La relación de una
determinada clase política con una privilegiada clase empresarial que recibió
trato de favor a cambio de sobornos en el país de la UE que mayor Producto
Interior Bruto (PIB) ha dedicado en los últimos años a infraestructuras.
España | César Pérez Navarro - Tercera Información | 03-01-2014
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El pasado 4 de diciembre, el abogado de la acusación
particular ejercida por IU en el caso Bárcenas, Enrique Santiago Romero,
intervino en Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba para divulgar cúal ha
sido el desarrollo del proceso y dónde se encuentra en este momento la mayor
trama de corrupción que implica -no a los políticos en general- sino al Partido
Popular durante más de 20 años.
La histórica rehabilitación de la democracia en Argentina
que protagonizó el partido de Nestor Kichner tras la superación de políticas
neoliberales desreguladoras ligadas a una corrupción generalizada de los
anteriores gobernantes, es el punto de partida y ejemplo que puede dar
esperanza a países inmersos en crisis económicas con causas similares cuando no
muy parecidas, como es el caso de España. Como ocurriera en Argentina, los
gobernantes españoles no son los únicos responsables ni deben ser diana de
todas las críticas. Son los corruptores o "pagadores" los que
posibilitan e inician los delitos contra el interés general;
"La querella que hemos presentado
por supuesto está dirigida contra los responsables del Partido Popular que han
estado beneficiándose de estos pagos ilícitos, pero sobre todo es una
querella que hemos dirigido contra los responsables de las grandes empresas que
aparecen en esos papeles como pagadores, como financiadores de ese sistema
irregular de funcionamiento, porque de alguna forma no hay corrupcion si no
existieran aquellos que están dispuestos a entregar dinero para provocar estos
fenómenos".
Las burbujas financiera e inmobiliaria
Desde los partidos gobernantes "se propició una
burbuja financiera con un dinero barato que se daba sin cumplir los mínimos
requisitos, lo que propició una burbuja inmobiliaria" creada por el PP
e impulsada por el PSOE con una gran sustracción de recursos del estado que
se desviaron hacia las infraestructuras. Enrique Santiago denuncia la
carencia de "políticas alternativas en materia de creación de empleo o
puesta en marcha de otros sectores productivos".
La Justicia, al servicio de una determinada clase
empresarial y política
El abogado denuncia el Código Penal vigente, diseñado para
favorecer la impunidad de delitos como el de prevaricación, que puede llevar
consigo un perjuicio para las arcas del estado cifrado en miles de millones de
euros pero para el que sólo se contempla la inhabilitación para un cargo
público o hasta un máximo de 6 años de cárcel, lo cual favorece el aumento de
este tipo de delitos, y lo compara con un robo a mano armada en una gasolinera,
para que el cual la pena de cárcel es similar.
Desde el inicio del proceso se ha observado la
"absoluta inacción" de las instituciones del estado en general y de
una Fiscalía Anticorrupción al servicio del PP, que al estallar el
escándalo, únicamente llevó a cabo "apertura de diligencias meramente
informativas sin efecto judicial" y que, según el abogado, "no
paralizaban los períodos de prescripción de los posibles delitos que se
hubieran cometido". Fue este el principal motivo para la querella de IU:
la paralizalización de los períodos de prescripción, fijados en 10 años
según el Código Penal y la demostración de que la sociedad se encuentra ante un
delito continuado, lo cual evitaría la impunidad para los delitos de
corrupción anteriores al año 2003, aunque los papeles recojan delitos desde
1990 a 2008;
"Entre el día que la Fiscalía Anticorrupción abrió
sus diligencias informativas y el día en que Izquierda Unida interpuso su
querella [junto a la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de
Abogados, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes] podrían haber
prescrito delitos derivados del pago de 330.000 euros en comisiones irregulares
que aparecen en los papeles".
La Fiscalía se ha opuesto hasta la fecha a cualquier
diligencia de investigación e insiste en recurrir las resoluciones del juez que
perjudican de cualquier manera al PP en el caso Bárcenas, pero persigue con
gran dedicación la trama de los ERE´s en Andalucía donde están imputados
numerosos cargos políticos del PSOE. Según el abogado de IU, el Ministerio
Fiscal llegó a inventarse un recurso que no existe en la ley española
"contra el acuerdo de un juez para practicar diligencias de
investigación" eligiendo el tribunal ante el que lo presentó (la sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional). El recurso se admitió a trámite en 34
minutos a pesar de la abultada carga de trabajo de este tribunal.
Por otro lado, la Dirección General de la Policía -con Ignacio
Cosidó al frente- ha cesado o cambiado de destino por tres veces al
Comisario General de Policía Judicial en la presente legislatura. La última
destitución fue la de José García Losada, responsable último de todas las
investigaciones relacionadas con la corrupción, sustituido por Santiago Sánchez
Aparicio.
La relación de una determinada clase política con una
privilegiada clase empresarial que recibió trato de favor a cambio de sobornos
Bruesa Construcción, Assignia Infraestructuras, Azvi, OHL,
FCC Construcción, Construcciones Ruabau, SACYR Vallehermoso, Sando, Licuas,
José Antonio Romero Polo S.A., DREGREMONT, ASEDES Capital y Aldesa fueron emplazadas por el juez Ruz el
pasado viernes 13 a entregar en el plazo de 5 días documentación que retienen
desde hace meses, en concreto, datos de contratos de las constructoras con la
Administración tales como fechas que podrían coincidir con los papeles y que no
figuran en muchos de los registros entregados por las constructoras.
Igualmente, el juez "faculta a los funcionarios dependientes del Grupo XXI
de la UDEF-BLA para intervenir en el diligenciamiento de los contratos", o
lo que es los mismo, realizar los registros que sean necesarios en tales
empresas.
Es este el último capítulo de una trama en la que los
medios de comunicación han querido poner el acento en las comisiones
periódicas, sistemáticas y continuadas que recibían dirigentes del PP cuando
"La Comisión de Infraestructuras del PP -que no
parece en los estatutos de este partido- compuesta por empresarios de
constructoras y políticos además del tesorero, elaboraba las
infraestructuras a realizar de manera previa las elecciones (...) Lo
más grave -sinceramente- de los papeles de Bárcenas es que muestran cómo las
grandes empresas de infraestructuras cooptaron los consejos de ministros
para que hicieran las políticas que ellas diseñaban a través de la Comisión de
Infraestructuras del PP. Esto les costó muy poco dinero en comparación con el
enorme daño causado al interés general".
Un sistema de corrupción heredado de Naseiro, el
anterior tesorero, que quedó impune en los años 80 tras anular el Supremo todas
las pruebas y el procedimiento
Enrique Santiago habla de "traspaso del sistema de
corrupción tras la anulación del que se llamó "caso Naseiro";
"Curiosamente el primer apunte que aparece en los
papeles de Bárcenas es uno que dice "8 millones de pesetas R.N."
Bárcenas explicó [ante el juez] que ese apunte respondía al traspaso del
sistema que Naseiro le hizo en su día tras la resolución del Supremo (...) La
causa Gürtel no es ni más ni menos que el mismo sistema de financiación
irregular del PP pero desplazado al ámbito de las Comunidades Autónomas (...)
Era tal el trasiego de comisiones ilegales que la dirección cetral de la calle
Génova tuvo que designar personas en puestos de salida con una única función:
controlar que las comisiones de los empresarios llegaban a la tesorería del
Partido Popular porque estaban hartos de comprobar que las comisiones acordadas
no llegaban completas".
España, el país de la UE que más Producto Interior
Bruto (PIB) ha dedicado en los últimos años a infraestructuras y entre los tres
con menor gasto social
Entre las obras públicas más sonadas de los años de burbuja
inmobiliaria nos encontramos con seis aeropuertos sin aviones o autopistas de
peaje construidas con dinero público a pesar de que los estudios de viabilidad
señalaban que no existía demanda para su uso, y cedidas a empresas privadas que
ahora se declaran en quiebra y exigen rescate.
El caso de la variante de Pajares, para la cual se
construyó el mayor tunel para una línea de alta velocidad en Europa es particularmente
significativo. Se trata del tramo más costoso del AVE, que recorría un macizo
montañoso que comunicaba León con Asturias en una zona de reserva natural con
más de 20 acuíferos perforados y la desecación de la vertiente de León. Las
obras fueron contratadas con carácter de urgencia a finales de 2003, con lo que
la licitación estaba aprobada a principios de 2004 cuando Francisco Álvarez
Cascos acababa de ser nombrado ministro de Obras Públicas del nuevo gobierno;
"Supuso contratos por valor de 6.000 millones de
euros aproximadamente que se reparten entre distintas empresas, tres de ellas,
que ejecutan el 50% aparecen como pagadoras en los papeles de Bárcenas y además
realizando pagos superiores a los 100.000 euros coincidiendo con las fechas de
la adjudicación (...) El tunel es un inmenso sumidero de agua que hoy -9
años después- hace imposible que se abra ni para una línea de alta velocidad ni
para una línea de cercanías. es una obra faraónica que ahí se ha quedado y
nadie sabe bien qué hacer con ella".
Se multiplican las evidencias que apuntan al PP como
una asociación ilícita (organización
criminal según el Código Penal) y un delito continuado
La entrega de donaciones que excedían el límite legal
(100.000 euros o 60.000 hasta 2007) por parte de algunos de los representantes
de las empresas de infraestructuras al Partido Popular ha sido reconocida ante
el juez, pero a ello hay que sumar que el porcentaje de contratos de obras
infraestructuras con procedimiento de licitación extraordinaria superó con
mucho el 50% del total de los contratos relacionados con los pagos que aparecen
en los papeles de Bárcenas;
"Con un criterio conservador, al menos 52
apuntes contables de los papeles de Bárcenas están verificados y acreditados
sin ningún tipo de duda en sede judicial. Buena parte de ellos han sido
además acreditados por el reconocimiento de las personas que aparecen como
perceptores de estos pagos (Francisco Ayesa o Jaime del Burgo, que reconoció
que pedía autorización para los pagos del presidente de su partido, Jose
María Aznar) (...) La contabilidad oficial del PP se ha convertido en una
de las mayores pruebas de cargo en este procedimiento porque acredita que
cuando se hacían estos pagos en dinero negro llegaba un momento en que ese
dinero había que sacarlo de la caja fuerte y los pagos había que blanquearlos,
y la única forma era a trvés de donaciones anónimas a la cuenta designada para
ello según la ley. Así, por ejemplo, cuando aparece un soborno de 60.000 euros
en los papeles de Bárcenas este coincide a los dos días siguientes con seis
ingresos (donativos) de 10.000 euros. Estas cifras exactas coincidentes se
han documentado hasta la fecha en hasta 14 casos según la policía judicial".
Según relata Enrique Santiago, existen también
algunos errores de bulto dignos de reseñar en el comportamiento de la defensa
del Partido Popular. Así, este partido aún no ha explicado cómo es posible que
su abogado conociese el saldo de las cuentas descubiertas a través del
ex-tesorero;
"Si no habla, puede conservar el 25% de los saldos
de las cuentas". Este fue uno de los tratos ofrecidos a Bárcenas
cuando ya se hallaba en la cárcel, "de lo cual se deduce que los
dirigentes del PP conocen los saldos que hay en Suiza y que esas cuentas deben
pertenecer más bien a una persona jurídica".
Respecto a la pasividad del PSOE en el proceso, acentuada
en los últimos meses, Santiago advierte;
"Se ha augurado que el proceso se va a archivar
desde un primer momento (...) que a nadie se le ocurra intercambiar este
procedimiento con -por ejemplo- el procedimiento de los ERE´s, intercambiar
impunidades. Ya se aprecia algún movimiento llamativo al respecto sobre todo en
medios de comunicación más vinculados al partido socialista que empiezana poner
constantemente sobre la mesa que este procedimiento está abocado al fracaso y
que el juez lo va a archivar de inmediato".
IU ha ampliado la querella con
la nueva oposición del Ministerio Fiscal, que sigue sin ver ningún tipo de
relación entre los pagos de los empresarios y los papeles. Pero si en febrero
se admitió contra 8 empresarios sin que aún existiese verificación de los
apuntes contables, hoy, con más de 50 apuntes verificados, es de esperar que se
admita a trámite la ampliación de imputados: los ex secretarios generales del
PP Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, y otros 13 empresarios, entre ellos
el marido de la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal.
"Ha existido una asociación ilícita en el seno del
Partido Popular, es decir, una organización criminal, lo que hace referencia a
un plan para delinquir, una estructura con un reparto funcional y una práctica
constante y dilatada en el tiempo de ejecución de ese plan criminal. Eso
justifica la existencia de un delito continuado, lo que significa que hasta el
momento en que se ejecuta el último paso de ese itinerario criminal, concretamente
el último apunte del año 2008, no pueden empezar a correr los períodos de
prescripción. Es decir, eso de que lo anterior al año 2003 está prescrito, nada
de nada".
La necesidad de seguir actuando con prudencia y con
el máximo apoyo ciudadano
Para concluir, el abogado señala que los querellantes han
dado cada paso con extrema prudencia ante el temor de que se haga
"naufragar el procedimiento", y hace hincapié en la decisiva
importancia del apoyo ciudadano activo ante los numerosos obstáculos que se están
salvando;
"Podrían repetir la exitosa extrategia procesal que
llevó en el año 89 a la anulación de las pruebas de cargo contra el señor
Naseiro (...) La más clara estrategia del Partido Popular en estos momentos es
conseguir la nulidad de las actuaciones. Esto depende de que las acusaciones no
comentamos el más mínimo error. Por la doctrina llamada "del árbol
envenenado", a partir de la declaración de nulidad de una prueba puede
coseguirse de forma encadenada las posteriores que se hayan derivado de esa
diligencia. Por eso no sólo hay que actuar con mucha prudencia y solvencia,
sino que además, y es lo más importante, hay que dejar claro que este
procedimiento no responde aun interés partidario, sino akl interés de la
sociedad. Para eso se puso en marcha esta coalición y para eso se requiere el
apoyo de los ciudadanos".
La situación actual del caso Bárcenas
Los
intentos del Partido Popular por desacreditar las acusaciones se han ido
desinflando conforme avanza la causa. Así, la demanda "por injurias"
presentada contra IU quedó en nada tras recibir los querellantes casi 30.000 firmas ciudadanas de
adhesión. En octubre, Izquierda Unida se querelló contra el PP por
destruir los discos duros de Bárcenas.
En
noviembre se retiró -de la misma manera- la demanda contra El País por publicar
los papeles del tesorero, una vez este reconoció su autoría. Ese mismo mes de
2013, el juez Ruz corroboró la cuenta en dinero negro del PP, y la calificó
como "continua en el tiempo".
En
diciembre, la Xunta de Galicia ha admitido 2.500 contratos con firmas citadas
por Bárcenas en la contabilidad "B" del PP, con grandes empresas como
Acciona, Copasa, CRC y FCC.
El
19 de diciembre, el juez Ruz envió a la sede nacional del PP, en la calle
Génova 13, agentes de la UDEF -la unidad policial de delitos económicos-
para registrarla en busca de toda la documentación relacionada con los
papeles de Bárcenas, la ya no "supuesta" contabilidad en negro de
este partido político. Lo hizo cuando ya se ha reconocido la destrucción de
agendas y discos duros del ex-tesorero con el amparo de la Ley de Protección de
Datos como principal excusa.
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