EL CONFLICTO BLANCO
DE MADRID
"Está en juego el futuro del sistema sanitario público del país"
Jueves, 13 de diciembre
de 2012
Por Carmelo Jorge Delgado (*) - Canarias
Semanal
Transcurre en estos días en Madrid un
conflicto serio en el que se juega en parte el futuro del sistema sanitario
público de nuestro país y que poco a poco va desmontando las falacias con las
que el gobierno madrileño ha pretendido desmontar el sistema escondiéndose
detrás de la crisis económica y como tantas otras decisiones, detrás del "no
queremos" pero resulta imprescindible para salvar el sistema.
Vaya por delante que la derecha española ya se opuso durante la tramitación de la Ley General de Sanidad a la generación de un sistema nacional de salud de carácter público, la asignación de un territorio concreto y de una población determinada a la hora de ofrecer prestaciones sanitarias desde el sector privado ya se hizo en Valencia concretamente en la comarca de Alcira y se presentó como una alternativa a la gestión y titularidad pública de los centros prestadores de servicios.
Este precedente sirve por igual para desmontar las dos primeras falacias de la argumentación gubernamental. Ni es nada que les imponga la situación, ni resulta más económico, ni más rentable, traspasar a la gestión privada la atención sanitaria.
En efecto no es nada que se les imponga, al contrario. Forma parte del ideario mas estricto de la derecha española que mira con codicia a los millones de ciudadanos, que con mayor renta "per capita" y menor gasto sanitario, representan una magnifica oportunidad de negocio para las aseguradoras y la banca..
Tampoco es más rentable. Alcira fue un experimento para diversificar la inversión de los beneficios producidos en el boom de la construcción por bancos y constructoras. En principio, se estableció un acuerdo que suponía la construcción del hospital a cambio de una concesión por varias décadas de la prestación de la asistencia sanitaria a la población de una comarca determinada de la Comunidad valenciana. Las cuantiosas pérdidas del experimento llevaron a extender la concesión a la atención primaria de salud y también se privatizaron los centros de salud de la comarca intentando equilibrar los presupuestos con la aportación desde primaria. El efecto conseguido fue justo el contrario y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que pocos experimento ideológicos en torno al sistema han tenido un costo mayor en dinero y en calidad de las prestaciones.
Puede que en apariencia, la prestación sanitaria gratuita esté igual de garantizada que en la actualidad, con ese señuelo atraparon a la población de Alcira, pero lo cierto es que para ser rentable cualquier inversión sanitaria debe pagar una parte de los gastos con los ingresos de los sanos y eso nos lleva al terreno del aseguramiento, terreno en el que curiosamente también, y también a disgusto y con desgana y también obligado, pero también, el gobierno ha retrocedido en el tiempo para volver al sistema de aseguramiento en el sistema sanitario público y desandado el camino que se había hecho en dirección a la universalidad.
O sea que es una decisión plagada de ideología y de intereses concretos, que será más costosa para las arcas públicas y que abre la puerta a la revisión de la gratuidad, la de la universalidad ya estaba abierta. Pero además es una decisión que perjudica gravemente al sistema, que un empresario privado, hipotético propietario del sistema sanitario público, no tomaría nunca.

Vaya por delante que la derecha española ya se opuso durante la tramitación de la Ley General de Sanidad a la generación de un sistema nacional de salud de carácter público, la asignación de un territorio concreto y de una población determinada a la hora de ofrecer prestaciones sanitarias desde el sector privado ya se hizo en Valencia concretamente en la comarca de Alcira y se presentó como una alternativa a la gestión y titularidad pública de los centros prestadores de servicios.
Este precedente sirve por igual para desmontar las dos primeras falacias de la argumentación gubernamental. Ni es nada que les imponga la situación, ni resulta más económico, ni más rentable, traspasar a la gestión privada la atención sanitaria.
En efecto no es nada que se les imponga, al contrario. Forma parte del ideario mas estricto de la derecha española que mira con codicia a los millones de ciudadanos, que con mayor renta "per capita" y menor gasto sanitario, representan una magnifica oportunidad de negocio para las aseguradoras y la banca..
Tampoco es más rentable. Alcira fue un experimento para diversificar la inversión de los beneficios producidos en el boom de la construcción por bancos y constructoras. En principio, se estableció un acuerdo que suponía la construcción del hospital a cambio de una concesión por varias décadas de la prestación de la asistencia sanitaria a la población de una comarca determinada de la Comunidad valenciana. Las cuantiosas pérdidas del experimento llevaron a extender la concesión a la atención primaria de salud y también se privatizaron los centros de salud de la comarca intentando equilibrar los presupuestos con la aportación desde primaria. El efecto conseguido fue justo el contrario y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que pocos experimento ideológicos en torno al sistema han tenido un costo mayor en dinero y en calidad de las prestaciones.
Puede que en apariencia, la prestación sanitaria gratuita esté igual de garantizada que en la actualidad, con ese señuelo atraparon a la población de Alcira, pero lo cierto es que para ser rentable cualquier inversión sanitaria debe pagar una parte de los gastos con los ingresos de los sanos y eso nos lleva al terreno del aseguramiento, terreno en el que curiosamente también, y también a disgusto y con desgana y también obligado, pero también, el gobierno ha retrocedido en el tiempo para volver al sistema de aseguramiento en el sistema sanitario público y desandado el camino que se había hecho en dirección a la universalidad.
O sea que es una decisión plagada de ideología y de intereses concretos, que será más costosa para las arcas públicas y que abre la puerta a la revisión de la gratuidad, la de la universalidad ya estaba abierta. Pero además es una decisión que perjudica gravemente al sistema, que un empresario privado, hipotético propietario del sistema sanitario público, no tomaría nunca.

Veamos, el noventa por
ciento de la riqueza que genera el sistema nacional de salud tiene una relación
directa con el conocimiento acumulado. Que los hospitales y los centros de
salud funcionen como una red, significa en la práctica que el conocimiento y la
experiencia que se acumula con cada tratamiento, con cada sesión clínica, con
cada exploración pase a formar parte de un acervo colectivo que es el mayor
patrimonio del sistema y probablemente la razón con mas peso a la hora de
decidir entre los sistemas públicos universales como el nuestro o el inglés o
los sistemas de aseguramiento como el francés o el alemán. Si los hospitales
son gestionados por empresas distintas con intereses contrapuestos el
conocimiento generado en cada empresa, en el mejor de los casos, será propiedad
de esa empresa y circulará con dificultad por el resto del sistema,
empobreciendo el conocimiento científico del conjunto y la calidad de las
prestaciones hasta el punto de que incluso manteniéndose la gratuidad y la
universalidad del sistema este sería irreconocible con respecto al actual, mas
caro social y económicamente, mas lento y pesado burocráticamente y con peores
prestaciones sanitarias.
Eso lo saben los profesionales de la
sanidad madrileña, lo saben quienes han elaborado lo que llaman plan de
sostenibilidad y lo intuye la mayoría de la población que se resiste a que un
grupo de farsantes les arrebate el fruto del esfuerzo de varias generaciones de
madrileños que han construido el sistema que tenemos y que nos ofrece entre otras
muchas cosas un nivel de profesionalidad y de compromiso social por parte de
sus trabajadores que nos devuelve la esperanza y la convicción de que este
pueblo es infinitamente mas sabio y mejor que quien lo gobierna.
(*) Carmelo Jorge Delgado. Secretario de economía y políticas sectoriales de Comisiones Obreras Canarias.
(*) Carmelo Jorge Delgado. Secretario de economía y políticas sectoriales de Comisiones Obreras Canarias.

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