Artículos de
Opinión | Àngels M. Castells | 30-12-2012 |
La Enfermería Cumberland en Cumbria, en el primer hospital construido bajo la iniciativa de financiación privada (PFI). Fotografía- Loftus Brown -PA
Podíamos
leer en The Guardian ayer que Margaret Thatcher y su canciller
Sir Geoffrey Howe estaban detrás de un plan políticamente tóxico en 1982 para
desmantelar el estado del bienestar. La “transparencia” a la que obliga que 30
años después se publiquen los documentos oficiales revela en primera página las
raíces ideológicas y la matriz neoliberal de los ataques a la dependencia, a
los servicios públicos, a la ciudadanía y a los derechos humanos. El tema es
tan importante que The Guardian le dedicó ayer un editorial jugando con la historia. Dice: “los
tiempos son difíciles. El crecimiento económico está estancado. La factura de
servicios públicos se ha disparado y sólo se prevé que seguirá creciendo
mientras disminuyen los ingresos de la nación. (…) La conclusión: el país ya no
puede permitirse el estado de bienestar”. Sólo que estas frases que nos parecen
tan actuales (y tan exportables al discurso pepero en España) se formularon en
1982. Sin embargo, explican perfectamente (porque siguen el guión al pie de la
letra) las rapiñas de Ignacio González, Mariano Rajoy o Artur Mas, y sus
repetidas justificaciones (no por ello menos mendaces ni rastreras) . Por
ejemplo, el documento base del Gabinete de Thatcher aseguraba que la asistencia
social debía enmarcarse en un contexto de “eficiencia y economía, y siempre
en una cuestión de precio y nunca de valor“. ¿Les suena, verdad?
Este
documento fundacional de la estafa se pergeñó en 1982, y en sus conclusiones se
contempla la destrucción del Estado de bienestar, y en especial del Servicio
Nacional de Salud. Hace 30 años, por suerte, o por falta de habilidad de la
Thatcher que tenía demasiados frentes abiertos y muy poca sutileza, en su
Gabinete de coalición se desencadenó un auténtico motín. Sin embargo, un
material político de este estilo se consume a fuego muy lento, en un proceso
orgánico que se va alimentando de substratos anteriores… Hasta que vuelve a
brotar la llama privatizadora. Lo cual no quiere decir que la destrucción de
las conquistas sociales sea inevitable, ni inexorable… como siempre, de
nosotros depende.
Algunos
protagonistas actuales del lado oscuro, del desmantelamiento del sistema,
podrían argumentar, según el periódico inglés, que el debate se inició antes de
tiempo, y que si ahora triunfa se debe en parte, también, a que la
socialdemocracia “compró” el nuevo modelo disfrazándolo de “reformas” y
asumiéndolo como una cuestión de eficiencia para no tener que declarar la
vertiente ideológica de los “recortes”. Sin embargo, si se presenta la idea (o
las políticas) de bienestar como una cuestión que pertenece esencialmente a la
actividad económica, se mutila gravemente su ambición moral… y la dignidad que
nos confiere como ciudadanía.
The Guardian
nos recuerda que en sus memorias, Thatcher afirmaba que las propuestas contra
el Estado del Bienestar nunca fueron consideradas seriamente ni por ella ni por
su Gabiente, pero lo cierto parece ser que tanto Thatcher como Howe habían
alentado los trabajos del ya extinto thinktank CPRS para elaborar el informe y llegar a opciones
radicalmente traumáticas a largo plazo… y siguieron defendiéndolas incluso
después de que el Gabiente se rebelara. El escándalo fue tal que lo que se
filtró a la prensa poco después sólo fue una versión ya suavizada del documento
original, y aún así provocó tal revuelo que Thatcher tuvo que desmentir
reiteradamente que tuviera un plan secreto para desmantelar el NHS con el
Estado del Bienestar creado en la postguerra. Un mantra que vienen repitiendo,
en las versiones oficiales de cada país, todos los dirigentes políticos que se
cargan las conquistas sociales, mientras siempre tienen un CPRS (o una FAES)
que les suministra más munición destructora pagando a alto precio la fuerza
neuronal (a veces bastante deficiente) de los intelectuales (bajo palabra de
honor) del sistema.
Sin embargo,
la versión filtrada tampoco era tan inocua: proponía la introducción de bonos
de educación (poniendo fin a la financiación estatal de la educación superior)
congelar las ayudas al bienestar y que el servicio de salud pasara a depender
de un sistema de seguros. (¿Verdad que les sigue sonando algo parecido en
versión muy española o catalana?)
Cuenta The
Guardian que la versión original era bastante más violenta con la propuesta de
privatización del servicio público de salud -lo que significa, de hecho, poner
fin a que la mayoría de la población pueda acceder a un servicio digno y de
calidad de salud. Para los del CPRS, la mayoría de los servicios médicos debían
ser de propiedad privada, y quienes necesitaran atención tendría que pagar para
obtenerla. Para todos los demás, el Estado podría asumir el tratamiento,
buscando siempre la manera de ser reembolsado, con la única excepción de las
personas con “discapacidad mental o las personas mayores”, que “claramente no
pueden permitirse el lujo de pagar”.
Como no hay
casualidades, uno de los “expertos” que trabajó en el estudio CPRS es Gordon
Wasserman, en la actualidad asesor de David Cameron sobre delincuencia y
policía. Pues bien, dicho sujeto, cuando estaba en el centro de estudios de
personal en el periodo 1981-83, propuso recortar en un 25% el número de
personal docente en las escuelas estatales. Y es que, como diría el escorpión,
lo llevan en la naturaleza. Y se aferran a su ideología con tanta fuerza como
quienes les patrocinan se aferran a las prebendas que les representan las
privatizaciones: como bulldogs enfurecidos, sólo sueltan su presa para morder
la mano (y cercenar los derechos) de quienes pagamos impuestos, o sea, de
quienes de verdad los alimentan.
¿Hasta
cuándo?
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