Imponer castigos administrativos a los
ataques a los emblemas nacionales es una medida contraproducente. Interior
debería tomar nota de la prudencia de otros Estados con problemas territoriales
EVA VÁZQUEZ
"Los
que de palabra, por escrito, por medio de la imprenta, grabado, estampas,
alegorías, caricaturas, signos, gritos o alusiones, ultrajaren a la Nación, a
su bandera, himno nacional u otro emblema de su representación, serán
castigados con la pena de prisión correccional”. No, no se trata del
anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que ha presentado el ministro
Fernández Díaz, sino de la llamada Ley de Jurisdicciones, aprobada en 1906 para
sancionar los ataques a los símbolos españoles. Como la ley Fernández,
aquella norma incluía también los de “las regiones, provincias, ciudades y
pueblos de España y sus banderas o escudos”. Entre ambos textos hay más de 100
años y al menos una diferencia notable: el primero habla de delitos juzgados
por los tribunales, y el segundo, el actual, de infracciones y multas impuestas
por las autoridades al margen del Código Penal, que ya contempla las ofensas a
España y sus comunidades. Pero en el fondo late una preocupación idéntica:
proteger a la patria frente a sus enemigos internos.
Los símbolos
ocupan un lugar central en la construcción de las naciones: no solo representan
los valores comunes y sirven para identificar a los Estados nacionales, sino
que además permiten reconocerse a los miembros del grupo, activan sus emociones
y les impulsan a la acción política. La lista podría ser muy larga e incluir
escudos, banderas, himnos, fiestas, monedas, bailes, monumentos, lugares,
personajes y episodios históricos. Aunque nadie pone en duda la preeminencia de
dos de ellos: el himno y sobre todo la bandera. Para constatar su importancia,
basta con observar el empleo intensivo que el nacionalismo catalán hace hoy de
la enseña independentista, la estelada, que añade a las cuatro barras oficiales
un triángulo con estrella de cinco puntas. Un diseño inspirado en su día por la
bandera de Cuba, la colonia cuya pérdida, a raíz de la guerra
hispano-estadounidense de 1898, se interpretó como un verdadero desastre
nacional para la metrópoli.
Si los
acordes y versos de un himno estimulan los sentimientos patrióticos, la bandera
se convierte a menudo en objeto sagrado, encarnación de la patria en cuyo altar
se sacrifican las vidas de sus hijos. Los niños aprenden a respetarla, los
soldados juran que morirán por defenderla. No hay mejor ejemplo de esta
sacralización que el de Estados Unidos, donde los escolares recitan cada mañana
el juramento de lealtad a la enseña de las barras y estrellas, que tiene su
propio día festivo, no puede tocar el suelo ni ondear a oscuras y se pliega
cuidadosamente tras cubrir los ataúdes de los caídos para ser entregada a sus
deudos. Los profesores norteamericanos Carolyn Marvin y David W. Ingle
estiraron el símil religioso hasta afirmar que “la bandera es el dios del
nacionalismo y su misión es organizar la muerte”. No resulta extraño, pues, que
muchos Estados penalicen el maltrato a sus emblemas y en especial a sus
banderas. Aunque contrasten las duras sanciones de Francia, Alemania, Portugal
o Italia con la ausencia de castigos en entornos multinacionales como Gran
Bretaña, Canadá y Bélgica.
Los
nacionalistas de cualquier signo suelen subrayar la unidad que generan sus
símbolos, elementos de cohesión que atenúan las luchas partidistas o de clase y
herramientas para alcanzar la feliz armonía que predican. Confunden deseos con
realidades. Porque el uso y el abuso de la simbología nacional, y no digamos su
tratamiento en las leyes, provocan múltiples conflictos y contribuyen a agravar
los existentes. La historia de Europa está llena de pugnas simbólicas, bien
porque haya dos o más versiones del mismo nacionalismo o bien porque
movimientos nacionalistas contrarios choquen entre sí. Pensemos en Alemania,
donde se enarbolaron varias banderas: aparte de la republicana hoy en vigor,
fueron oficiales la imperial, la nacional-socialista con la esvástica y la que
agregaba el escudo comunista. Por no mencionar su viejo himno, del que solo
sobrevive una estrofa porque las demás parecían demasiado agresivas tras la II
Guerra Mundial. Italia prescindió de su Marcha real cuando cayó la
monarquía y aún se discute la idoneidad del nuevo himno, mientras que los
emblemas postsoviéticos o posyugoslavos han dado origen a abundantes
contenciosos.
En España,
la protección legal de los símbolos nacionales a lo largo del siglo XX trazó
una trayectoria tan compleja como lamentable. La Ley de Jurisdicciones
significó un comienzo explosivo, pues aparte de castigar los ultrajes a la
patria traspasó los delitos de opinión contra las Fuerzas Armadas —que no
siempre se distinguían de los anteriores— a los tribunales castrenses. Fue
ratificada por un Parlamento liberal presionado por un Ejército que, erigido en
guardián de la patria, reaccionaba con violencia ante el joven catalanismo. La
respuesta vino con la crecida electoral de los nacionalistas, coligados en la
Solidaritat Catalana. Más tarde, la dictadura del general Primo de Rivera
atendió las demandas militares, cedió los actos antipatrióticos al fuero de
guerra y prohibió los símbolos de los nacionalismos subestatales. La Segunda
República autorizó estos últimos y utilizó sus propios emblemas —la bandera
tricolor y el Himno de Riego— en lugar de los monárquicos —la rojigualda
y la Marcha real— que, proscritos, pasaron a la clandestinidad. El bando
de Franco en la Guerra Civil trajo de vuelta los de la Monarquía, modificados a
la luz del nuevo Estado, y la represión de las manifestaciones simbólicas
alternativas. El Código Penal de 1944 introducía penas de prisión menor para
quienes “relajaran” el sentimiento nacional y atacasen la unidad u ofendieran
la dignidad de la nación española, penas agravadas por el de 1973 para la
publicidad ultrajante.
Los nacionalistas confunden
deseos con realidades en el uso y el abuso de la simbología
En fin, los
Gobiernos democráticos tuvieron que cargar con la herencia del franquismo, que
fundía los símbolos de España con los del régimen dictatorial. Durante un
tiempo la enseña republicana fue ilegal y el consenso avanzó cuando el Partido
Comunista, a cambio de ser legalizado, aceptó la bicolor. Pero su legitimidad
solo se completó a partir de 1981, en plena resaca del 23-F, una vez perdió el
escudo franquista y recuperó las antiguas armas territoriales de raigambre
democrática para formar la conocida como bandera constitucional. Conviviendo
con los emblemas de los otros nacionalismos, oficializados en sus respectivas
comunidades autónomas, los españoles acabaron por ser aceptados con cierta
normalidad en casi todo el territorio. Salvo en el País Vasco, donde cada
verano la izquierda abertzale desencadenaba guerras de banderas. El
Código Penal de 1995, aún vigente, estableció tan solo penas de multa para los
ultrajes. Poco a poco, los colores nacionales se han incorporado a todo tipo de
contextos banales, asociados a los éxitos de los deportistas españoles. Más
difícil lo ha tenido la Marcha real, cuya falta de letra obstaculiza la
transmisión de emociones propia de un himno.
Por fortuna,
la situación actual es muy distinta a la de 1906: vivimos en democracia y el
Ejército ya no se mete en política. Pero la contienda nacionalista ha
resucitado los rifirrafes simbólicos. Y ahora se descuelga el ministro
Fernández con una complicación de la normativa sobre la materia, dentro de un
proyecto que limita con severidad los derechos ciudadanos. Quizás sea parte del
precio que hemos de pagar por acoger en el partido del Gobierno a toda la
derecha españolista. Desde los verdes valles al inmenso mar —como decía la
fallida letra del himno nacional que apadrinó en 2008 el comité olímpico— e
incluso hasta las montañas nevadas. Pero no deja de ser una medida innecesaria
y contraproducente, que echa gasolina a un fuego ya bastante vivo. Deberíamos
imitar la prudencia de otros Estados con problemas territoriales o seguir la
senda del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en 1989 y 1990 anuló todas
las leyes contra la profanación de la bandera porque restringían, de manera
inconstitucional, la libertad de expresión. Tome nota, señor ministro.
Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, junto a Xosé M. Núñez Seixas, Ser
españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX (Barcelona, RBA, 2013).
Fuente: www.elpais.com
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