Madrid debería
replantear el cuestionado plan de privatizar seis hospitales públicos
El proyecto de la Comunidad de
Madrid de acometer de una tacada una privatización de la gestión de bienes
públicos de enormes dimensiones está en el aire. Una vez que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha devuelto los recursos en marcha a sus
secciones de procedencia, la suspensión del proceso promete alargarse más allá
de las próximas elecciones autonómicas en las que el principal impulsor del
proyecto, el presidente Ignacio González, del PP, debería validar su cargo en
las urnas.
La reacción casi inmediata del
Gobierno regional de seguir adelante con la privatización de la gestión de seis
hospitales y del 10% de los centros de salud es un brindis al sol. Primero,
porque las empresas adjudicatarias difícilmente se prestarán al traspaso de
competencias por la vía de los hechos con la espada de Damocles de la justicia
pendiente; y, segundo, porque las posibilidades de que los jueces anulen
definitivamente el proceso no son remotas. El mismo tribunal que ahora obliga a
volver a la casilla de salida ya señaló su preocupación por el carácter
irreversible de facto de la privatización y por las presuntas
irregularidades del concurso de adjudicación realizado a toda prisa en agosto
pasado, que benefició a tres firmas privadas.
Los recursos presentados ante la
justicia provienen de los partidos de la oposición —UPyD y PSOE—, pero también
de colectivos médicos, alarmados por el planteamiento del Gobierno regional sin
que hasta la fecha se haya presentado un análisis sobre las ventajas económicas
y asistenciales. El proceso, por el contrario, ha alimentado las dudas. El
intercambio de cargos entre la sanidad pública y las empresas sanitarias o el
hecho de que en el concurso de adjudicación las compañías no tuvieran que
competir entre sí son datos que inducen a la desconfianza sobre la limpieza del
procedimiento. A ellos se sumó la intervención del magistrado Gerardo Martínez
Tristán —ahora miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del
PP— aunando todas las causas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En
su ausencia, el resultado ha sido justo el opuesto al que quizá se pretendía.
Ignacio González ha desoído hasta
el momento los razonamientos en contra y las protestas —conocidas como mareas
blancas— que los profesionales han protagonizado pidiendo la paralización
de un plan que quiere dejar en manos privadas la gestión de los hospitales
públicos —construidos y mantenidos con el dinero de los contribuyentes— que
asisten al 20% de los madrileños. Las prisas de González y las aparentes
maniobras para mantener el proyecto pueden pasarle factura a este político que
heredó el cargo de Esperanza Aguirre y que ambiciona encabezar la lista del PP
en los próximos comicios. Su fracaso resultaría barato si, a cambio, se
aparcara definitivamente un proyecto con todas las trazas de ser perjudicial
para los intereses públicos.
Fuente: www.elpais.com
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