Bélgica fuerza la salida de comunitarios considerados una “carga
excesiva” para el Estado
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Protesta
en Bruselas contra la secretaria de Estado de Inmigración. / FRANÇOIS LENOIR (REUTERS)
El sueño europeo de establecerse libremente en cualquier país
miembro sin dar explicaciones se ha topado con la realidad de la crisis. Las
estrecheces económicas han llevado a algunos Estados comunitarios a reforzar un
derecho reconocido de manera muy ambigua por la legislación de la UE: expulsar a los ciudadanos de otros países
miembros que representen una “carga excesiva” para el sistema. Se trata de una
medida más efectista que eficaz que contemplan en sus leyes casi la mitad de
los Estados miembros. Pero en la práctica es imposible certificar la expulsión
de un comunitario y, sobre todo, impedirle que vuelva.
Bélgica es uno de los países que ha
regulado —y endurecido— esa posibilidad. Este país, reconocido por la Comisión Europea
como uno de los más generosos en las políticas de asilo para refugiados de
terceros países, ha acelerado la práctica, hasta hace poco residual, de
expulsar a ciudadanos comunitarios. Aunque los datos iniciales apuntaban a un
número menor, las autoridades belgas expidieron la orden de salida a
4.812 ciudadanos de la UE el año pasado, según datos suministrados por la
Oficina de Extranjería del Ejecutivo belga.
La cifra de afectados con pasaporte europeo duplica la del año
anterior y representa algo más del 9% del total de extranjeros que tuvieron que
abandonar el territorio por no disponer de medios suficientes para mantenerse.
Un porcentaje nada despreciable para una práctica que bordea la legalidad
comunitaria.
Los españoles ocupan un lugar destacado en esta clasificación. En
2013 fueron la quinta comunidad más expulsada, por detrás de rumanos, búlgaros,
holandeses y franceses. En total, 291 personas de nacionalidad española
recibieron la orden de abandonar Bélgica.
Pero mostrar la puerta de salida a un europeo de pleno derecho no
es lo mismo que hacerlo a cualquier otro extranjero. Una portavoz de la Oficina
de Extranjería explica las diferencias. Cuando las autoridades demuestran que
el afectado representa “una carga excesiva” para el sistema social (por
ejemplo, si no ha trabajado durante mucho tiempo y, en cambio, consume ayudas
sociales), emiten una orden de expulsión, que puede ser aceptada o no. En caso de
resistencia, Bélgica no ejerce el recurso a la fuerza; no mete al ciudadano en
un avión ni lo priva de su libertad. Simplemente le cierra todos los cauces
oficiales en un país en el que es fundamental disponer de un contrato de
arrendamiento (o de adquisición de vivienda) para darse de alta en el
Ayuntamiento y acceder a la sanidad, a la educación y a todas las prestaciones
sociales que ofrece el territorio.
“No se les expulsa por la fuerza. Simplemente se les borra del
registro oficial”, explica la portavoz, que subraya que estas personas quedan
condenadas a vivir en la clandestinidad si no vuelven a su país de origen. Pero
nada les impide quedarse en el territorio, emigrar a otro país comunitario e
incluso ingresar de nuevo en Bélgica. Además, siempre tienen derecho a recurrir
y retrasar de ese modo el proceso.
Tanto en Bélgica como en el resto de los Estados miembros, el
ciudadano está completamente protegido durante los tres primeros meses de
estancia en el país de acogida. A partir de ese periodo, debe acreditar alguna
de estas cuatro condiciones: que trabaja (o que busca activamente empleo en el
caso de haber quedado en paro), que tiene suficientes medios para vivir —así
como un seguro de salud—, que está estudiando o que va a reunirse con algún
otro familiar que cumple las condiciones mínimas. En ninguno de estos supuestos
puede el Estado objetar la residencia. Y, transcurridos cinco años, tampoco
podrá retirarla aunque no cumpla los requisitos, porque se considera que el
ciudadano ya tiene arraigo en el país. Además, las comprobaciones que hacen las
autoridades no pueden ser sistemáticas, sino limitadas a un calendario
establecido.
El proceso es muy diferente para los inmigrantes ajenos a la UE.
Los funcionarios de Extranjería certifican que el ciudadano con orden de
expulsión haya abandonado el país y, en casos extremos, se les lleva a centros
de detención donde esperan a ser deportados.
Esa posibilidad es impensable en ciudadanos comunitarios, aunque
la ambigüedad de la directiva que regula sus derechos de residencia hace que al
menos 13 países de la Unión —entre ellos, además de Bélgica, Alemania, Francia,
Italia, Austria e Irlanda— practiquen expulsiones. El texto explicita que los
ciudadanos europeos podrán vivir libremente en otro país de la UE siempre que
no se conviertan en “una carga excesiva para la asistencia social del Estado de
acogida”. Sin embargo, cuando alude a los motivos que podrían propiciar la
expulsión, únicamente se refiere a asuntos sanitarios —una enfermedad
contagiosa, por ejemplo—, de seguridad o relativos al orden público y cierra la
puerta a la expulsión automática en caso de que el ciudadano recurra a la
asistencia social.
Isabel Villar, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de
Cádiz, explica que lo que se produce en Bélgica y en otros Estados es una
incorrecta interpretación de la expresión “excesiva carga para el país”. Villar
argumenta que, en caso de expulsión, las autoridades deben detallar
“exhaustivamente” las razones en las que basan su decisión y deben aplicar el
criterio de proporcionalidad, sobre todo si se trata de una familia con hijos
pequeños.
En cualquier caso, esta experta aclara que el hecho de acceder a
los servicios sociales en el país de acogida “no puede conllevar la expulsión
inmediata de ningún ciudadano; al menos no de forma automática”.
Más tajante se muestra Pablo González, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que considera estas
expulsiones como una posibilidad “expresamente prevista” en la norma comunitaria,
aunque pide analizar “escrupulosamente” los abusos que se puedan estar
produciendo.
Un
portavoz comunitario respaldaba esta semana esa versión al asegurar que las
expulsiones en Bélgica están amparadas por el derecho comunitario.
La Comisión intenta frenar el
fenómeno
L. A. / I. F.
Bruselas lleva meses recordando a los
Estados miembros lo que debería ser obvio: que la libre circulación de
ciudadanos es un pilar básico de la UE y que, con cifras en la mano, la movilidad
ha generado muchos más beneficios que perjuicios al proyecto comunitario. Pero
el populismo que monopoliza el debate público en algunos países prende tan
deprisa que la Comisión Europea se ve obligada a aplacar las inquietudes de
algunos gobernantes.
Con esa intención, el comisario de Empleo y
Asuntos Sociales, László Andor, presenta hoy una guía práctica para discernir a
qué Estado corresponde, en cada caso, proveer la seguridad social al ciudadano
residente en un país miembro. Bruselas intenta definir mejor el concepto de
residencia habitual y acotar los derechos que lleva asociados.
La publicación ilustrará sobre casos
prácticos para acallar el malestar creado en países como Reino Unido, Alemania
y Holanda acerca del mal llamado turismo de prestaciones, que supuestamente
realizan los europeos más pobres. Invirtiendo los términos del caso típico, la
Comisión aclara, en un adelanto del documento que se hace público hoy, que si
un británico se retira a Portugal y pasa la mayor parte de su tiempo allí, su residencia
habitual será ya portuguesa, aunque mantenga inmuebles y otros lazos en Reino
Unido.
Fuente: www.elpais.com
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