En A Coruña se han dejado de realizar intervenciones porque todos
los médicos se declaran objetores y en Ourense solo se practican hasta las 14
semanas de gestación
Exterior
del Centro de Orientación Familiar de Orillamar, en A Coruña. / GABRIEL TIZÓN
Galicia ha ido dando pasos atrás en la práctica de los derechos
que recoge la actual ley del aborto. En el Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense (CHUO) hace cuatro años que dejaron de realizarse interrupciones
voluntarias de embarazos de más de 14 semanas. La Consellería de Sanidade,
presidida entonces por Pilar Farjas, no llegó a acuerdo con el personal de
matronas y enfermería respecto al pago de las horas de una intervención
quirúrgica larga y estos sanitarios renunciaron a prestar el servicio público.
Desde entonces, la práctica de abortos de las ourensanas de nueve a 14 semanas
de gestación se deriva a clínicas concertadas, fundamentalmente de Vigo y las
de entre 14 y 22 semanas (básicamente malformaciones genéticas), a Madrid. En
el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) no se practica
ningún aborto: los médicos que hace cinco años hacían interrupciones de
embarazo se han declarado objetores y derivan a las mujeres ahora a clínicas
privadas.
Hasta 2009 en Ourense se hacían interrupciones de embarazos de hasta
22 semanas y en el CHUAC, solo las relacionadas con malformaciones fetales. Los
ginecólogos de A Coruña se declararon siempre objetores en los casos de
decisión libre de la madre (hasta las 14 semanas). Los gobiernos del PP
presididos por Alberto Núñez Feijóo no han puesto obstáculos a la práctica
legal del aborto, pero, según coinciden en afirmar profesionales consultados
por este diario, “desmotivaron al personal sanitario”.
El ginecólogo ourensano José Luis Doval (pionero en la práctica de
abortos en Galicia en hospitales públicos) sostiene que el Gobierno gallego ha
respetado la ley y atribuye el retroceso del último lustro tanto a la falta de
interés de esta Administración y de los gerentes hospitalarios como a la de los
profesionales. “En Galicia la práctica del aborto es muy difícil de manejar,
nunca se asumió como una asistencia sanitaria, sino como una cuestión
ideológica y muchos médicos tenían miedo a ser señalados”, explica Doval el
alto índice de objeción. En su opinión, la renuncia a esa objeción durante el
bipartito se debió al “empeño” de aquel gobierno, “para el que era prioritaria
esta cuestión”, en que los abortos se realizaran en la red pública. Doval cree
que la “ausencia de motivación” de los profesionales provocó que en los lugares
en los que no había gran interés profesional, se viniera abajo la estructura.
La desmotivación llegó por varios frentes. A la merma de los
apoyos a los profesionales —el bipartito llegó a ofrecer compensaciones
económicas— se sumó, en 2011, la Ley de Apoyo a la Familia y a la Convivencia
promovida por el PP que dejó en manos de la asociación antiabortista Red Madre
(vinculada al ultracatólico Foro Español de la Familia) el asesoramiento a las
mujeres embarazadas. La Ley de la Familia concedió al feto personalidad
jurídica de facto: lo consideró un miembro de la unidad familiar a tener en
cuenta a la hora de conceder subvenciones públicas. En la presentación del
anteproyecto, la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, adelantó que la norma
tenía la vocación de proteger la maternidad y que preveía, “sin limitar ni
entrar en colisión” con la ley de plazos vigente, actuaciones encaminadas a
ayudar e informar a las mujeres cómo seguir adelante con su embarazo.
Por su parte, la conselleira de Sanidade, entonces Pilar Farjas,
se opuso al cumplimiento de la orden gubernamental que obligaba a las
comunidades a incluir en un sobre informativo datos relativos a la ampliación
de los supuestos del aborto y relacionados con las posibilidades de acceso a la
asistencia sanitaria para las mujeres que querían interrumpir sus embarazos. La
conselleira precisó entonces que no incluiría ninguna información a la
facilitada por el ministerio. La secretaria de Estado de Igualdad durante la
última etapa del Gobierno de Zapatero, Laura Seara, alertó entonces de que la
Xunta realizaba una estrategia de insumisión encubierta a la ley del aborto.
“La Xunta no ha puesto una sola traba en estos últimos cinco años
para el cumplimiento de la ley del aborto, pero sí hubo desmotivación, un
abandono del impulso anterior, que acabó repercutiendo en menos facilidades
para las mujeres”, sostiene también la trabajadora social del Centro de
Orientación Familiar (COF) de Ourense, Celsa Perdiz. En su opinión, la labor
encomendada a la Red Madre “pese a que no llegó a desarrollarse, supuso un paso
atrás”. Perdiz considera “insólito” que la Consellería de Sanidade haya
mantenido hasta ahora colgadas en la intranet de su página web —a la que
acceden los trabajadores sanitarios— los postulados de la Fundación Red Madre
sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
No ha habido impedimentos, pero las mujeres tienen menos opciones
de someterse a las interrupciones voluntarias de sus embarazos cerca de casa y
menos información. Cuando llegó Feijóo al poder, todos los hospitales públicos
practicaban abortos; ahora ya no . “Las mujeres en ese proceso no están para
tonterías. ¿Qué embarazada de más de 14 semanas que va a someterse a un aborto
de un hijo deseado (la mayoría de los casos de malformaciones genéticas) puede
querer ir a Madrid? Es muy duro, por eso hubo gran interés desde el bipartito
en estimular a los profesionales para que practicaran los abortos en la red
pública gallega: algunos lo hacían en la privada”, explica un técnico de
Sanidade que trabajó con el bipartito. “Se consiguió implicación de médicos de
todos los hospitales gallegos, muchos de los que ahora se han echado atrás”.
En el
hospital de Ourense el número de ginecólogos que realizan abortos es el mismo
que durante el Gobierno de PSOE y BNG: tres. Pero el único que se mantiene fijo
es Doval. Hasta hace cuatro años practicaba interrupciones de embarazos de
hasta 22 semanas; desde entonces (con la retirada del personal de enfermería
por el desacuerdo económico con Sanidade) solo realiza los de hasta 14 semanas
de gestación. Si se aprueba la reforma que promueve el Gobierno de Rajoy, que
anula la opción de libre decisión de la madre en embarazos de menos de 14
semanas, no hará ya ninguno. Ni él ni nadie.
Fuente: www.elpais.com
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