Oposición y
sindicatos recelan del comité de expertos designado por Fátima Báñez, ministra
de Empleo, que deberá elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad de
las pensiones: sospechan que en realidad Rajoy prepara otro tajo al sistema
usando como coartada el dictamen de los 'sabios'
JORGE
OTERO Madrid 22/05/2013 07:33
La ministra de Empleo,
Fátima Báñez, durante la primera reunión del comité de expertos sobre el factor
de sostenibilidad de las pensiones.LA MONCLOA
Urgido
por la troika, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha propuesto como uno de sus objetivos perentorios para 2013 una nueva reforma
de las pensiones que vendría a completar la que impulsaron los socialistas en 2011.
Después de restringir hace unas semanas la jubilación parcial y
anticipada, el Ejecutivo del PP, a través de la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, ha abierto otro frente polémico: sacar adelante el llamado factor de sostenibilidad.
La
composición de este comité ha levantado muchas suspicacias entre oposición y
sindicatos. Está muy extendida la sospecha de que en realidad Rajoy y su
equipo buscan dar otro tajo a las pensiones. Según esa misma versión, para dar
coartada a ese nuevo recorte, el Gobierno ha recurrido a la patronal bancaria y
aseguradora incluyendo a algún sabio vinculado con los sindicatos para
disimular. De hecho, según informaba el diario infolibre el
pasado 18 de mayo, sólo tres de esos doce expertos seleccionados por
el Gobierno son partidarios de un sistema público de pensiones.
El
factor de sostenibilidad no es más —pero tampoco menos— que una fórmula
matemática por la que el Gobierno del PP quiere que en el futuro se
revise la cuantía de las pensiones. Según el farragoso argumentario del PP,
el factor de estabilidad "tiene el objetivo de mantener la
proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones, para
garantizar todas las pensiones". Gracias a esta fórmula se determinarán
en un futuro la edad de jubilación o el cálculo de la prestación final introduciendo
en dicha fórmula factores como la esperanza de vida, el número de cotizantes
del sistema o la coyuntura económica. Su importancia, por tanto, es elevada
porque determinará el ajuste de las pensiones del futuro.
Aunque
según la reforma aprobada en 2011 por los socialistas, que elevó la edad de
jubilación a 67 años, el factor de estabilidad debía ser introducido en 2027 y
empezar a actuar cinco años después, en 2032, el pasado 12 de abril el
Consejo de ministros dio luz verde a la creación de un comité de doce expertos
para que emita un informe sobre cómo debe ser ese factor de estabilidad.
Dicho informe deberá estar listo el 31 de mayo —el comité apenas se reunirá
cuatro veces antes de emitir su dictamen—para que luego el Gobierno lo someta a
debate en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. El
documento será la base para negociar con el resto de grupos políticos.
Casi
nadie entiende tanta prisa. Detrás de las urgencias del Gobierno se
vislumbra la sombra de Alemania, país que aplica el factor de sostenibilidad
desde 2005 y que nunca ha ocultado que hay que reformar el actual sistema de
pensiones en Europa. Uno de los expertos nombrados por el Gobierno, Santos
Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid,
vinculado a UGT y propuesto por el PSOE, se quejaba el mes pasado de que el
proceso "está muy condicionado porque el Gobierno lo reduce todo a un
problema financiero". "Es la única razón que puedo adivinar
detrás de las prisas que tiene el Gobierno para adelantar la entrada en
funcionamiento del factor de sostenibilidad", afirma este catedrático para
quien es un error tomar ahora una decisión sobre el sistema de pensiones
"condicionada por la coyuntura, las políticas de austeridad y la rebaja
del déficit".
El
presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense Víctor Pérez-Díaz, quien ha colaborado en varias ocasiones con FAES
Sabedor
de que en esta materia el consenso es casi imprescindible si no quiere
capitalizar él solo todo el desgaste político, el Gobierno vendió la creación
de este comité de expertos como una garantía de independencia y pluralidad.
Reclutó a los doce expertos en diferentes ámbitos y sectores y, sobre el papel,
forman un equipo multidisciplinar y heterógeneo.
Pero
abundan los que provienen del mundo de la banca, de la empresa y de los
seguros. Hasta ocho de ellos trabajan a sueldo o colaboran con la banca y
las compañías de seguros, las primeras interesadas en impulsar planes de
pensiones privados. Eso alimenta los recelos de la oposición, aunque
también los hay que vienen de la universidad o de los sindicatos. Dos incluso
han sido propuestos por el PSOE. Muchos son catedráticos, de Derecho, de
Economía y Hacienda Pública; hay también economistas actuariales —expertos en
evaluación de riesgos—, algún especialista en mercados financieros, un
sociólogo y hasta un periodista.
Hay
otro fundamento para la sospecha: el presidente del comité es el
catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, un
sociólogo de corte liberal que ha colaborado en varias ocasiones con FAES,
la fundación que alimenta el discurso ideológico del PP.
Otros informes
Los
recelos de la oposición se dispararon aún más cuando el ministerio de Empleo
presentó a finales de abril un informe preliminar sobre el factor de
sostenibilidad antes incluso de esperar al dictamen de los sabios. En
ese documento se enumeran las principales "tendencias" que se
han adoptado en el resto de Europa para reformar las pensiones. Todas apuntan
hacia pensiones de menor cuantía en el futuro.
Mientras
se espera el dictamen de los expertos, en las últimas semanas otros informes
sobre el factor de sostenibilidad patrocinados por entidades privadas han
florecido como setas después de la lluvia. Uno de ellos es el de UNESPA, la
patronal del seguro. En su elaboración participaron dos miembros del comité
designado por el Gobierno: el propio Víctor Pérez-Díaz y Rafael Doménech, jefe
de estudios del BBVA.
El
informe de UNESPA sostiene la tesis de que en el futuro habrá más jubilados
entre los que repartir los recursos de la Seguridad Social por el aumento de la
esperanza de vida, por lo que será necesario reformar ahora el sistema para
hacerlo más sostenible, a partir de una fórmula de cuentas personales que
vinculen cotizaciones aportadas y esperanza de vida de cada jubilado, a
complementar con otros productos de ahorro privados.
Izquierda
y sindicatos temen que el dictamen de los expertos sea favorable a la tesis del
Gobierno de recortar las pensiones
Otro
informe, impulsado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), institución que
ejerce en la sombra como servicio de estudios del ministerio de Economía,
emitió hace pocos días un informe en el que abogaba por rebajar entre el 22%
y el 45% de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Ante
este escenario, los partidos de izquierda y sindicatos temen que el informe que
elabore el comité será favorable a las tesis del Gobierno de dar otro hachazo a
las pensiones. Nada más conocer la composición del comité, el secretario
general de UGT, Cándido Méndez, dijo: "El Gobierno está orientando en un
sentido claramente negativo al comité". Méndez advirtió al Gobierno de que
si seguía con esta reforma se encontrarían con una confrontación "muy
seria" de los sindicatos.
No
menos duros fueron los mensajes lanzados por la oposición, especialmente por el
grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Su portavoz en la comisión de Empleo
del Congreso, Joan Coscubiela, fue tajante el mes pasado al valorar a los
expertos elegidos: "El grupo tiene sexo e ideología. Sin menospreciar su
capacidad intelectual actúan de parte ya que en su inmensa mayoría provienen
provienen del sector bancario y asegurador, a pesar de que los mejores expertos
en Seguridad Social los tiene el ministerio".
Coscubiela
fue muy gráfico al resumir la situación: "La ministra Báñez ha encargado a
los expertos de la Pepsi que le planteen la reconversión de la Coca-Cola.
Tememos que el sector asegurador sea el que haga la revisión del sistema
público de pensiones, e intentaremos evitarlo".
Las
críticas no llegan sólo desde la oposición. Dentro del comité hay alguna voz
discrepante. Santos Ruesga verbalizaba el pasado mes de abril en infolibre todos los
temores de la izquierda: "El Gobierno sólo busca un aval para recortar las
pensiones de inmediato".
En
cualquier caso, será el informe que elaboren estos doce expertos el que sirva
de base para empezar unas negociaciones sobre la próxima reforma de las
pensiones. Las conversaciones entre Gobierno y oposición se prevén duras,
tensas y no estarán exentas de polémica y acusaciones mutuas. Todos saben que
el de las pensiones es un asunto muy sensible para la ciudadanía, a la que será
muy difícil convencer de que acepte sin rechistar un nuevo recorte en unos de
los pilares del bienestar por muchos informes de expertos que lo avalen.
Once hombres y una mujer
¿sin piedad?
Víctor
Pérez-Díaz. Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno.
Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es conocido
en los círculos de la derecha como el sociólogo liberal. Además de su actividad
docente, ha formado parte de los consejos asesores de empresas como del
despacho de abogados Uría Menéndez, Repsol, Fundación Caixa Galicia y Unespa,
la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.
Rafael
Doménech. Es el actual Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como
Pérez-Díaz, al Grupo de Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar
la edad de jubilación. Además, es miembro del Foro de Expertos del
Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende
incrementar los planes de pensiones privados. Fue subdirector de la
Oficina Económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Manuel
Lagares Calvo. Un clásico. Fue subsecretario de Estado de Economía en el
primer Gobierno democrático de Adolfo Suárez, cuando Enrique Fuentes Quintana
era vicepresidente económico. Asesoró a los entonces presidentes Suárez y
Leopoldo Calvo Sotelo. También fue consejero independiente de la aseguradora
Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros (CECA). Miembro del consejo editorial de El Mundo. Es catedrático de
Hacienda Pública en excedencia en la Universidad de Alcalá de Henares.
Mercedes
Ayuso. Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la
Universidad de Barcelona, es miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en
Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB). Su especialidad es la economía
actuarial y se ha centrado en la modelización estadística y en la econometría
de funciones biométricas, como por ejemplo la esperanza de vida. Ha publicado Una
propuesta de reforma del sistema de pensiones español. Es la única mujer
del comité.
Francisco
Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública en la Uned, es jefe de la
asesoría fiscal de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).
José
Ignacio Conde-Ruiz. Es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea), vinculada a los grandes bancos y empresas españolas
(Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la Fundación Ramón Areces).
Compatibiliza su labor en Fedea con la de profesor de Fundamentos del Análisis
Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor libro La
economía política de las pensiones en España, editado por la Fundación
BBVA.
José
María Marín Vigueras. Es catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid y un auténtico especialista
en mercados financieros.
José
Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía
Financiera de la Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la
Fundación Edad y Vida, que reúne en su patronato a las mayores aseguradores del
país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.
Miguel
Ángel Vázquez Burgos. Periodista. Ha desarrollado casi toda su carrera en
Unespa, la patronal del seguro, donde Actualmente es director de Análisis y
Estudios. Antes fue responsable de comunicación.
Miguel
Ángel García Díaz. Director del gabinete de estudios de CCOO, es de los
pocos que defiende un sistema público al 100% de las pensiones. Es profesor de
Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
José
Luis Tortuero. Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
en la Universidad Complutense y autor de un estudio sobre la reforma del
sistema de pensiones para el anterior Gobierno socialista.
Santos
M. Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de
Madrid. Especialista en relaciones laborales. Forma parte del comité a
propuesta del PSOE. Representó a UGT en el consejo de administración de RTVE.
Autor del informe Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad
Social en España.
Fuente: www.publico.es
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