El termómetro de la indignación se dispara.
Dos huelgas generales en el primer año de
Rajoy en La Moncloa. Una cadena de protestas.
Así ha quedado patente el rechazo ciudadano
al deterioro del Estado de bienestar como
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Un año
después, España es un país empobrecido y devaluado, deprimido por el presente,
angustiado por el futuro, dividido como nunca en la reciente etapa democrática
e indignado casi a diario. El bálsamo de un cambio de Gobierno con mayoría absoluta no ha curado las
heridas. La estricta dieta de adelgazamiento que ha impuesto el Ejecutivo del
PP en el gasto público ha dejado, de momento, más paro (500.000 desempleados nuevos) y ha empeorado la
calidad de vida de los ciudadanos, con servicios esenciales muy debilitados.
Por primera
vez en muchos años, el Estado de bienestar navega por los presupuestos de todas
las administraciones entre interrogantes.
Empujado por
la anterior gestión socialista, el país lleva un año al borde del precipicio y a la espera de ser rescatado. Algunos de sus bancos
principales, arruinados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y
desprestigiados por una gestión irresponsable y deficiente, han evitado la quiebra gracias a 37.000 millones de euros de auxilio
europeo condicionado a más sacrificios y más desempleo.
A Rajoy no le queda ni su palabra, hipotecada por el
desplome de los ingresos y la deuda creciente
El
presidente Mariano Rajoy
ha tenido el peor año de un gobernante en democracia. Los registros económicos
de su gestión están en rojo. El balance de sus primeros 12 meses de presidente,
ese cargo que heredó junto a la peor crisis económica de la historia, no puede
ser más aciago. Ni siquiera le queda su palabra, hipotecada por el colosal
desplome de los ingresos y los arañazos de una deuda creciente.
Subió casi
todos los impuestos (el IRPF, el de sociedades y el IVA,
entre otros), pese a que prometió lo contrario; abarató el despido (20 días por
año trabajado) y facilitó los ERE
(la previsión de malos resultados en una empresa basta para iniciar un
expediente), pese a que criticó la reforma laboral socialista que abrió ese
camino; impuso fuertes recortes en sanidad y educación (10.000 millones de euros), pese a que repitió
durante la campaña electoral que eran capítulos intocables del gasto público; perdonó a los
defraudadores su delito, previo pago del 10%, pese a que cuando hacía
la oposición al PSOE descalificó un plan de amnistía fiscal que no llegó a
pasar de la categoría de rumor; no actualizó las pensiones
de acuerdo a la subida de la inflación pese a comprometerse a salvar el salario
de los pensionistas de los recortes contra la crisis…
El hombre
que huía de los líos sacrificó su palabra a la austeridad que le imponían desde
Europa y atizó otros fuegos que sacaron más indignación a la calle.
Rajoy ha
sido el primer presidente en democracia al que los sindicatos mayoritarios le
han convocado dos huelgas generales antes de cumplir su primer año de
gobierno; nunca en la historia de España se vieron movilizaciones tan masivas y
heterogéneas. Sus medidas de emergencia –subió el IRPF a los 17 millones de
trabajadores, quitó la paga de Navidad a millones de funcionarios, les
aumentó la jornada laboral y les redujo los días libres– desencadenaron
manifestaciones de enero a diciembre donde se juntaron médicos y enfermeras,
rectores y universitarios, profesores y alumnos, jueces y abogados, jóvenes y
mayores, asalariados y parados, artistas, clientes de bancos, familias
arruinadas…
El primer
año de Rajoy dejó a España con menos profesores y más alumnos por aula –las
comunidades prescindieron de miles de interinos para ahorrar gastos–; con más
listas de espera en los hospitales y con los medicamentos más caros para casi
todos; con la atención sanitaria universal y gratuita menos universal y menos
gratuita –impusieron un seguro de 700 euros al año a los inmigrantes sin papeles
para tener derecho a la asistencia en la red pública–; con menos
dinero para atender a los dependientes; con menos subvenciones a los jóvenes
para alquilar una vivienda; con menos inversión en obra pública…
El hombre
que huía de los líos avaló la subida de las tasas judiciales y las extendió a
todos los ciudadanos; anunció una nueva ley del aborto
para regresar a 1985 y derogar la vigente; aprobó un
anteproyecto de nueva ley educativa que solo satisfizo a la Iglesia
y generó más problemas con Cataluña.
El hombre
que huía de los líos decidió intervenir Bankia, un banco agonizante con diez millones de
clientes y un agujero de 24.000 millones de euros, y forzar la dimisión de su presidente, Rodrigo Rato, al que él
mismo había colocado a dedo en ese puesto dos años antes.
El Rey pidió una disculpa histórica en un momento
delicado para la imagen de la Monarquía
El hombre
que huía de los líos y dejaba que el paso del tiempo deshiciera los nudos tuvo
que tomar decisiones sin tiempo que desencadenaron nuevos líos y más protestas.
El año negro de Rajoy tuvo también una dosis considerable de corrupción en las
administraciones. Los políticos se convirtieron en un problema, según el CIS.
El exjefe de
la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el empresario que consideró insuficiente
la reforma laboral que abarataba el despido, que pidió trabajar más y cobrar
menos para salir de la crisis, fue detenido y encarcelado por un supuesto delito de alzamiento de bienes.
Con su imperio empresarial quebrado, con miles de trabajadores en la calle y
con 19 bancos y 28 empresas de servicios intentando cobrar más de 400 millones
en deudas, Díaz Ferrán puso en marcha un plan para ocultar su patrimonio, que
pasó a manos de un liquidador profesional de sociedades en crisis, Ángel de Cabo,
cuyas maniobras le llevaron también a prisión.
El yerno del
Rey, Iñaki Urdangarin,
continuó su calvario en el juzgado por aprovecharse de su situación para lograr
contratos multimillonarios de administraciones públicas cuyos gobernantes le
regalaron dinero público sin controlar su destino ni atender a los
procedimientos legales establecidos. A través del Instituto Nóos, que funcionaba con la apariencia de una
entidad sin ánimo de lucro, Urdangarin desvió a sus empresas privadas con ánimo
de lucro varios millones de euros que le pagaron los Gobiernos de la Comunidad
Valenciana y Baleares, ambos del PP. El fiscal solicitó para el yerno del Rey y
su socio, Diego Torres, 8,2 millones de euros de fianza de responsabilidad
civil para responder por el daño causado a la Hacienda pública.
El reparto de
ayudas públicas durante más de una década para empresas en crisis de
Andalucía destapó un vergonzante caso de malversación de dinero público en el
pago de expedientes de regulación de empleo para beneficiar a decenas de
personas y de empresas. Algunos ex altos cargos del Gobierno socialista de la
Junta de Andalucía terminaron en la cárcel.
En Cataluña,
dirigentes políticos de CiU se apoyaron en una institución cultural, el
Palau, para la financiación ilegal del partido gracias a las
comisiones ilegales que pagaban constructoras, según la investigación judicial.
En Sabadell, el juez abrió una causa contra su alcalde socialista y otros altos
cargos. Un intermediario, exconcejal del PP, cobró cientos de miles de euros a
constructores a cambio de la adjudicación de obras municipales.
En la
Comunidad Valenciana, los escándalos por tráfico de influencias, cohecho y
prevaricación siguieron y alcanzaron a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo,
que se aferra al puesto pese a estar imputada y haber escuchado sus
conversaciones telefónicas grabadas con el principal promotor sobre el plan general
de la ciudad.
Un jurado declaró, por cinco votos a cuatro, “no culpable” de cohecho
impropio al expresidente valenciano Francisco Camps, procesado por
su relación con los cabecillas de la red Gürtel, que le compraban los trajes en
una tienda de Madrid. Su absolución no dio paso a su rehabilitación política,
el PP le marginó; la mitad de su Gobierno está imputada por diversas causas de
corrupción, y los tribunales investigan todavía la financiación ilegal a través
de la red Gürtel del partido que presidía en la Comunidad Valenciana. También
hay una causa abierta por el mismo motivo contra el PP de Baleares. En este
caso, el empresario que facilitó el delito ha confesado.
El mal uso
de dinero público hizo dimitir al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, que
durante varios años pasó gastos al Consejo General del Poder Judicial por sus
estancias de fin de semana en Marbella y otros destinos turísticos. No pidió
perdón, pero dejó su cargo al perder el apoyo de los vocales del gobierno de
los jueces.
El rey Juan Carlos sí pidió perdón público, por primera vez en
su vida, en una declaración breve y solemne a la salida del hospital en el que
ingresó tras romperse la cadera en una caída cuando estaba en Botsuana, adonde había
acudido invitado por un empresario amigo a cazar elefantes.
“Lo siento
mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Fueron diez palabras para la
historia en un momento especialmente delicado para la imagen de la Monarquía
española, muy deteriorada por los negocios ilegales del yerno del Rey y por la
fotografía de don Juan Carlos, armado y satisfecho, junto a un elefante muerto
a tiros.
El mapa del
poder político en España varió algo en 2012, aunque menos de lo previsto.
Los
socialistas regresaron a la oposición tan divididos que tuvieron que celebrar
un congreso federal extraordinario en febrero. Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general por un
puñado de votos. Carmen Chacón perdió la batalla, pero siguió dando guerra cada
vez que un resultado electoral era desfavorable, y hubo varios. Otros enredan
con más o menos fortuna para que haya primarias lo antes posible y desbancar
así a Rubalcaba del liderazgo del partido.
Se
celebraron cinco contiendas electorales en 2012, todas adelantadas a la fecha
prevista, salvo en Andalucía.
Los únicos
territorios que mudaron de piel fueron Asturias, donde
el PSOE recuperó el poder tras las elecciones que anticipó Francisco
Álvarez Cascos, y el País Vasco, donde el Gobierno volvió a manos de los nacionalistas del PNV.
Era la consecuencia directa del regreso a las instituciones de la izquierda
radical independentista, representada por Bildu, la nueva Batasuna, que antes
amparaba los crímenes de ETA y ahora los rechaza en sus estatutos.
El Gobierno
de Mariano Rajoy apenas dio pasos en relación con el fin de ETA. Su estrategia es la
espera y el rechazo a cualquier negociación. Rajoy piensa que el tiempo acabará
disolviendo una organización criminal que anunció hace más de un año su
abandono definitivo de las armas. La excarcelación, impulsada desde el
Gobierno, del etarra Bolinaga, secuestrador de José Antonio Ortega Lara, por
su enfermedad terminal abrió una pequeña fisura en el PP. Jaime Mayor Oreja
protestó, pero Rajoy defendió a su ministro del Interior. También protestó
Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid que dejó el cargo
por sorpresa solo un minuto antes de que los recortes en los presupuestos
autonómicos provocaran una explosión de protestas ciudadanas.
En
Andalucía, el PP acariciaba el poder tras 30 años de Gobierno socialista, pero el socialista
José Antonio Griñán tuvo un resultado mejor de lo esperado y la suma
con IU le permitió mantener el Gobierno.
El PP
resistió en Galicia las consecuencias de la crisis económica y los recortes del
Gobierno central. Alberto Núñez Feijóo revalidó su puesto de presidente con la
izquierda gallega fracturada y el PSOE hundido.
En Cataluña,
el presidente Artur Mas (CiU) aprovechó una manifestación de cientos de miles de ciudadanos donde se
reclamaba la independencia para adelantar elecciones y meter en la urna sus
deseos de secesión. Interrumpió su mandato a mitad de legislatura, cuando
Cataluña caminaba al filo de la quiebra, con sus servicios públicos muy
deteriorados por los recortes y con la caja llena de agujeros que ponían en
cuestión hasta el pago de las nóminas a los funcionarios. En ese contexto, el
presidente de la Generalitat aprovechó la manifestación para pedir una mayoría
contundente con la que abordar el proceso de independencia de Cataluña. Mas resbaló como
nunca nadie lo había hecho en democracia. CiU perdió 12 diputados y quedó en
manos de ERC para sus planes de futuro. Su apuesta por la
independencia recibió un sonoro varapalo.
La tragedia del
año ocurrió en Madrid, en un pabellón municipal donde murieron cinco
chicas atrapadas en un pasillo de tres metros de ancho durante la celebración
de una macrofiesta de Halloween donde fallaron todos los controles. El
empresario que organizó el acto vendió al menos 17.000 entradas para un recinto
donde solo podían entrar 10.600 personas; los responsables de la seguridad no
vigilaron nada; se abrieron portones solo previstos para emergencias que
conducían a una pista abarrotada de gente… Dimitieron varios cargos
municipales. El juez imputó al promotor de la fiesta y a responsables del
Ayuntamiento de Madrid.
Tras varios años muy malos, España
vivió un año peor.
Fuente: www.elpais.com
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