Asistimos
a un bloqueo, con el President Mas volcado en una estrategia de confrontación,
y con un PP, en frente, aferrado a una concepción inmovilista de la
Constitución de 1978.
nuevatribuna.es
| Por Odón
Elorza | 13 Enero 2014 - 12:24 h.
Un problema
de Estado que exige reformar la Constitución
No resulta
fácil ser optimista sobre el conflicto que vive Catalunya al comprobar que el
Presidente Rajoy, que debería haber hecho el mayor esfuerzo desde la política
para buscar la salida del laberinto es quien más ha contribuido a llegar a esta
situación de desapego recíproco. ¿Acaso se puede pedir a un pirómano que ayude
a apagar sus propios fuegos? Es constatable que la irresponsabilidad y falta de
talla de Rajoy tienen que ver con la estrategia de la FAES seguida por Aznar,
Wert y la caverna mediática. Porque fue el PP quien en medio de una feroz
campaña anticatalana recurrió en 2006 ante el Tribunal Constitucional el nuevo
Estatut con la excusa de que "España se rompe".¡Qué ironía!
Al juego
suicida de enfrentar territorios se han ido sumando otros factores de gran
carga emocional. Me refiero a las acusaciones victimistas de los soberanistas
con la teoría de que "España nos roba" que han encontrado gran eco
entre la ciudadanía aprovechando el drama de la pobreza de miles de familias,
el rechazo a la involución que supone el modelo de sociedad del PP así como la
sensación de agravio y frustración extendida en Catalunya tras el inaceptable
"cepillado" del Estatut por el Tribunal Constitucional tras cuatro
largos años de espera.
El resultado
es la devaluación total de la autonomía, la fractura de la convivencia y el
final de la hegemonía del "catalanismo puente" pasando a ocupar la
centralidad un soberanismo radical que busca la secesión unilateral. Vivimos en
una coyuntura ideal para excitar el sentimiento nacionalista con guerra de
banderas, negación del pluralismo real y supremacia de las identidades
excluyentes. Además, la desafección hacia la marca España se potencia gracias
al esperpento que proyectan La Moncloa y otros círculos "reales" y económicos
manchados por la corrupción y por una gestión injusta de la crisis
económica-financiera. Definitivamente a muchos catalanes, también a los no
independentistas, les entran ganas de alejarse de esta España rancia pensando
que así encontrarán el paraíso, aunque olvidan que el PP y CiU comparten
políticas antisociales y arrastran casos de corrupción.
Haciendo
autocrítica, es verdad que desde el PSC y el PSOE no supimos preveer lo que se
avecinaba en Catalunya, ni abordar un nuevo sistema de financiación autonómica
ni reforzar el autogobierno de acuerdo con el Estatut aprobado por dos
Parlamentos y por los catalanes en referendum. Nos faltó unidad de mensajes
entre socialistas de diferente sensibilidad y músculo para responder como
tercera vía a los ataques políticos y mediáticos del soberanismo de
"Palau" y del independentismo de ERC que rechazó el Estatut. Pero es
de justicia reconocer el papel clave desarrollado por el PSC durante décadas en
la modernizacion y cohesion social de Catalunya y su iniciativa, de la mano de
Maragall, de reforzar el autogobierno.
Lo cierto es
que la búsqueda de una solución se ve agravada por las dificultades económicas
que supone la crisis, la cerrazón del nacionalismo español y el pacto del otro
nacionalismo sobre los confusos términos de una consulta imposible de realizar
desde el punto de vista legal. Esta realidad explica la idea generalizada de
que el problema nos ha superado a todos y que sería tarde para encontrar una
solución no traumática para ninguna de las partes. Sin embargo, no deberíamos
interiorizar la impresión de que la situación de Catalunya no tiene una salida
negociada, ni podemos ser los socialistas quienes aceptemos la derrota de la
política. Tampoco nos pondremos de perfil o en una actitud defensiva aferrados
a unos argumentos de pura legalidad, muy respetables pero insuficientes en
democracia cuando se trata de evitar una ruptura de consecuencias
imprevisibles.
Sabemos cual
es la legalidad vigente y lo que dice la Constitución sobre en quien reside la
soberanía. Reconocemos la imposibilidad de que hoy ampare una consulta
reclamada en la calle por la mayoría de la sociedad de Catalunya y, menos aún,
una secesión unilateral. Es innegable que en el derecho internacional la
autodeterminacion, ahora rebautizada como derecho a decidir, está pensada para
casos de antiguas colonias como el Sahara español y no para Catalunya, Euskadi
o Escocia. ¿Pero qué pasaría tras unas elecciones plebiscitarias convocadas por
Mas con un resultado aplastante para los partidos que defiendan en su programa
la independencia? ¿Qué haría Rajoy al dia siguiente? ¿Cómo se entendería el
resultado en Europa? Necesitamos dibujar escenarios, adelantar respuestas y,
sobre todo, no dejar pasar más tiempo sin concretar nuestra alternativa
(cultura federal = la cooperacion desde la diversidad) dentro de un
proceso participativo abierto a fuerzas políticas y movimientos ciudadanos.
Una
propuesta para salir del bloqueo desde la política
Por eso
defiendo la busqueda, sin dilación, de un Pacto de Estado sobre un nuevo encaje
de Catalunya en España y Europa, así como una fórmula para que los catalanes
puedan expresar su voluntad en el marco de una reforma constitucional que
desarrolle la cultura federal. En los casos de Quebec y Escocia, la madurez
democrática de las partes y la cultura política de sus instituciones han hecho
posible procesos negociados y aprobar mecanismos de consulta que
garantizan la expresión de la voluntad democrática de la ciudadanía, como la
Ley de la Claridad en Canadá. Porque a la vez que es exigible el respeto a la
legalidad hay que intentar dar cauce a la voluntad de participación ciudadana a
la hora de solucionar un conflicto; son dos principios que tienen que ver con
el derecho y la política y que debemos conectar porque forman parte de las
reglas de la democracia.
Por eso
reitero, a quien me quiera escuchar, que es tiempo de unidad entre las familias
socialistas y de lanzar iniciativas pedagógicas para explicar, a partir de las
bases contempladas en la Resolución de Granada, las ventajas y cómo entendemos
la convivencia, el pluralismo, la soberanía e identidades compartidas y el
modelo federal que propugnamos. Con estos ideales podremos convencer de la
necesaria evolución del Estado Autonómico y de profundizar en la dirección de
un federalismo europeo de cooperación, pluralista y solidario. Y ello sin merma
de la asimetría que requiere nuestro proyecto por respeto a los hechos
diferenciales de las nacionalidades históricas. Contamos con las referencias de
otros Estados Federales compuestos y asimėtricos como Alemania con el
Estado libre de Baviera o Canadá con el de Quebec.
Asistimos a
un bloqueo, con el President Mas volcado en una estrategia de confrontación
para reducir distancias electorales respecto a ERC y vendiendo fábulas
secesionistas, y con un PP, en frente, aferrado a una concepción inmovilista de
la Constitución de 1978. Y nos corresponde a los socialistas liderar un
proyecto de Estado, una tercera vía política que apuesta por una reforma
constitucional consensuada, siempre al margen de amenazas indisimuladas. Esto
obliga a sentar en la mesa a los dos gobiernos para negociar un sistema más
equilibrado de financiación que tenga en cuenta las cautelas temporales que
impone la crisis, garantizar el respeto a las singularidades e identidad plural
de los catalanes y fijar con lealtad las bases del estatus para Catalunya.
Este grave
problema de la arquitectura territorial del Estado se suma al de la
regeneración democrática pendiente, a la crisis de empleo y a la involución en
derechos y libertades que nos afecta a todos. Es necesaria una visión y una
solución de conjunto que exige reformar la Constitución para redefinir el
autogobierno en un nuevo vínculo entre Catalunya y España así como para
perfeccionar el funcionamiento y financiación del Estado Autonómico
incorporando las claves del sistema federal de cooperación.
La reforma
permitirá también reescribir los artículos tabúes de la Transición con el
reconocimiento formal de la realidad nacional de Catalunya (y Euskadi ..) en un
Estado plurinacional y pluricultural. El proceso negociado de reforma
constitucional deberá superar un referéndum que obtenga la aprobación,
"necesariamente", de la ciudadanía catalana y del conjunto de la
española. Sin duda estamos hablando de un modelo de consulta a la ciudadanía
catalana aunque diferente del que ahora se pretende, una consulta más inclusiva
y con mayores garantías democráticas.
Por Odón
Elorza | Diputado Socialista por Gipuzkoa
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