Artículos de
Opinión | Pablo Fernandez Fernandez | 13-01-2014 |
La consulta
pactada por todo el movimiento soberanista catalán representado en el
parlamento (CUP, ICV, CiU, ERC), programada para el 9 de Noviembre de 2014 ha
demostrado (una vez más) un enorme déficit democrático en el Estado Español: No
se quiere que el pueblo opine. Déficit, porque son inumerables las trabas
legales para que no la consulta no se lleve a cabo, al mismo tiempo que hay
afiliados del PP en el Tribunal Constitucional. Impedir que la ciudadanía se
exprese, respondiendo a una pregunta que ni si quiera es vinculante, es algo
más propio de una dictadura que de una democracia.
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Las y los
catalanes están llamadas a responder a “¿Quiere que Cataluña sea un estado?”
ese día. Tal y como se hizo pública la convocatoria, la caverna mediática rugió
contra “los separatistas que dividen hermanos”, y calificaciones similares.
Cabe preguntarse cuál es el miedo a conocer una respuesta, a la democracia, ya
que arrastramos la mala gestión de la transición, respecto a la cuestión
nacional.
Antes que
nada debemos preguntarnos qué es una nación. Todo pueblo formado desde la
heterogeneidad en un determinado proceso histórico, estable a lo largo del
tiempo y que tiene elementos que refuerzan la identidad cultural, como una
lengua propia, “crean” la nación, dicho rápidamente. No es necesario que una
comunidad tenga todo un popurrí de las mismas características para ser
considerada una nación, cada sujeto social es único e irrepetible en el mundo,
y la sentimentalidad de pertenecer a algo no podemos determinarla de forma
objetiva. La nación polaca cuando estaba dentro del estado ruso tenía como
elemento cohesionador el idioma, mientras Reino Unido jamás fue una nación, a
pesar de hablar todos el mismo idioma. Entonces, podemos restringir el concepto
a:
Nación es
una comunidad estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la
comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología,
manifestada ésta en la comunidad de cultura.
La historia
de Cataluña está plagada de luchas para defender las libertades y derechos que
tenían, como sus fueros. En 1640 se llegó al punto de entrar en guerra contra
la monarquía española, afincada en Castilla, la que sería conocida como
Sublevación de Cataluña o Guerra de los segadores. Fue una república
independiente y España tardó trece años en volver a anexionarla. Durante la
industrialización, es Cataluña la primera en todo el estado en tener un
desarrollo cualitativo elevado, lo que conllevó la creación de una burguesía
nacionalista y una clase obrera que en buena medida defendió la idea de otra
Cataluña. En 1931 se volvió a proclamar por segunda y, por ahora, última vez,
la república catalana, esta vez dentro de la república española. Fue uno de los
motivos que le sirvieron a Franco para realizar el alzamiento.
Bajo estos
presupuestos, es indudable la “nacionalidad” del pueblo catalán, y también del
gallego y vasco, que no cabe explicar aquí. Son naciones sin estado de las que
podríamos decir con matices que no han realizado todas las tareas de las
revoluciones democráticas. Sin embargo, sí son sujetos políticos bien
diferenciados, y por tanto soberanos y con derecho a decidir sobre sí mismos,
más cuando la división territorial del estado español en la transición fue
impuesta desde arriba y no decidida democráticamente desde abajo, cuyo
resultado fue una Constitución creada para cerrar a cal y canto las
posibilidades de participación popular (el constitucionalismo comparado deja en
mal lugar ciertos artículos de la española). Estos pueblos deben pronunciarse
de forma legal sobre si quieren permanecer en el Estado Español o no hacerlo.
Podrá parecernos más adecuado lo uno o lo otro, pero en la casa de la vecina,
decide la vecina.
Este derecho
es la posibilidad de autodeterminación de los pueblos, uno de los conocidos
como la tercera generación de derechos humanos. El pueblo tiene el derecho a
elegir su forma de gobierno, sin injerencias exteriores, y así está recogido en
el Derecho Internacional, en la Carta de las Naciones Unidas o en los pactos de
Derechos Humanos. Que estas naciones dictaminen su permanencia en el Estado
Español o su salida para fundar uno propio, de forma libre y pacífica, es
cumplir con los derechos humanos.
Por otro
lado, la postura adoptada en Madrid es la más separatista de todas. Atacar la
identidad cultural de las naciones sin estado como respuesta a las
reinvidicaciones de los movimientos nacionalistas es eliminar el camino hacia
la convivencia de los distintos pueblos en el proyecto español. Cuando
recentralizan la educación, se provoca con “hay que españolizar a los alumnos
catalanes” o se legisla en contra de las lenguas periféricas, el estamento
centralista deja sin otra opción que intentar arrancar la independencia, pues
no fomenta la convivencia que podría darse en un estado de modelo federalista
solidario u otro confederal.
Los que se
llaman patriotas son los mismos que desahucian a una familia cada quince
minutos, los que recortan en sanidad o educación, a fin de cuentas, los que
desarrollan las medidas dictaminadas por una Europa ilegítima y antidemocrática.
Por supuesto, ni han defendido nunca, ni defienden ahora los intereses de la
mayoría social, sino los suyos propios. Su patria es el dinero. Eso sí,
Gibraltar español.
Sin embargo,
la independencia no sirve a cualquier precio. De nada sirve la separación de
Escocia respecto de Reino Unido si se mantiene en la Unión Europea, lo cual fue
propuesto por Alex Salmond, primer ministro del país. ¿Para qué tener un estado
si se siguen cumpliendo los mandatos de estancias y organismos exteriores a él?
Llámese FMI, Banco Mundial o la Unión Europea. Ése es el proyecto de Artur Mas,
la pseudoindependencia. Cataluña, como estado independiente, no es tener una
bandera con nueve franjas rojas y amarillas en vez de tener tres, sino luchar
contra la pobreza, la exclusión social, decidir la política económica o parar
los desahucios. En definitiva, construir democracia. Si resolver la cuestión
nacional no implica resolver los problemas sociales, entonces no sirve de nada.
Para las
capas populares las cuestiones [más] importantes son si se va a pagar la deuda
privada contraída por el estado (esa que proviene de rescantes a la banca y
grandes empresas) o si se mantendrá la reforma de la constitución de 2011, de
la que CiU realizó dudosas transaccionales. Son preguntas que cierto espectro
catalán obvia muy intencionadamente. Mientras, del otro lado de la frontera,
para paliar las críticas a la nefasta política social, se centran en el “Todo
es ETA”1 y en “esta locura del independentismo y separatismo” de “este proceso
absurdo”2.
El actual
modelo, enmarcado en una crisis de régimen, hace tiempo que ha dejado de
funcionar. En una etapa de excepcionalidad, cuando el Estado de Derecho y los
propios Derechos Humanos se rompen desde arriba, se aplaude. Cuando los
movimientos populares intentan provocar cambios jurídicos desde abajo, entonces
son ilegales y violentos.
Los
movimientos soberanistas son capaces de provocar el cambio social a través de
la identidad común, alrededor de lo que es necesario enarbolar la defensa de
las capas populares, para provocar la ruptura con el viejo régimen y abrir un
proceso constituyente. El resto de pueblos del Estado deben apoyar el proceso
por tanto solidaridad como para crear un nuevo modelo que beneficie a los de
abajo. Cataluña quiere ver reflejada su identidad cultural, ya sea dentro de un
Estado con el resto de pueblos de la península, o en un Estado propio, pero
debe ser un proceso de abajo hacia arriba, cuyos intereses, por encima de todo,
sean las trabajadoras.
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