Artículos de
Opinión | Andrés Huergo | 19-05-2013 |
La última
diatriba de María Dolores de Cospedal es una provocación en toda regla.
Según la número
dos del PP, los escraches son “puro nazismo”. No explicitó, sin embargo, si lo
son de forma diferida o en directo, o sin son más bien una simulación en partes
de lo que debería ser un verdadero acto de nazismo…
Al comparar
a los escrachadores con los nazis de una manera torticera, Cospedal pretende
estar denunciando algo así como una especie de movimiento totalitario en
ciernes protagonizado por hordas fanatizadas de perroflautas, rojos peligrosos
y radicales antisistema cuyas acciones estarían poniendo en peligro los
cimientos de la democracia.
Se le olvida
que esa imagen de un grupo violento que trata de reducir por la fuerza toda
forma de disidencia se corresponde mucho mejor con la situación de la casta
financiera y empresarial y los políticos profesionales que trabajan para sus
intereses, quienes tratan de someter a la mayoría de la población a un estado
de profunda miseria a través de sucesivos recortes de sus derechos y continuos
ataques a sus libertades. En este escenario de cosas, Cospedal debería tener en
cuenta que quienes están más próximos al nazismo no son, precisamente, los
escracheadores.
Violencia es
el sangrante drama de los desahucios que condena a miles de personas a quedarse
sin un techo bajo el cual dormir. Violencia es que un grupo de policías obligue
a una familia entera a abandonar su vivienda, enviando a todos sus miembros,
niños y ancianos incluidos, a vivir en la calle. Violencia es que el Estado se
ponga del lado de los criminales que ordenan los desahucios en lugar de proteger
a los ciudadanos contra los intereses de la banca. Violencia es que se fomente
el suicidio por no poner los medios adecuados para paliar el sufrimiento de
aquellos que se han visto privados de un derecho fundamental como es el derecho
a la vivienda. Violencia es todo esto y no lo que Cospedal denuncia como tal.
Las acciones
de los miembros de la PAH entran, claro, dentro del marco de lo que se conoce
como ”desobediencia civil’. La desobediencia civil está justificada cuando
consiste en una acción pública, pacífica, motivada por intereses
universalizables, con pretensión de cambiar una ley injusta y llevada a cabo
por sujetos capaces de asumir las consecuencias de sus actos. La no violencia
es compatible con formas de coacción, con la presión psíquica y con la
restricción de la libertad de movimientos de terceros. Por supuesto, existen
límites, como la violencia física o la intimidación grave. No obstante, como
ocurre con toda forma de protesta, un acto de desobediencia puede invadir otros
derechos. Pero eso no torna justificable su demonización indiscriminada ni su
criminalización.
La
desobediencia civil surge allí donde se plantea la línea divisoria entre la
legalidad y la legitimidad. Es la piedra de toque del Estado de derecho y
apunta a los fundamentos morales mismos de toda democracia reflexivamente
entendida. De alguna manera, supone una quiebra objetiva en el sistema
jurídico, en tanto en cuanto nace de un conflicto que se produce entre la
obediencia debida al derecho y la obediencia debida a la ética.
Una ley
puede ser injusta, pese a ser sancionada haciendo uso de procedimientos,
digamos, ‘formalmente democráticos’. La regla de mayorías tiene limitaciones en
su aplicación, como bien sabemos. Máxime cuando la mayoría que decide no es, en
realidad, la mayoría de la ciudadanía, sino la mayoría de entre un grupo de
representantes que se arrogan el derecho de defender los intereses de sus
representados, algo sin duda cuestionable.
Sea como
fuere, lo cierto es que, como muestran las encuestas, la mayoría de la
población está a favor de las propuestas que vienen defendiendo los integrantes
de la PAH: la dación en pago, la moratoria de desahucios y el alquiler social.
Tras cuatro años de larga lucha, en los que no faltaron las trabas burocráticas
ni los bloqueos políticos, y después de haber conseguido reunir más de un
millón de firmas en apoyo de su ILP, ¿qué más tendrían que hacer sus promotores
para conseguir que el Gobierno ceda ante lo que es ya un clamor popular?
Llegados a
este punto, únicamente queda la desobediencia civil. El desobediente no
pretende renunciar al derecho en su conjunto. Más bien al contrario: su acción
tiene como cometido denunciar una falla en el sistema jurídico para hacer ver a
la mayoría de la población que esa norma legal vigente contra la que se rebela
es injusta y debe ser, por tanto, revisada. Su propósito al contravenir la ley
no es oponerse a toda legislación sino demostrar que esa ley concreta no se
adecúa de forma correcta a los principios plasmados en el texto constitucional,
o demostrar la distancia que todavía existe entre esos principios y la realidad
efectiva. Lo que motiva la acción del desobediente es la conciencia de que, por
encima de los ordenamientos jurídicos positivos, existen principios éticos
universales a los cuales debería estar condicionada toda norma legal.
Gandhi,
Martin Luther King, Nelson Mandela, las sufragistas… usaron métodos de
desobediencia civil para luchar contra los obstáculos que les ponía el sistema.
Consiguieron gracias a ello movilizar a millones de personas y forzar
transformaciones profundas en la sociedad que hoy celebramos como grandes
avances para la humanidad. ¿También ellos habrían de ser metidos en el mismo
saco que los nazis?
Puede que
Cospedal ignore todo esto. Puede que su soberbia no le permita reconocerlo.
Pero no importa.
Como bien
señaló el maestro Gandhi, cuando una ley es injusta, lo correcto es
desobedecerla. Por eso los escrachadores seguirán haciendo uso de su derecho a
la desobediencia mientras el PP siga empeñado en no aceptar lo que es, ni más
ni menos, un imperativo de justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario