una dictadura fascista y una hipotética democracia. A la postre, la farsa
ha quedado al descubierto. Apenas la sociedad se ha puesto en marcha
prescindiendo del tutelaje de las organizaciones políticas del sistema, las
luces de alarma del Régimen monárquico han comenzado a centellear. Una oleada
de leyes, disposiciones legales, represión, prohibiciones y mutilación de
derechos han acudido a salvaguardar la integridad del sistema y de los
intereses de las clases sociales que lo administran.
Se
equivocan los que reducen los efectos de la prohibición a la geografía de
Euskadi. En el País Vasco ya no hay lucha armada que pueda ser utilizada como
argumento para barrer a los movimientos sociales. Lo que este fin de semana ha
sucedido allí es una severa advertencia para las organizaciones ciudadanas del
resto del Estado que han decidido emprender la lucha para defender sus
derechos. Y así debiera ser entendido. Porque, de lo contrario, si esta
sociedad sigue manteniéndose inerme y desmovilizada ante los ataques brutales
provenientes de los actuales albaceas de la pasada dictadura, el retorno a la
clandestinidad será lo que nos depare el próximo futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario