Artículos de Opinión | por Boaventura de Souza Santos
| 14-01-2014 |
Al inicio
del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos
principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico
infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y
progreso. En estas líneas voy a centrarme en el primer desafío.
Contra lo
que el sentido común de los últimos 50 años nos puede hacer pensar, la relación
entre democracia y capitalismo siempre fue una relación tensa, incluso de
contradicción. Lo fue, ciertamente, en los países periféricos del sistema
mundial, en lo que durante mucho tiempo se denominó Tercer Mundo y hoy se
designa como Sur global. Pero también en los países centrales o desarrollados
la misma tensión y la misma contradicción estuvieron siempre presentes. Basta
recordar los largos años de nazismo y fascismo.
Un análisis
más detallado de las relaciones entre capitalismo y democracia obligaría a
distinguir entre diferentes tipos de capitalismo y su dominio en diferentes
períodos y regiones del mundo, y entre diferentes tipos y grados de intensidad
de la democracia. En estas líneas concibo al capitalismo bajo su forma general
de modo de producción y hago referencia al tipo que ha dominado en las últimas
décadas, el capitalismo financiero. En lo que respecta a la democracia, me
centro en la democracia representativa tal como fue teorizada por el
liberalismo.
El
capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por quien tiene capital o se
identifica con sus “necesidades”, mientras que la democracia es idealmente el
gobierno de las mayorías que no tienen capital ni razones para identificarse
con las “necesidades” del capitalismo, sino todo lo contrario.
El conflicto
es, en el fondo, un conflicto de clases, pues las clases que se identifican con
las necesidades del capitalismo (básicamente, la burguesía) son minoritarias en
relación con las clases que tienen otros intereses, cuya satisfacción colisiona
con las necesidades del capitalismo (clases medias, trabajadores y clases
populares en general). Al ser un conflicto de clases, se presenta social y
políticamente como un conflicto distributivo: por un lado, la pulsión por la
acumulación y la concentración de riqueza por parte de los capitalistas, y, por
otro lado, la reivindicación de la redistribución de la riqueza generada en
gran parte por los trabajadores y sus familias.
La burguesía
siempre ha tenido pavor a que las mayorías pobres tomen el poder y ha usado el
poder político que le concedieron las revoluciones del siglo XIX para impedir
que eso ocurra. Ha concebido a la democracia liberal de modo de garantizar eso
mismo a través de medidas que cambiaron con el tiempo, pero mantuvieron su
objetivo: restricciones al sufragio, primacía absoluta del derecho de propiedad
individual, sistema político y electoral con múltiples válvulas de seguridad,
represión violenta de la actividad política fuera de las instituciones,
corrupción de los políticos, legalización del lobby... Y siempre que la
democracia se mostró disfuncional, se mantuvo abierta la posibilidad del
recurso a la dictadura, algo que sucedió muchas veces.
Después de
la Segunda Guerra Mundial, muy pocos países tenían democracia, vastas regiones
del mundo estaban sometidas al colonialismo europeo, que servía para consolidar
el capitalismo euro-norteamericano, Europa estaba devastada por una guerra que
había sido provocada por la supremacía alemana, y en el Este se consolidaba el
régimen comunista, que aparecía como alternativa al capitalismo y la democracia
liberal. En este contexto surgió en la Europa más desarrollada el llamado
capitalismo democrático, un sistema de economía política basado en la idea de
que, para ser compatible con la democracia, el capitalismo debería ser
fuertemente regulado, lo que implicaba la nacionalización de sectores clave de
la economía, un sistema tributario progresivo, la imposición de las
negociaciones colectivas e incluso, como sucedió en la Alemania Occidental de
entonces, la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. En el
plano científico, Keynes representaba entonces la ortodoxia económica y Hayek,
la disidencia.
En el plano
político, los derechos económicos y sociales (derechos al trabajo, la
educación, la salud y la seguridad social, garantizados por el Estado) habían
sido el instrumento privilegiado para estabilizar las expectativas de los
ciudadanos y para enfrentar las fluctuaciones constantes e imprevisibles de las
“señales de los mercados”. Este cambio alteraba los términos del conflicto
distributivo, pero no lo eliminaba. Por el contrario, tenía todas las
condiciones para instigarlo luego de que se debilitara el crecimiento de las
tres décadas siguientes. Y así sucedió.
Desde 1970,
los Estados centrales han estado manejando el conflicto entre las exigencias de
los ciudadanos y las exigencias del capital mediante el recurso a un conjunto
de soluciones que gradualmente fueron dando más poder al capital. Primero fue
la inflación (1970-1980); después, la lucha contra la inflación, acompañada del
aumento del desempleo y del ataque al poder de los sindicatos (desde 1980), una
medida complementada con el endeudamiento del Estado como resultado de la lucha
del capital contra los impuestos, del estancamiento económico y del aumento de
los gastos sociales originados en el aumento del desempleo (desde mediados de
los 80), y luego con el endeudamiento de las familias, seducidas por las
facilidades de crédito concedidas por un sector financiero finalmente libre de
regulaciones estatales, para eludir el colapso de las expectativas respecto del
consumo, la educación y la vivienda (desde mediados de los 90).
Hasta que la
ingeniería de las soluciones ficticias llegó a su fin con la crisis de 2008 y
se volvió claro quién había ganado en el conflicto distributivo: el capital. La
prueba: la conversión de la deuda privada en deuda pública, el incremento de
las desigualdades sociales y el asalto final a las expectativas de una vida
digna de las mayorías (los trabajadores, los jubilados, los desempleados, los
inmigrantes, los jóvenes en busca de empleo) para garantizar las expectativas
de rentabilidad de la minoría (el capital financiero y sus agentes). La
democracia perdió la batalla y sólo evitará ser derrotada en la guerra si las
mayorías pierden el miedo, se rebelan dentro y fuera de las instituciones y
fuerzan al capital a volver a tener miedo, como sucedió hace sesenta años.
En los
países del Sur global que disponen de recursos naturales la situación es, por
ahora, diferente. En algunos casos, por ejemplo en varios países de América
latina, hasta puede decirse que la democracia se está imponiendo en el duelo
con el capitalismo, y no es por casualidad que en países como Venezuela y
Ecuador se comenzó a discutir el tema del socialismo del siglo XXI, aunque la
realidad esté lejos de los discursos.
Hay muchas
razones detrás, pero tal vez la principal haya sido la conversión de China al
neoliberalismo, lo que provocó, sobre todo a partir de la primera década del
siglo XXI, una nueva carrera por los recursos naturales. El capital financiero
encontró ahí y en la especulación con productos alimentarios una fuente
extraordinaria de rentabilidad. Esto permitió que los gobiernos progresistas
–llegados al poder como consecuencia de las luchas y los movimientos sociales
de las décadas anteriores– pudieran desarrollar una redistribución de la
riqueza muy significativa y, en algunos países, sin precedentes. Por esta vía,
la democracia ganó nueva legitimidad en el imaginario popular. Pero, por su
propia naturaleza, la redistribución de la riqueza no puso en cuestión el
modelo de acumulación basado en la explotación intensiva de los recursos
naturales y, en cambio, la intensificó. Esto estuvo en el origen de conflictos
–que se han ido agravando– con los grupos sociales ligados a la tierra y a los
territorios donde se encuentran los recursos naturales, los pueblos indígenas y
los campesinos.
En los
países del Sur global con recursos naturales pero sin una democracia digna de
ese nombre, el boom de los recursos no trajo ningún impulso a la democracia,
pese a que, en teoría, condiciones mas propicias para una resolución del
conflicto distributivo deberían facilitar la solución democrática y viceversa.
La verdad es que el capitalismo extractivista obtiene mejores condiciones de
rentabilidad en sistemas políticos dictatoriales o con democracias de bajísima
intensidad (sistemas casi de partido único), donde es más fácil corromper a las
elites, a través de su involucramiento en la privatización de concesiones y las
rentas del extractivismo. No es de esperar ninguna profesión de fe en la
democracia por parte del capitalismo extractivista, incluso porque, siendo
global, no reconoce problemas de legitimidad política. Por su parte, la
reivindicación de la redistribución de la riqueza por parte de las mayorías no
llega a ser oída, por falta de canales democráticos y por no poder contar con
la solidaridad de las restringidas clases medias urbanas que reciben las
migajas del rendimiento extractivista.
Las
poblaciones más directamente afectadas por el extractivismo son los campesinos,
en cuyas tierras están los yacimientos mineros o donde se pretende instalar la
nueva economía agroindustrial. Son expulsados de sus tierras y sometidos al
exilio interno. Siempre que se resisten son violentamente reprimidos y su
resistencia es tratada como un caso policial. En estos países, el conflicto
distributivo no llega siquiera a existir como problema político. De este
análisis se concluye que la actual puesta en cuestión del futuro de la democracia
en Europa del Sur es la manifestación de un problema mucho más vasto que está
aflorando en diferentes formas en varias regiones del mundo. Pero, así
formulado, el problema puede ocultar una incertidumbre mucho mayor que la que
expresa. No se trata sólo de cuestionar el futuro de la democracia. Se trata,
también, de cuestionar la democracia del futuro.
La
democracia liberal fue históricamente derrotada por el capitalismo y no parece
que la derrota sea reversible. Por eso, no hay que tener esperanzas de que el
capitalismo vuelva a tenerle miedo a la democracia liberal, si alguna vez lo
tuvo. La democracia liberal sobrevivirá en la medida en que el capitalismo
global se pueda servir de ella. La lucha de quienes ven en la derrota de la
democracia liberal la emergencia de un mundo repugnantemente injusto y
descontroladamente violento debe centrarse en buscar una concepción de la
democracia más robusta, cuya marca genética sea el anticapitalismo.
Tras un
siglo de luchas populares que hicieron entrar el ideal democrático en el
imaginario de la emancipación social, sería un grave error político
desperdiciar esa experiencia y asumir que la lucha anticapitalista debe ser
también una lucha antidemocrática. Por el contrario, es preciso convertir al
ideal democrático en una realidad radical que no se rinda ante el capitalismo.
Y como el capitalismo no ejerce su dominio sino sirviéndose de otras formas de
opresión, principalmente del colonialismo y el patriarcado, esta democracia
radical, además de anticapitalista, debe ser también anticolonialista y
antipatriarcal. Puede llamarse revolución democrática o democracia
revolucionaria –el nombre poco importa–, pero debe ser necesariamente una
democracia posliberal, que no puede perder sus atributos para acomodarse a las
exigencias del capitalismo. Al contrario, debe basarse en dos principios: la
profundización de la democracia sólo es posible a costa del capitalismo; y en
caso de conflicto entre capitalismo y democracia debe prevalecer la democracia
real.
Boaventura
de Souza Santos es Profesor Catedrático Jubilado de la Facultad de Economía de
la Universidad de Coímbra, Distinguished Legal Scholar de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar de la
Universidad de Warwick. Es asimismo director del Centro de Estudios Sociales de
la Universidad de Coímbra.
Fuente:
Argenpress

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