Los hospitales valencianos de gestión privada
exigen más dinero
Las empresas piden a la Generalitat que les
suba la cuota por habitante
El Gobierno regional admite impagos que las
firmas cifran en 150 millones
La profunda
debilidad financiera por la que atraviesa la Generalitat valenciana
está poniendo en aprietos el modelo de gestión privada de la sanidad pública en
la autonomía que primero y más decididamente apostó por esta fórmula.
El Gobierno
regional arrastra importantes deudas desde el año 2009 con las empresas que
gestionan los cinco
departamentos de salud privatizados (Alzira, Torrevieja, Dénia,
Elche y Manises). El monto principal de los impagos, que asciende a 150
millones de euros, corresponde a pacientes atendidos de otros departamentos,
que dependen directamente de la sanidad pública, por lo que corresponde a la
Generalitat pagar estos tratamientos. Son liquidaciones acordadas y pendientes
de pago desde 2009. Las cinco concesionarias, de las que depende la atención
sanitaria pública de un millón de valencianos, se han cansado de esperar y
exigen a la Generalitat que liquide cuanto antes lo que les debe.
Fuente: Price Waterhouse,
elaboración propia. / EL PAÍS
Estas
empresas —participadas por aseguradoras sanitarias y Ribera Salud— también
reclaman que la Generalitat les modifique al alza la fórmula de actualización
anual de la póliza (639 euros en 2012) que la Generalitat paga por cada
habitante adscrito a cada concesionaria (entre 150.000 y 250.000 ciudadanos en
función del departamento de salud). Esta es una reclamación que viene de largo.
En lugar de usar como referencia el incremento del presupuesto en asistencia
sanitaria de la Consejería de Sanidad, las empresas quieren que el aumento de
la cápita se vincule al crecimiento del gasto real, que es superior.
Además,
también plantean otras cuestiones, como que sea la Generalitat la que asuma los
gastos financieros del confirming, un sistema de pago por el que, para
paliar los retrasos del Gobierno valenciano, las entidades bancarias adelantan
los abonos a las operadoras sanitarias a cambio de cobrar por esta operación.
Las concesionarias consideran que no son ellas, sino la Generalitat quien ha de
correr con estos gastos, que rondan, en total, un millón de euros al año.
Todo ello
sucede mientras Castilla-La Mancha pretende extender este modelo privatizador
valenciano a cuatro
hospitales y Madrid aprobó ayer la
ley que permite ceder a empresas la gestión de centros sanitarios
públicos, lo que ha desatado una movilización sin
precedentes contra la privatización de la sanidad.
No es ningún
secreto que las cuentas de la Administración valenciana están al límite. La
situación es especialmente delicada en la Consejería de Sanidad, que
recientemente hizo frente a un cierre
indefinido de farmacéuticos que reclamaban deudas por 450 millones.
Una portavoz de este departamento prefiere no entrar en el detalle de la suma
de los impagos. Pero admite que la deuda con las empresas existe y “es fruto de
la situación financiera actual”. En breve, añade, está previsto que se celebre
un encuentro con las cinco operadoras sanitarias “para analizar la situación e
intentar llegar a algún acuerdo”.
Al menos una
de las concesionarias, la que gestiona el departamento de salud y el hospital
de Manises, ha llevado sus quejas más lejos de la mera protesta. Ya lo hizo
cuando en julio y agosto no abonó a sus trabajadores el salario íntegro con la
excusa de que la Generalitat se había retrasado en el pago. Ahora, en un
documento que ha remitido recientemente a la Consejería de Sanidad, ha plasmado
al detalle lo que considera incumplimientos de los compromisos asumidos por la
Generalitat en el contrato de concesión. En total, la deuda que imputa a la
Administración valenciana es de 75,9 millones de euros de los ejercicios de
2009, 2010 y 2011.
Pero la
operadora sanitaria —controlada por Sanitas—, va aún más lejos. En el mismo
escrito plantea que o se solventan las deudas y se cumplen las condiciones del
contrato, o se renegocien de nuevo. Y propone distintas alternativas como la
prórroga del servicio, la ampliación de la población cubierta (y por ello los
ingresos de la Administración) o la incorporación de prestaciones excluidas de
la concesión como la oxigenoterapia o las prótesis.
Aunque estas
condiciones se parecen mucho a un rescate, Sanitas niega que esté solicitando
una solución de este tipo a la Generalitat. La aseguradora sanitaria explica
que la Ley de Contratos del Sector Público garantiza el mantenimiento del
equilibrio financiero en este tipo de concesiones administrativas que afectan a
servicios públicos. Y entiende que la Generalitat ha alterado unilateralmente y
“de manera reiterada” las condiciones del contrato, lo que “legitima a esta
concesionaria a ejercitar el derecho al reequilibrio económico del contrato
concesional”.
Riesgos de un modelo
La gestión
privada de los servicios públicos sanitarios presenta distintas debilidades.
Una de ellas la puso de manifiesto recientamente la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Consiste en el riesgo de captura
del regulador, un fenómeno que describe la excesiva influencia que pueden
llegar a alcanzar las empresas adjudicatarias de los servicios sobre la
Administración encargada de supervisar su funcionamiento.
A ello se
han referido también expertos en procesos de privatización sanitarios, como la
británica Sally Ruane, quien en alguna ocasión ha planteado que dado el
reducido número de empresas que pueden participar en estos costosos proyectos,
existe el peligro de que haya una situación de falta de competencia y un exceso
de poder de los pocos operadores existentes, lo que deriva en el peligro al que
aludía la SESPAS.
Pero existen más puntos débiles. En
estas fórmulas de privatización existe una dependencia absoluta de las empresas
respecto a los ingresos de la Administración. Los sistemas de salud públicos
son sus únicos clientes. Y si en las arcas públicas crecen las telarañas y se
multiplican las deudas, las empresas concesionarias lo pagan en sus cuentas de
resultados. Este es el escenario que ha llegado a la Comunidad Valenciana.
Queda por saber si estas dificultades se trasladarán a los pacientes.
Fuente: www.elpais.com
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