Los jueces responden al escrito de la PAH y empiezan a suspender
procedimientos
El escrito y los autos referidos
fundamentan la suspensión afirmando que las personas físicas no pueden obtener
una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos de los consumidores ni
en el propio procedimiento de ejecución hipotecaria ni en un procedimiento
judicial separado, lo que contraviene la Directiva 93/13 de la Comunidad
Económica Europea.
Vivienda |
Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH- | 20-12-2012 |
Hoy se ha
sabido que el Juzgado de Primera instancia número 38 de Barcelona ha
dictado Auto por el que suspende el proceso de ejecución hipotecaria
hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencie si
la normativa española en materia hipotecaria vulnera la normativa europea de
consumo. El pasado 27 de Noviembre lo hizo el >Juzgado de Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Guipuzkoa),
suspendiendo el procedimiento hipotecario instado por la Caja Rural de Navarra.
También hemos tenido noticias de autos similares en Terrassa, El Ejido,
Chiclana…
Estos autos
recogen las peticiones formuladas en el escrito de suspensión redactado por
los letrados de las PAH, al que se adhirió el Consejo General de la
Abogacía Española, en el que solicitaba la paralización de los procedimientos
hipotecarios a raíz del Informe de la Abogada General Julianne Kokkot del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea así como jurisprudencia del mismo, en
la que se aprecia que la normativa procesal española en asuntos hipotecarios vulnera
la Directiva 93/13/CEE en materia de protección a consumidores.
El escrito y
los autos referidos fundamentan la suspensión afirmando que las personas
físicas no pueden obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los
derechos de los consumidores ni en el propio procedimiento de ejecución
hipotecaria ni en un procedimiento judicial separado, lo que contraviene la
Directiva 93/13 de la Comunidad Económica Europea. En consecuencia y dado que
ya se ha planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE -a iniciativa del
magistrado J.M.Ferández Seijó del juzgado de lo mercantil nº3 de Barcelona en
el caso Aziz, sobre si la normativa española vulnera la europea, los jueces
estiman que resulta procedente suspender el trámite hasta que recaiga
resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Estos
argumentos se suman a otros ya conocidos, como la consideración de que las
normas han de interpretarse según el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos y a la
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, ya que no hacerlo
supondría aplicar una justicia anacrónica de espaldas a la sociedad en
perjuicio de los más débiles que deben soportar los excesos de los más
poderosos, quienes han llevado, en definitiva, a la presente crisis económica.
En virtud de
los referidos argumentos, los jueces suspenden el proceso ejecutivo y
lanzamiento pendientes, a las espera de la nueva regulación hipotecaria y a la decisión definitiva que se
adopte en el TJUE sobre si la normativa española vulnera la normativa europea
dado que la no suspensión supondría unas consecuencias personales y materiales
al ejecutado de reparación imposible.
Una vez
más, desde la PAH destacamos que la sociedad civil y ahora los jueces
están dando la respuesta que el Gobierno sigue sin dar al problema de las
ejecuciones y los desahucios. Mientras el Gobierno, cediendo a la presiones
de las entidades financieras, se limita a aprobar moratorias insuficientes que
excluyen al grueso de la gente afectada, las PAH siguen paralizando cientos de
desahucios y forzando a las entidades financieras a conceder cientos de
daciones en pago. Exigimos el cambio inmediato de la ley y la regulación de la
dación en pago retroactiva, la moratoria de todos los desahucios de vivienda
habitual y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de entidades
financieras, tal y como recoge la Iniciativa Legislativa Popular que ya ha
entregado más de 750.000 firmas y que finaliza en enero. Mientras el Gobierno
persista en ignorar el clamor popular, le hacemos directamente responsable del
grave sufrimiento causado a las miles de familias víctimas de la estafa
hipotecaria.
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