El documental 'El caso Rocío' revive la historia
de la primera película vetada en la democracia
Fotograma del documental 'Rocío', de
Fernando Ruiz Vergara.
Es más
difícil desterrar la represión de las mentes que de las burocracias. En 1977 se
suprimió todo el entramado administrativo de la censura que había supervisado,
distorsionado y vetado cada creación (libros, revistas, discos, películas,
carteles...) durante la dictadura de Franco, pero en la Transición algunos
creadores aún seguirían sufriendo zarpazos letales de un sistema que ya era
democrático.
Tal vez el
caso más extremo fue el del cineasta Fernando Ruiz Vergara, nacido en Sevilla
en 1942, que renunciaría al cine y a su país —se instaló en Portugal— después
de que el Tribunal Supremo le condenase por injurias por su película Rocío,
estrenada en 1980, seleccionada para el Festival de Cine de Venecia y retirada
de la circulación poco después. Un
libro y un documental dirigido por José Luis Tirado, El caso Rocío,
reviven ahora el calvario judicial y el contexto político que acompañó a aquella obra que
nació para buscar respuestas sociológicas y, en el camino, se cruzó con la
amarga historia contemporánea. “Fernando Ruiz Vergara tuvo la desgracia de ser,
al mismo tiempo que pionero de esto que se ha dado en llamar ‘memoria
histórica’, la primera víctima del derecho al honor, o lo que viene a ser lo
mismo, de la impunidad del franquismo, amparada por el modelo de transición y
por el aparato judicial”, sostiene el historiador Francisco Espinosa en el
libro. “Hoy la historia de la represión en Almonte y los testimonios de los
supervivientes no serían perseguidos penalmente”, defiende José Luis Tirado.
Fotos de víctimas de la represión en
Almonte en 1936.
Vayamos al
principio. El mismo año en que se dinamitó legalmente la censura, Fernando Ruiz
Vergara embaucó a un equipo portugués para filmar la multitudinaria romería del
Rocío en Almonte (Huelva) en condiciones tan modestas como en los actuales
tiempos de crowdfunding: se alojaron en tiendas de campaña y se
alimentaron de churros y bollos durante una semana. Tanto al director como a su
guionista, Ana Vila, les interesaba hurgar en las raíces de aquel fenómeno de
masas en el que la exaltación religiosa va acompañada de exaltaciones gozosas
de otro tipo. En su aproximación hay complicidad hacia lo popular y crítica
hacia la trastienda (de la económica, por ejemplo, revelaba que solo en 1975 la
hermandad matriz recaudó 18 millones de pesetas por la venta de recuerdos).
Y conforme
miraban hacia atrás, la memoria iba carcomiendo la antropología. Los estrechos
lazos entre algunas cofradías y algunos terratenientes había espoleado la
devoción y, en 1932, cosas peores. Cuando el Gobierno de la Segunda República
acordó desterrar símbolos religiosos de los espacios públicos, se alentó una
algarada en Almonte contra la decisión del ayuntamiento de retirar de su sede
un azulejo de la virgen. Luego, en 1936 fueron asesinados 99 hombres y una
mujer del pueblo. Sin juicio. De noche. Por decreto de una banda de
falangistas.
"No es
atinado avivar los rescoldos de esas luchas", señaló el Supremo
Un vecino relató los hechos ante la cámara de Fernando Ruiz Vergara, que en la
cinta incluía la imagen de José María Reales Carrasco —con una banda negra
sobre los ojos— como uno de los cabecillas de la represión. Sus hijos
denunciaron la cinta por injurias, escarnio de la religión católica y ultraje
público de las ceremonias en honor de la virgen. El 8 de abril de 1981 un
juzgado de Sevilla prohibió exhibir el filme. “Era la primera vez que un
juzgado secuestraba una película en España después de que se aprobara la
Constitución y desaparecieran los mecanismos de censura previa en materia de
cine”, recuerdan los historiadores Ángel del Río y Francisco Espinosa en el
libro. El crimen de Cuenca, que también penó en los tribunales
militares, acabaría autorizado y exhibido sin alteraciones en 1981.
Irónicamente
Rocío, apoyada por creadores e intelectuales como Ian Gibson, Pilar
Miró, Luis G. Berlanga, José Hierro o Antonio Gala, se proyectó casi más en
salas judiciales que en cines. Primero fue prohibida, luego mutilada en los fragmentos relativos a los
supuestos autores de la represión por la Audiencia de Sevilla y finalmente el
Tribunal Supremo condenó a su director —que se autoinculpó para liberar a los
otros dos procesados, la guionista Ana Vila y el vecino de Almonte Pedro Gómez
Clavijo— por injurias hacia José María Reales Carrasco, ya entonces fallecido.
El 3 de febrero de 1984 el Supremo imponía al cineasta dos meses de
arresto y el pago de 10 millones de pesetas de indemnización a la familia del
injuriado. Entre otros “considerandos” la sentencia, de la que fue ponente Luis
Vivas Marzal, señalaba lo siguiente: “Si bien es cierto que la finalidad
aparente de Rocío es exclusivamente la documental referida al entorno
histórico, sociológico, cultural, religioso, ambiental y hasta antropológico,
de la romería del Rocío, pronto aflora una inoportuna e infeliz recordación de
episodios sucedidos antes y después del 18 de julio de 1936, en los que se
escarnace a uno de los bandos contendientes, olvidando que, las guerras
civiles, como lucha fratricida que son, dejan una estela o rastro sangriento y
de hechos, unas veces heroicos y otras reprobables, que es indispensable
inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones
posteriores a la contienda, convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no
siendo atinado avivar los rescoldos de esas lucha para despertar rencores,
odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo...”.
Sobre el documental, aún hoy, pesa
la prohibición de proyectarse en público en su versión original. En
el pasado Festival de Cine de Sevilla, se estrenó El caso Rocío, que incluye una entrevista con el
cineasta procesado, para revivir su peripecia. Un modesto reconocimiento que a
Fernando Ruiz Vergara le llegó tarde. En 2011 falleció en Portugal. Dejó
algunos guiones, su único acercamiento al cine tras la condena.
Fuente: www.elpais.com
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