IU pide al gobierno
que explique qué medidas adoptará para hacer frente a la obstrucción de EE.UU.
denunciada por el Juez Pedraz en la investigación del asesinato de Couso
España | Tercera Información | 10-01-2014 |
El
diputado de IU y portavoz parlamentario de Justicia registra una pregunta por
escrito dirigida al Ejecutivo del PP para que detalle también qué va a hacer
“para obligar al Gobierno de los Estados Unidos a tramitar la extradición” del
teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas
Gibson por un delito contra la comunidad internacional en concurso con un
homicidio, y para que se tome declaración a la sargento Adrienne Kinne como
testigo
El
diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Justicia del IU,
ICV-EUiA, CHA, Gaspar Llamazares, ha registrado una pregunta dirigida al
Gobierno para que éste explique “¿Qué medidas piensa adoptar ante la solicitud
presentada por el juez Santiago Pedraz para que el Gobierno tome las medidas
oportunas ante el incumplimiento por parte de las autoridades estadounidenses
del Tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, en relación con el
‘caso Couso’?
De
esta forma, Llamazares convierte en iniciativa parlamentaria la reclamación
realizada por el juez de la Audiencia Nacional que instruye la investigación de
la muerte del cámara de televisión José Couso durante la invasión de Irak en el
año 2003, quien el pasado 3 de enero ha reclamado al Ejecutivo –a través del
Ministerio de Justicia– que ‘adopte las medidas oportunas’ con respecto a lo
que considera un ‘incumplimiento de las disposiciones previstas en el Tratado
bilateral de extradición’ existente entre España y Estados Unidos.
En
su iniciativa, Llamazares recuerda que el auto del juez Pedraz “es consecuencia
de la petición realizada por la Fiscalía, después de que la acusación
particular en esta causa solicitara a principios del pasado mes de diciembre al
titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional
que imputara por un delito de encubrimiento a las autoridades estadounidenses y
españolas ‘al no haber cooperado las mismas de conformidad a los tratados
bilaterales firmados entre ambos países’.
En
su auto, el magistrado confirma la argumentación del Ministerio Fiscal y da por
constatada ‘la falta de colaboración de las Autoridades competentes de los
Estados Unidos de América’, que habrían imposibilitado ‘el agotamiento y la
conclusión’ de la instrucción. Pedraz coincide en que existe esta falta de
colaboración, pero rechaza emprender acciones legales en este sentido porque
asegura que ‘el encubrimiento que se denuncia no encaja en los supuestos
enumerados en la Ley Orgánica del Poder Judicial’, así como que la
responsabilidad de que se cumplan los tratados bilaterales es del Gobierno, no
de la Justicia.
‘Se
vislumbra que, efectivamente, las autoridades norteamericanas no han cooperado
con las españolas de la manera en que se especifica en los tratados
bilaterales’, señala el juez, que no obstante asevera que ‘ello no habilita a
los juzgados a inmiscuirse en temas de política criminal internacional y
cumplimiento o no de los Tratados internacionales, quedando esta facultad en
manos de las autoridades políticas (Gobierno de la nación y Cortes Generales)’.
Sin embargo, Pedraz sí que dispone comunicar al Ministerio de Justicia ‘la
falta de colaboración de las Autoridades competentes de los Estados Unidos de
América y, en consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones previstas en
el Tratado bilateral de extradición’ con el fin de que ‘el Gobierno de España
adopte las medidas oportunas’.
Ante
esta situación, Gaspar Llamazares plantea también en su pregunta escrita al
Ejecutivo de Mariano Rajoy “¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para obligar
al Gobierno de los Estados Unidos a tramitar la extradición del teniente
coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson,
todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la comunidad
internacional en concurso con un homicidio, y para que se tome declaración a la
sargento Adrienne Kinne como testigo en el procedimiento en el que se investiga
la muerte de Couso, que tuvo lugar el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina
de Bagdad?”
Como
se recordará, el magistrado cursó una comisión rogatoria en marzo de 2011 en la
que solicitaba la filiación y el domicilio de la sargento Adrienne Kinne, a fin
de poder tomarle declaración como testigo en el procedimiento en el que se
investiga la muerte de Couso, que tuvo lugar el 8 de abril de 2003 en el Hotel
Palestina de Bagdad. Kinne aseguró en el programa de televisión ‘Democracy
Now’, dirigido por la periodista Amy Goodman, a la que el juez también quería
interrogar, que sabía que el hotel Palestina era objetivo potencial por parte
del Ejército norteamericano.
En
la causa, que fue reabierta por segunda vez en julio de 2010 por orden del
Tribunal Supremo, se encuentran procesados y bajo orden de busca y captura el
teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas
Gibson, todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la
comunidad internacional en concurso con un homicidio
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