Objetivo: salvar a
la Infanta
Los ministerios de
Interior, Hacienda y Justicia y la Fiscalía del Estado participan en una
estrategia en torno al fiscal Horrach para defender a Cristina de Borbón
Los inspectores de Hacienda que
defienden la inocencia de la Infanta salen del juzgado de Palma tras testificar
ante el juez / TOLO RAMÓN / ATLAS
La maquinaria del Estado se ha puesto en acción para evitar que, por
primera vez en la historia, un miembro de la familia real española se siente en
el banquillo de los acusados. La estrategia es discreta pero implacable, no
está impresa en documento alguno, afecta a los ministerios de Interior, Justicia
y Hacienda, además de la Fiscalía del Estado, y cuenta con el respaldo del
principal partido de la oposición. Ha existido una coordinación que ha
permitido eliminar obstáculos y respaldar la actuación de un hombre, la llave
de la operación, el fiscal Pedro
Horrach, personalmente convencido de que no hay pruebas contra la
Infanta. El objetivo final era no recusar la decisión del
juez José Castro y aceptar que una declaración de la Infanta en sede
judicial “colmaba las aspiraciones de la sociedad española”.
Aceptar que la segunda imputación no debía ser
recurrida ha sido la hipótesis de trabajo que ha terminado por
imponerse. Para ello había que superar la propia resistencia de la Infanta y
las dudas del abogado Miguel Roca, en quien la Casa del Rey había depositado la
dirección de la defensa jurídica en abril de 2013. Defender a Cristina de
Borbón eficazmente significaba aislar sus intereses de los de su marido, Iñaki Urdangarin,
y aceptar que ella fue utilizada como una pantalla para ocultar los beneficios
obtenidos por Urdangarin y su socio Diego Torres. La estrategia dejaba a un
lado a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, cuya imputación, mantenida contra
toda lógica por la defensa de Urdangarin, resultó ser el detonante de una
guerra de correos que terminó encaminando al juez hacia la Infanta.
La infanta Cristina llega a la sede
de La Caixa en Barcelona en abril del año pasado. / G. NACARINO (CORDON PRESS)
El despacho de Roca Junyent &
Abogados había cerrado un acuerdo, dos meses antes de recibir el encargo
oficial de la defensa de Cristina de Borbón, con el bufete Molins & Silva,
un pequeño despacho con 14 abogados penalistas, especializado en aportar una
defensa a medida del cliente: denominado en el argot como “boutique”, este tipo
de despachos cuentan con pocos clientes y ofrecen un servicio integral, evitan
los litigios y saben moverse en las gestiones extrajudiciales, según opiniones
recogidas en el sector. La primera parte de la defensa de Cristina de Borbón se
saldó con un relativo éxito: la imputación
fue revocada por la Audiencia de Palma, pero esta orientó al juez
Castro a investigar si la Infanta había cometido delito fiscal. La
investigación ha durado ocho meses.
Durante ese tiempo, el caso Urdangarin se
convirtió en el caso Cristina de Borbón. Algunos hechos fueron sucediendo por
el camino. Sin mediar una explicación convincente, Mari Ángeles Berrocal, la
abogada que representaba los intereses del Gobierno balear, personado en el
caso como afectado, funcionaria, con experiencia en casos de corrupción y
eficaz colaboradora tanto del fiscal como del juez, fue relevada por otra
jurista, Antonia Perello, de conocida militancia en el PP. La causa oficial fue
así de indescriptible: “Una redistribución de funciones para optimizar
recursos”. El hecho se produjo en julio de 2013.
Dos meses antes, Beatriz Viana,
directora de la Agencia Tributaria, no atendió la petición expresa del juez
Castro de mantener en auxilio judicial a un funcionario de Vigilancia Aduanera
que había colaborado estrechamente en las investigaciones del caso Palma
Arena y en la parte que derivó en la pieza separada número 25, que era el caso
Urdangarin. Hacienda nombró a dos inspectores de su delegación de Barcelona
en calidad de peritos, dos profesionales experimentados, de sólida formación,
pero que no han llegado a contar con la confianza absoluta del juez por
diversas razones. En el mes de julio, Beatriz Viana dimite por el escándalo de
las 13 fincas atribuidas erróneamente a la Infanta. En su lugar era nombrado
director Santiago Menéndez, hermano de Adolfo Menéndez, secretario general de
la Fundación Príncipe de Asturias.
Los peritos han realizado hasta
diez informes sobre las sociedades del entramado creado por Urdangarin y Torres
y se han mantenido firmes en su tesis de que “eran sociedades pantalla que no
tenían verdadera entidad societaria, por lo que las rentas derivadas de las
actividades supuestamente delictivas debían de imputarse a las personas físicas
que se ocultaban tras ellas y no a las personas jurídicas que utilizaban como
pantalla”, reza un documento interno. Una de esas pantallas era Aizoon, una
patrimonial formada al 50% por Urdangarin y su mujer. Si Cristina estaba puesta
como pantalla [“Les advertí que era peligroso ponerla en una sociedad expuesta
a muchas cosas”, dijo ante el juez el notario Carlos Masiá, a quien le
respondieron que era “un escudo ante Hacienda”] era para ocultar a los
verdaderos defraudadores, Urdangarin y Torres. Esa es la tesis de los peritos y
donde discrepa el juez. Este es el punto fundamental de la imputación de la
Infanta, que se sitúa en el ejercicio de 2007, que por un año no está
prescrito. El propio juez Castro escribe que “no parece probable” y que es
“escasamente probable” que la cuota defraudada por la infanta Cristina supere
los 120.000 euros, la frontera que determina la existencia de un delito.
Hacienda había hecho su trabajo.
El fiscal Horrach viaja con alguna
frecuencia a Madrid. También lo hace a Barcelona. A diferencia de otras
ocasiones, ahora se le escucha. Tiempo atrás estaba convencido de que un
acuerdo con Torres y Urdangarin era posible. El caso habría quedado zanjado y
nada habría salpicado a la Infanta. Zarzuela no quería pactos, y eso que las
relaciones entre el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, e Iñaki
Urdangarin se torcieron varios años atrás. Horrach se reúne con Antonio
Salinas, su superior en la Fiscalía Anticorrupción. Informa a Eduardo
Torres-Dulce, fiscal general, que sostiene la inocencia de la Infanta en cada
acto al que acude. A nadie se le escapa que Spottorno está informado.
La estrategia tuvo su desenlace una
vez hecho público el auto de 227 páginas del juez Castro imputando a Cristina
de Borbón. Aunque estaba preparada la redacción del recurso, Spottorno se
encargó de superar las últimas resistencias. La versión oficial señala una
reunión Roca-Infanta en Barcelona, visitas de Roca a Zarzuela, asunción por
parte del Rey de que lo correcto es no recurrir y petición del Rey a la Infanta
de que acepte la decisión Horrach.
En el entreacto se producen algunas
salidas de tono. Roca deja traslucir su opinión favorable al recurso mientras
su socio Jesús María Silva se deja llevar por los focos y suelta que la Infanta
actuó por amor y de que “amor, matrimonio y desconfianza son incompatibles”,
que no sientan muy bien en la Casa del Rey, muy preocupada por el factor
mediático. Silva ya había deslizado en alguna entrevista su teoría sobre la
“condena de telediario” y una frase poco acertada al calificar al juez Castro
como “un magistrado que ejerce el poder judicial en nombre del Rey”.
El fiscal, que había refrendado en
sus escritos al juez su teoría de que “no se puede
castigar a nadie por ser quien es”, culminaba la estrategia con la
petición de una citación a los peritos de Hacienda y a siete empresas. La
intención de esta citación, celebrada ayer, era fijar los términos del
interrogatorio a la Infanta y llevar al juez a un callejón sin salida. Ese
sería el episodio final no escrito de una estrategia de Estado, que le llevó a
Rajoy a decir en una entrevista por televisión: “Estoy absolutamente convencido
de que a la Infanta le irá bien”.
Fuente: www.elpais.com
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