Europa cierra la última puerta a las víctimas del
franquismo
El Tribunal de Estrasburgo inadmite en tres párrafos la extensa demanda
interpuesta por Fausto Canales, hijo de un desaparecido en el verano de 1936
PATRICIA
CAMPELOMadrid04/12/2012 07:15
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Fausto Canales, con las fotos de los diez
desaparecidos en Pajares de Adaja (Ávila) en el verano de 1936. FOTO: FUEN
BENAVENTE
El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibió el pasado 5 de octubre una demanda que
no dejaba ningún cabo suelto. Fausto Canales, hijo de Valerico Canales-desaparecido
el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila)- demandó al Estado español
ante el TEDH por la falta de investigación en la desaparición de su padre.
La
formulación de la demanda corrió a cargo del equipo de juristas de Right
International Spaisn (RIS) que asimismo incluyó informes periciales de expertos
como Carlos Castresana -fiscal del Tribunal Supremo-. A pesar de cumplir con la
línea argumental básica de haber agotado la vía judicial en España, el TEHD ha
fulminado toda esperanza para las víctimas del franquismo al no admitir a
trámite la denuncia y no permitir la posibilidad de interponer más recursos.
"La
decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante el
tribunal, ante la Gran Sala ni ante otro órgano", sentencia Estrasburgo en
la respuesta dirigida a Canales. Con este cerrojazo, el tribunal europeo pone
fin, sin justificación concreta alguna, a la búsqueda de justicia en instancias
europeas en el caso de los delitos de la dictadura militar de Francisco Franco.
En tan solo
dos semanas, el TEHD ha dado carpetazo al caso de la desaparición de Valerico Canales y, al mismo
tiempo, ha sentado jurisprudencia en ese sentido al contabilizar ya más de una
decena los casos similares inadmitidos por el tribunal de Estrasburgo. Entre el
25 de octubre y el 8 de noviembre, el TEDH deliberó sobre si admitía la demanda
interpuesta por Fausto Canales. El último día, el único juez encargado de
estudiar el caso optó por la inadmisión, comunicándosela al demandante mediante
un escrito de cinco párrafos con el que contestaba a una extensa y argumentada
demanda de cerca de 200 páginas (incluidos los informes de expertos).
"A las
víctimas nos exigen diligencia para denunciar y hacia el Estado español no
hacen ninguna consideración"
"A la
luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medida en que es
competente para decidir sobre las quejas formuladas, el Tribunal ha considerado
que su demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en
los artículos 34 y 35 del Convenio", según consta en el escrito de respuesta
del TEDH. Es decir, el tribunal remite a Canales a un caso recientemente
inadmitido, el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, en el que se
alegaba "falta de diligencia debida". En ese caso, la respuesta
calificó como "tardía" la demanda de los familiares de Dorado Luque
por considerar que hasta la década del 2000 no habían comenzado a emprender
acciones legales. "Tanto en ese caso como en las demandas presentas por la
Unión General de Trabajadores y por la nieta de Juan Negrín, el tribunal utiliza
los mismos tres párrafos en todas", denuncia Lydia Vicente, miembro de
RIS.
Para
anteponerse a la posibilidad de que Estrasburgo se decantara por el argumento
de la falta de "diligencia debida", el equipo de juristas redactó un
extenso informe y contó con pruebas periciales que explican el contexto
español. "Ni siquiera han entrado a leerlo, eso es lo que
deducimos", lamenta Fausto Canales en conversaciones con Público.
"A las víctimas nos exigen prontitud y diligencia a la hora de denunciar
estos crímenes y hacia el Estado español, que no ha hecho nada, no hacen
ninguna consideración".
"El
TEDH ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a
nosotros nos maltrata", añade Fausto, cuyo padre, Valerico, fue sacado de
su casa de madrugada por un grupo de falangistas y nunca más volvieron a saber
de él. La familia cree que su cuerpo pudiera encontrarse en la cripta del Valle
de los caídos.
Canales, que
rechaza la respuesta de Estrasburgo, recuerda que lleva toda su vida
investigando el paradero de su padre pero "nadie nos atendía". El ex
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sí se hizo eco de su caso y lo
incluyó en el auto por el que se declaró competente para investigar los delitos
del franquismo, circunstancia por la cual fue acusado por un grupo
ultraderechista de prevaricar y afrontó un juicio el pasado enero por ello.
"Me siento profundamente decepcionado e indignado, y rechazo esta
decisión", enfatiza Canales, a la vez que anuncia que seguirá luchando.
"Estrasburgo
ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros
nos maltrata"
El equipo de
RIS también pone en evidencia la actuación del tribunal de Estrasburgo y
subraya el desamparo en el que se quedan las víctimas del franquismo, que tras
esta última respuesta tendrán "muy difícil" el aprovechamiento de
esta senda para ver satisfechas sus demandas de justicia y reparación.
"Para Fausto ha quedado ya cerrada la vía del TEDH y, al haber acudido a
este tribunal, también se cierran otras vías internacionales, como llevar una
comunicación individual al Comité de derechos humanos", aclara Vicente.
"La querella contra el franquismo que sigue su curso desde
Buenos Aires es ahora el último cartucho que le queda", apunta
la abogada.
La
indignación y el rechazo no paralizan a Canales que, la semana que viene, acude
a una reunión en la oficina de derechos humanos del ministerio de Exteriores en
el marco del primer informe periódico que España está redactando para el Comité
de desapariciones forzadas de la ONU.
Miembros de
este Comité llegarán a España a lo largo del próximo año, y los esfuerzos de
Canales se centran en que dicho informe contemple a los desaparecidos durante
el franquismo. "Aún está por resolver el asunto de los más de 113.000
desaparecidos documentados en el auto de Garzón; el Gobierno no se ha
ocupado en absoluto y la justicía ha rechazado cualquier intento de
investigación", recuerda.
España
ratificó la Convención internacional para la protección de las personas contra
las desapariciones forzadas el 23 de diciembre de 2010 y se comprometió a
cumplirla contra los delitos posteriores a esa fecha. "Pero una
desaparición es un delito que permanece hasta que aparece el cuerpo, por lo que
no se pueden obviar los desaparecidos por el franquismo", apunta Fausto
Canales.
Fuente: www.publico.es
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