En España, los
Gobiernos de turno prefieren garantizarse la docilidad de los designados con
sus nombramientos políticos que optar por instituciones independientes y
competentes que beneficien a todos
EVA VÁZQUEZ
Por qué no hacen bien las cosas los Gobiernos? Esta es una
pregunta clave para los que estudiamos las sociedades modernas. Si hacer las
cosas bien genera más riqueza y empleo, ¿por qué hacerlas mal?
A grandes rasgos, existen tres explicaciones. La primera es que a
los Gobiernos no les queda más remedio. Por ejemplo, reformar la universidad
española supone enfrentarse con los beneficiarios del caos actual. Un Gobierno
puede carecer de fuerzas para vencer esa resistencia. La segunda explicación es
que los Gobiernos no saben qué hacer. Una nueva regulación financiera es
complejísima. Incluso los mejores expertos pueden ser incapaces de predecir sus
consecuencias. Las cosas salen mal porque es difícil hacerlas bien. La tercera
explicación es que los Gobiernos no quieren hacer las cosas bien. Liberalizar
mercados puede perjudicar los intereses personales de un ministro. Una reforma
fiscal puede castigar a los grupos económicos que apoyan a un partido.
En el mundo real cuesta distinguir entre estas tres hipótesis. Si
un Gobierno toma una mala decisión, ¿es que no puede, no sabe o no quiere
hacerlo mejor? Casi siempre existen indicios a favor de cada hipótesis. Además,
normalmente, las tres razones influyen. Por ello, para aprender cómo se
determinan las políticas, lo que podemos hacer es buscar casos donde estemos
razonablemente seguros de que solo uno de los tres factores impera. Así,
identificamos el motivo detrás de una mala decisión y podemos diseñar
mecanismos para evitar su repetición.
Tristemente, en España, uno no tiene que buscar mucho para
encontrar esta identificación. La política de nombramientos en instituciones
del actual Gobierno solo se explica desde la voluntad de no querer hacer las cosas
bien. Desde la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los
consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pasando por
los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y muchos otros, hemos asistido a
nombramientos que desafían la credulidad.
¿Por qué estos nombramientos solo se explican por el deseo de no
querer hacer las cosas bien? Nombrar a personas independientes y competentes,
lejos de generar rechazo, hubiera sido aplaudido dentro y fuera de España. Por
tanto, la primera explicación, las imposibilidades políticas, no se sostiene.
La segunda explicación, no saber qué hacer, tampoco es plausible. La evidencia
de que la buena selección de directivos públicos incrementa el bienestar es
abrumadora. Nuestros gobernantes la conocen de sobra y la Unión Europea nos la
recuerda constantemente. Por eliminación, nos queda la tercera explicación: el
no querer hacerlo bien.
Las sinecuras de los organismos públicos son
el Estado de bienestar de los políticos españoles
La siguiente pregunta es inmediata. ¿Qué gana el Gobierno con
tales nombramientos? Dos cosas. La primera, controlar las instituciones. Una
Comisión Nacional del Mercado de Valores o una Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia vigorosas pueden cercenar la libertad de actuación
futura del Gobierno. A nuestros políticos esta idea no les gusta por dos
razones. Primero, porque esta libertad es muy valiosa para ellos en una
economía pequeña e intervencionista como la española. El reciente sainete de la
subasta de electricidad ilustra este argumento.
Segundo, porque la mayoría de los políticos españoles nunca ha
interiorizado el espíritu del Estado de derecho y la idea de controles y
contrapesos. Mientras que formalmente proclaman su adhesión a tales principios,
nuestros políticos piensan que las normas, como en el viejo pase foral, se
acatan, pero no se cumplen. ¿Europa nos pide una Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal? No pasa nada. Como el Gobierno no cree que tal
autoridad sea buena idea, escribe una norma que, formalmente, satisface los
requerimientos de Bruselas para luego desvirtuarla en los detalles normativos,
en retrasos en su implementación y en los nombramientos de sus gestores.
En una interpretación capciosa de la Constitución, estas
arbitrariedades se disfrazan de actos políticos legitimados por las urnas. Y
para evitar sorpresas inesperadas, las arbitrariedades se escudan en un Consejo
General del Poder Judicial seleccionado por los políticos para generar una
magistratura temerosa de controlar al Ejecutivo.
La segunda ganancia del Gobierno es recompensar a los
colaboradores de los partidos políticos. Los dirigentes de los mismos
comprenden que necesitan palos (la amenaza de salirse de la lista electoral) y
zanahorias (los cargos a repartir) para asegurar la dócil cooperación de todos.
Estas designaciones son el pegamento que sostiene un ecosistema de políticos
profesionales que raramente han alcanzado la excelencia en el mundo privado.
Las sinecuras de los organismos públicos son el Estado de bienestar de nuestros
políticos.
Este sistema sobrevive por la ausencia de una fiscalización
efectiva de la actuación pública. Los jueces no osan trazar la frontera entre
la arbitrariedad y la discrecionalidad de los poderes ejecutivos y legislativos.
Los medios de comunicación prestan poca atención a la buena gobernanza, sobre
todo si los pecados son “de los míos”. La sociedad civil, invertebrada,
raramente combate las inmunidades del poder.
En resumen: la selección de directivos en nuestras instituciones
no es un accidente. Es una respuesta estructural dados los incentivos
existentes. Los Gobiernos no quieren ser controlados, unos políticos de mala
calidad necesitan de salidas económicas personales y los mecanismos de control
no operan.
En los ejemplos anteriores me he referido al Gobierno actual por
ser quien, respaldado por una mayoría absoluta, toma hoy las decisiones. Pero
el análisis, al ser estructural, no se limita al PP. El PSOE, Izquierda Unida,
CiU y PNV han participado con alegría en el sistema por décadas. Las
organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios también han sabido
acomodarse al reparto de cargos.
Más en concreto: aunque los socialistas ahora protesten, cuando
estuvieron en el poder actuaron igual o peor. Como hemos visto recientemente
con el Consejo General del Poder Judicial, a la hora de la verdad, populares y
socialistas se reparten cargos sin rubor. Los socialistas saben que,
eventualmente, regresarán al poder y tienen tan poco interés en quedar fiscalizados
como los populares. Y, mientras tanto, hay que contentar a muchos.
Las razones que han llevado a esta situación se encuentran en la
economía política de la Transición a la democracia. Unos partidos nuevos y
débiles necesitaban afianzarse y las instituciones del franquismo, renovarse.
Colocar a los “nuestros” cumplía, así, una doble misión. Con el argumento de la
democratización de las instituciones, tal actuación era fácilmente vendible a
una sociedad que, acostumbrada a ser ignorada, tampoco exigía mucho.
Los males del sistema se incrementaron con el tiempo. Al
modernizarse la economía española, las alternativas a las carreras
administrativas y jurídicas, los caladeros de nuestras élites políticas, se
multiplicaban. Al mismo tiempo, las reforzadas burocracias de los partidos iban
expulsando a aquellas personas más capaces o, más comúnmente, impidiendo su
promoción en la organización. Ambas fuerzas llevaron a un desplome de la
calidad media de los políticos. La burbuja inmobiliaria agudizó el proceso. Por
un lado, la burbuja multiplicó las rentas que los políticos podían extraer del
sistema. Por otro, la aparente prosperidad anestesiaba a la sociedad frente a
los abusos.
El reto es romper el sistema actual. La regeneración institucional
de nuestra democracia es fundamental para una expansión sólida de la economía.
Nuestra clase política va a emplear la excusa del magro crecimiento que
probablemente tengamos en los próximos años para cantar victoria. Armados con
tal argumento y con la garantía implícita del Banco Central Europeo para
refinanciar nuestra deuda, cesará todo esfuerzo reformista. Ante la falta de
voluntad de la mayoría de los partidos, la sociedad civil, con su movilización
política, legal y mediática, tendrá que liderar el esfuerzo de quebrar el
deterioro de las instituciones y restaurar el Estado de derecho en España.
Jesús
Fernández-Villaverde es catedrático de Economía de la Universidad de
Pensilvania.
Fuente: www.elpais.com
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