Cerca ya del punto
de no retorno, los Gobiernos tienen la obligación y la responsabilidad
democrática de hallar líneas de negociación que den una salida razonable al
conflicto planteado por el “encaje” de Cataluña
EDUARDO ESTRADA
Para la democracia española, el
comienzo del nuevo año no altera el núcleo básico de sus problemas:
articulación y calidad institucional, y dentro del mismo, con entidad propia y
ahora estelar, el “encaje” de Cataluña. No es este, desde luego, un problema
solo catalán. La estructura territorial del Estado no es una cuestión que
concierna exclusivamente a Cataluña, sino al conjunto de la nación española. En
el trasfondo de la deriva soberanista se encuentra el reclamo de revisar en
profundidad el artículo 2 de la Constitución española, que proclama “la
indisoluble unidad de la Nación Española”. No se puede ocultar la gravedad de
la situación. Una confrontación y posible secesión no sería buena ni para Cataluña
ni para el conjunto de España, por lo que es urgente iniciar un diálogo y una
negociación que rehúya las posiciones extremistas y busque acuerdos. El acuerdo
como bien democrático.
El Círculo Cívico de Opinión
sostiene sin rodeos que la Constitución española es el único marco desde el que
es legítimo abordar la complejidad de la situación creada, buscando dentro de
él posiciones conciliadoras. No obstante, considerar incuestionable la unidad
de España no debería ser impedimento para que se debatieran cambios en la
estructura territorial del Estado aun cuando estos requirieran modificaciones
del mismo texto constitucional.
Es evidente que en Cataluña se
siente una grave insatisfacción, cuyas últimas razones apelan a un insuficiente
reconocimiento de la identidad catalana por parte del resto de España. La
creación y el desarrollo del Estado de las autonomías ha ido alimentando la
convicción de que el reparto fiscal autonómico es injusto para Cataluña e
impide aprovechar los recursos que allí se generan. Una convicción agudizada
por causa de la crisis económica, que ha intensificado el malestar. A ello hay
que añadir lo que representó para los partidos nacionalistas la sentencia del
Tribunal Constitucional al anular algunos de los artículos del Estatuto de 2006,
sentencia interpretada como un signo de desautorización hacia el Parlamento y
el pueblo catalán. Bastó la manifestación multitudinaria de la Diada de 2012
para que el partido en el Gobierno catalán modificara su estrategia de
conseguir un “pacto fiscal”, poniéndose la Generalitat al frente de la
propuesta de una consulta de autodeterminación dirigida a abrir el camino hacia
una posible separación del Estado.
La lista de “agravios” sentidos por
los más nacionalistas choca con el hecho indiscutible de que jamás Cataluña
había conseguido el nivel de autogobierno y el reconocimiento de su
especificidad lingüística y cultural que tiene ahora. Además, es falsa la generalización
según la cual la sensación de comunidad “maltratada” es unánimemente compartida
dentro de Cataluña. En todo caso, los partidarios de la independencia no dejan
de ganar espacio público.
El acuerdo es un bien democrático y la
Constitución, el marco legítimo para ello
Como fuere, las posiciones
soberanistas están dando muestras de ignorar que si la democracia es,
efectivamente, la voz del pueblo, es asimismo un Estado de derecho que se
sustenta en el imperio de la ley. De ahí que se haya incurrido en dos
malentendidos que solo contribuyen a confundir a la ciudadanía. El primero de
ellos consiste en querer derivar la aspiración independentista de un supuesto
“derecho a decidir”, una forma eufemística de nombrar el derecho a la
autodeterminación. Hay que decir con claridad que ni el derecho a la
autodeterminación ni el derecho a decidir existen como tales derechos y carecen
de cualquier tipo de soporte jurídico. La independencia o la autodeterminación
son, en todo caso, proyectos políticos legítimos, pero no derechos. Se
confunde, en definitiva, la existencia de un derecho con el anhelo y el reclamo
de una consulta que permita conocer lo que quieren realmente los catalanes.
El segundo malentendido es la
diferencia esgrimida por los partidos soberanistas entre la legalidad y la
legitimidad democrática. Desde aquella manifestación del 11 de septiembre de
2012 se repite en Cataluña que la legalidad constitucional ha sido superada y
sustituida por la manifestación popular de más de un millón de personas a favor
de la independencia. Otra estrategia que produce confusión y desconcierto en la
ciudadanía, al dar a entender que el imperio de la ley debe extinguirse sin más
cuando el pueblo expresa masivamente un deseo contrario a la legalidad o no
previsto por ella. Frente a ello, debe afirmarse sin ambigüedades que, por
mayoritario que sea el anhelo de alcanzar la independencia, por amplia que sea
la mayoría, esta no puede atribuirse una legitimidad a espaldas del Estado de
derecho.
Pero que no exista un derecho a
decidir y que constitucionalmente la soberanía recaiga en el pueblo español no
implica que no pudiera ser atendido el deseo inequívocamente manifestado por
una parte de aquel de no seguir perteneciendo al Estado español. Siempre que se
haga desde la legalidad constitucional. Así se hizo en Canadá y se hará en el
Reino Unido, dos ejemplos a los que reiteradamente se ha acudido. En nuestro
caso, sin embargo, una consulta de tal naturaleza no tiene cabida en la
Constitución, salvo que se haga una interpretación de la misma muy abierta y
permisiva, extremo que solo contados expertos creen posible tomando como base
interpretaciones muy discutidas. Dada la relevancia de la cuestión, una
interpretación como la requerida tendría que apoyarse en bases doctrinales sólidas.
Además, la aprobación de la consulta debería contar con la aquiescencia del
Gobierno español, hasta ahora inexistente. Lo más probable, en consecuencia, es
que o bien el Gobierno catalán realice una consulta sin base legal, o bien que,
cumplido el plazo que se ha impuesto a sí mismo, tenga que convocar elecciones
anticipadas con carácter supuestamente plebiscitario.
El "derecho a decidir" es un
eufemismo del inexistente derecho a la autodeterminación
Así pues, aun cuando la consulta no
llegue a realizarse, el problema seguirá vivo. Es más, puede entrar en un
callejón de difícil salida que conviene evitar a toda costa. El enconamiento de
las relaciones entre Cataluña y el resto de España ha puesto sobre la mesa la
necesidad de revisar algunos aspectos del ordenamiento territorial y de iniciar
un diálogo, con la mayor participación política posible, sobre la reforma de la
Constitución. El malestar que siente una gran parte de la ciudadanía catalana
no es banal y merece ser atendido desde posturas sensatas y conciliadoras.
Responder a la demanda de reformar la Constitución no es ceder al discurso
victimista de una Cataluña que se siente permanentemente maltratada y oprimida,
un discurso que no es el de toda la sociedad catalana. Según encuestas fiables,
por lo menos un 50% de catalanes rechaza en estos momentos la opción
independentista, pero desea un cambio en el encaje político con España, que
revise especialmente el modelo fiscal. Por eso, son los partidarios de un
cambio en el modelo autonómico, pero no de la independencia, los que ahora, por
difícil que sea, han de esforzarse en hacer oír su voz y construir un proyecto
ilusionante que contraste con el proyecto secesionista. Si el problema que
tenemos delante es español y no solo catalán, urge un liderazgo de los grandes
partidos políticos que encauce el debate sobre el nuevo modelo. Un modelo que
convenza de la conveniencia para todos de no poner en cuestión la unidad de
España.
El Círculo Cívico de Opinión se
pronuncia a favor de la concordia, evitando la confrontación. En política, el
diálogo y la negociación siempre han de ser posibles, por lo que no cabe
rechazarlos ni darlos por perdidos. Es perentorio detenerse a considerar hasta
donde pueden ser atendidas las reclamaciones de Cataluña e iniciar el debate
sobre la reforma de la Constitución. Las crisis suelen propiciar reformas en
profundidad y pueden aprovecharse en tal sentido. Emprender esa reforma sería
la manera de convertir el mal llamado “problema catalán” en un debate que
concierne a la totalidad de la ciudadanía y que beneficiará a unos y a otros.
Es obligación de los Gobiernos arbitrar mecanismos de negociación, para dar una
salida razonable al conflicto. Una responsabilidad que también han de asumir
los medios de comunicación, el único instrumento que tiene la ciudadanía para
recibir una información que sirva para crear opinión y para propiciar un
diálogo abierto y fructífero.
Victoria Camps y José
Luis García Delgado, en nombre del Círculo Cívico de Opinión
Fuente:
www.elpais.com
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