Miquel Falguera magistrado del TSJC,
culpa al PP de reducir a la mínima expresión el control judicial de las
decisiones del empresario. Apela a elegir entre el discurso del derecho y la
civilidad o el de la economía, basado en dogmas neoliberales que amenazan con
liquidar la democracia
Texto y Fotos: Carles Batalla
Viernes, 06 de Marzo de 2015
La
crítica a la reforma laboral del 2012 centró la conferencia de Miquel Falguera,
magistrado del TSJC, en una nueva sesión del “Speakers’ corner” en el Museo de
Història de Catalunya. Estas charlas pretenden dar una visión sobre el pasado,
presente y futuro del movimiento sindical en el marco de la exposición del 50
aniversario de CCOO en Catalunya.
Falguera fue
presentado por su compañero del TSJC Félix Anzón. A modo de contexto, agradeció
el esfuerzo de muchas generaciones de trabajadores por convertir las primeras
normas impositivas del ámbito obrero en leyes de autorización, como etapa
previa a la constitucionalización del derecho del trabajo. Unas conquistas que
no fueron de la democracia cristiana, “tal y como sostiene Duran i Lleida” en
las que las clases populares perdieron “plumas” por el camino: el abandono del
internacionalismo y del debate sobre el poder en la empresa, la renuncia a su
control externo, la falta de avance hacia la igualdad sustantiva y la pérdida
de la economía productiva en favor de otra especulativa.
En este caldo
de cultivo arraigó con fuerza el discurso neoliberal tan de moda en la
actualidad, que niega las conquistas sociales mediante “tópicos supuestamente
científicos”, a saber: ‘lo privado funciona mejor que lo público’, ‘la
Seguridad Social no tiene futuro’, ‘hay demasiados funcionarios y leyes’,
‘reducir impuestos genera ocupación’ y que ‘abaratar el despido genera
ocupación’, “un dogma de fe que un niño de P3 entiende que es una tontería”.
Los objetivos reales
Con este telón
de fondo ideológico, el PP aprobó en febrero de 2012 una reforma que, según
Fátima Báñez, “la máxima consumidora de laca de este país que temía más a los
jueces laboralistas que a los hombres de negro”, perseguía tres objetivos:
crear ocupación, la promoción del trabajo estable y de calidad y la regulación
de la flexibilidad interna.
Para el juez
laboralista, esta declaración de buenas intenciones era un eufemismo para
ocultar las auténticas finalidades de la nueva normativa: abaratar los costes
salariales (reducción del coste del despido, potenciación de los convenios de
empresa sobre los convenios salariales, fin de la ultraactividad), o sea, “que
los ricos sean más ricos y los pobres más pobres”; disminuir los controles
externos en la toma de decisiones del empresario (fin de la autorización
administrativa de los despidos colectivos, e intento de limitar su control
judicial); disminuir los controles internos de la empresa de las decisiones de
los empresarios (nueva regulación de la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, potenciación de la distribución regular de la jornada
de manera unilateral más allá de lo que establezcan los convenios) y
resituación a la baja del papel de la negociación colectiva y los sindicatos:
imposibilidad de negociar sistemas alternativos de encuadre más allá de los
grupos e imposibilidad de disponer de la duración de los contratos de
emprendedores.
Tres años
después, Falguera enumera las consecuencias desastrosas de la aplicación de la
normativa: “los salarios han bajado mientras que las rendas empresariales han
subido, se han producido retrocesos en la negociación colectivo, un descenso de
las coberturas de prestaciones sociales y un crecimiento de los contratos a
tiempo parcial”.
El magistrado
atribuye el fracaso a una “mala técnica legislativa”, con la que se diseñó “la
chapuza jurídica más grande que se ha hecho en la historia del derecho del
trabajo en España”. Según Falguera, desde el 2012, las sentencias del TC en
este ámbito se han dictado por ideología, en base a la creencia que “los
derechos constitucionales deben someterse a la economía. Es como si yo digo que
soy creacionista y después hago una investigación como biólogo”. Y después,
ante las contradicciones y fallos, los jueces y tribunales debían “solucionar
la patata caliente”.
Ultraactividad
y despidos colectivos
Falguera
dirigió sus críticas a dos cuestiones: la ultraactividad y los despidos
colectivos por causas económicas. En cuanto al primer apartado, recordó que el
legislador establece que cuando un convenio colectivo pierde vigencia, las dos
partes tienen un año para ponerse de acuerdo y si no lo hacen, se aplica el
convenio de ámbito temporal, siempre que exista. “¿Y si no hay convenio qué
aplicamos?”. Además, aprovechó para recriminar la presión de la extrema
derecha. “Es falso que la ultraactividad no exista en ningún país europeo, como
dijo la FAES. Lo que no existe es ningún país de la UE con un sistema similar”.
Por otro lado,
rechazó de manera tajante “la leyenda urbana y el dogma neoliberal” de una
supuesta permisividad de los jueces en materia de despidos colectivos por
causas económicos. Lo justificó en base a un estudio hecho por él mismo según
el cual 7 de cada 10 despidos eran declarados procedentes por los tribunales.
Falguera lamentó que la reforma reduzca a la mínima expresión el margen de
maniobra de los jueces, “que nos digan que, si no hay causa, no vayamos más
allá.” El debate lo resolvió el TS admitiendo que no se puede limitar el papel
de los jueces. Como ejemplo flagrante, el de Telemadrid, que “no puede echar el
87% de la plantilla teniendo sólo un 5% de pérdidas”.
En los dos
años siguientes a la entrada en vigor de la reforma, según datos revelados por
el CGPJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia dictaron 160
sentencias sobre despidos colectivos, de las que el 56% fueron desestimatorias.
Desde la reforma, un 1,2% de los despidos colectivos se declararon nulos o no
ajustados a derecho, mientras que cuando había autorización administrativa “era
el 2,5% lo que no se autorizaba”. Esta cifra demuestra, en palabras de
Falguera, que el objetivo real de la reforma es “eliminar el control sobre el
poder a la empresa, porque los jueces sobramos”, una tendencia ya instalada en
Francia, “donde la patronal acusa los jueces de lo social de ser proclives a
los intereses de los trabajadores”.
Vidal, “víctima de la
jerarquización”
Para acabar de
entristecer la situación, apuntó otros ítems “no casuales” como la ley mordaza,
“la criminalización del derecho de huelga”, la ley de tasas, con un proyecto de
ley pendiente que provocará que “los trabajadores que hasta ahora tenían
justicia gratuita no la tengan a no ser que justifiquen que no tienen ingresos
suficientes” y la reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ), que
comporta un modelo “absolutamente jerarquizado y de control sobre los jueces”.
En este sentido, no dudó en calificar de “increíble” la expulsión de Santiago
Vidal, una decisión que es consecuencia de un CGPJ “jerarquizado con un
controlador que va a por el que no sale en las fotos”.
Por si fuera
poco, esta reforma de la LOPJ obligará a los jueces a seguir la doctrina del
TS, de la que no se podrán apartar bajo riesgo de cometer prevaricación. La
conclusión del magistrado es demoledora. “Lo que molesta es el control
judicial. Estamos entrando en un período en el que quieren que la democracia
sea meramente formal”.
Diversas alternativas
Para combatir
los efectos de la reforma, Falguera ofrece varias alternativas: “desempolvar
viejas reivindicaciones olvidadas” tales como la necesidad de mecanismos de
control de ámbito internacional de las decisiones empresariales, recuperar el
poder de debate a la empresa, plantear controles externos a la empresa,
repensar la idea de igualdad de cada uno según sus capacidades, reestructurar
un modelo de previsión “totalmente disgregado” e iniciativas como la renta
básica ciudadana o ampliar los mecanismos de participación, porque “quizás ya
no es suficiente hablar de responsabilidad social corporativa”. En cualquier
caso, toda solución se debe tomar bajo dos prismas: “la primacía del derecho sobre
la economía, porque los juristas y no los economistas son los garantes de la
civilidad” y la conciencia de que las leyes, por sí solas, “no crean ocupación
sino modelos de ocupación”.
Según él, lo
que ya son inútiles son “las viejas consignas, las viejas leyes, las viejas
inercias, las viejas prácticas, y las viejas soluciones”, así como el modelo de
relaciones laborales “de arriba a abajo” dentro de un sistema en red. Se trata
de dar un paso hacia adelante y posicionarse por el bien de las futuras generaciones.
“Es el momento de optar por el discurso de la economía o por el discurso del
derecho y la civilidad, cosa que no se puede aplicar si los ciudadanos no son
soberanos, optar entre el gobierno de los pobres hombres libres (democracia) o
el gobierno de los hombres ricos libres (oligarquía). Esto ya lo dijo
Aristóteles”.
El magistrado
advirtió que, en función de la elección, la democracia, que empezó hace 3.000
años en Grecia, “puede renacer o acabar también en Grecia”.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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