El catedrático de Duke (EE UU) Allen Buchanan se incorpora al debate sobre
el futuro de Cataluña
Lo hace en el prólogo de la edición española de su libro ‘Secesión'
El investigador propone una negociación con la mediación de la UE
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Manifestación
independentista celebrada en Barcelona el pasado 11 de septiembre y que
congregó a miles de personas. / Marta Pérez (EFE)
El
movimiento independentista catalán tiene lugar en un mundo en el que la
secesión es cada vez más factible y deseable, al menos para los secesionistas.
Dos acontecimientos fundamentales ocurridos tras la II Guerra Mundial han
posibilitado la aparición de Estados mucho más pequeños: un régimen de
seguridad internacional centralizado formalmente en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, que incluye una norma sorprendentemente eficaz contra las
guerras entre Estados, y la expansión de los mercados más allá de las fronteras
estatales, llevada a cabo a nivel global por la Organización Mundial del
Comercio y, desde un punto de vista regional, por la Unión Europea. En el
pasado, los Estados pequeños resultaban inviables o, como mínimo, inseguros, ya
que eran presa fácil para los más grandes y sus mercados nacionales eran
insuficientes para que hubiese crecimiento económico. Ahora que esas
limitaciones al tamaño de los Estados se han eliminado en gran medida, se
plantea la pregunta de si unidades soberanas más pequeñas resultarían
ventajosas y para quién. Al fin y al cabo, las fronteras estatales existentes
no son fruto de una planificación racional o del consenso democrático; son
accidentes históricos que surgieron de procesos que, en su mayor parte,
distaban mucho de ser aceptables desde un punto de vista moral. (...)
Los
argumentos a favor de replantearse las fronteras estatales no se basan
únicamente en consideraciones prácticas acerca del incremento de la seguridad y
de una mayor libertad de mercado; también tienen sentido desde el punto de
vista de los valores democráticos ya que, al menos en algunos casos, la
democracia funciona mejor a menor escala. Algunos secesionistas catalanes
apuntan que si una mayoría de catalanes quiere la independencia, el respeto a
la democracia exige que les sea concedida. Sin embargo, esto es demasiado
precipitado. (...) Existen dos objeciones democráticas fundamentales para
apelar a los valores democráticos como justificación de la secesión mediante un
plebiscito local. En primer lugar, si la secesión fuese así de sencilla, se
correría el riesgo de que la amenaza de la misma fuese utilizada como
instrumento de negociación estratégica para minar la toma de decisiones
democrática. Al amenazar de manera creíble con abandonar el Estado, una minoría
podría, en la práctica, ejercer un veto siempre que los procedimientos
democráticos pudiesen producir un resultado no deseado por ella.
En segundo
lugar, para que la democracia funcione, lo razonable es que los ciudadanos
esperen reciprocidad; tienen que tener la seguridad de que si hoy pierden,
mañana ganarán, y tienen que tener suficiente conocimiento sobre sus
conciudadanos y sobre sus valores y preferencias para predecir que también
ellos aceptarán los resultados de los procedimientos democráticos. Si los límites
del sistema de Gobierno fuesen demasiado inciertos, es decir, si pudiesen
crearse nuevos Estados cada vez que se formase una mayoría en una zona de un
Estado existente, los ciudadanos no gozarían de la garantía de reciprocidad
necesaria porque, en tal caso, sería impredecible saber quiénes son sus
conciudadanos. (...) Por tanto, no existe un argumento sencillo basado en la
democracia a favor de la justificación de la secesión de Cataluña. Sin embargo,
el compromiso con la democracia bien entendida sí exige que España se muestre
dispuesta bien a dar cabida a un estatus autonómico más sólido y estable para
Cataluña o bien a pactar una secesión negociada.
Las
diferentes teorías del derecho corrector reconocen una serie más extensa o más
reducida de injusticias que dan origen al derecho a la secesión. Mi propia
versión de la teoría del derecho corrector reconoce cuatro tipos distintos de
injusticia: (i) anexión injusta del territorio de un Estado soberano, (ii)
violaciones a gran escala de derechos humanos fundamentales, (iii)
redistribución discriminatoria continuada y grave (distribución de los recursos
del Estado que perjudica de manera injusta a una región determinada) y (iv)
vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico
intraestatal o la negativa continuada a negociar una forma de autonomía
intraestatal adecuada (...)
La
perspectiva de una autonomía viable es muy poco halagüeña
tras la
sentencia del TC y la intervención lingüística
En el caso de
Cataluña, la anexión por parte de la España castellana tuvo lugar hace tres
siglos. Cualquier principio moral general según el cual la secesión estaría
justificada si sirviese para recuperar un territorio anexionado injustamente,
que se remontase tan atrás en el tiempo, resultaría inaceptable. Provocaría una
inestabilidad política masiva y, casi con toda seguridad, una violencia
generalizada. También considero que es relativamente indiscutible que los
catalanes no están sufriendo violaciones de sus derechos humanos fundamentales
por parte del Estado español.
Me centraré
en la aplicabilidad del tercer y cuarto tipo de injusticias. La acusación de
redistribución discriminatoria se expresa a menudo de manera retóricamente
dramática y tal vez exagerada con el lema “España nos roba”. Quienes alegan
esto a veces pasan por alto el hecho de que en prácticamente todos los Estados
comprometidos con el bienestar de la totalidad de sus ciudadanos habrá una
considerable redistribución entre regiones. (...) A menos que rechacemos la
idea misma del Estado de bienestar, debemos aceptar la redistribución. La
verdadera cuestión es determinar cuándo la redistribución es injusta o
discriminatoria. Algunos defensores de la independencia de Cataluña aportan
datos que demuestran que Cataluña paga más y recibe menos que algunas regiones
más ricas. Si esto es cierto, hay que explicar algunas cosas. En igualdad de
condiciones, la redistribución dentro del Estado debería ser progresiva y
coherente. De lo contrario, la reciente negativa por parte del Gobierno español
a renegociar su política fiscal respecto a Cataluña, situada en el contexto de
una larga historia de quejas de redistribución discriminatoria, confiere mayor
peso a la reivindicación de independencia según la versión de la teoría del
derecho corrector que sostengo en este libro. Demostrar que la redistribución
discriminatoria está teniendo lugar y que es lo suficientemente grave como para
justificar la respuesta radical de la secesión unilateral es más difícil de lo
que admiten quienes alegan que es lo que está sucediendo en Cataluña.
Un argumento
contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no consensuada puede
alegarse sobre la base de que España no ha demostrado buena fe a la hora de
responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal. Para valorar por qué
esto es así es necesario entender la dinámica de los procesos que conducen a
una demanda popular de independencia. Simplificando, se trata de lo siguiente:
un grupo descontento de una parte del Estado se moviliza para lograr más
control sobre sus asuntos; para incrementar sus competencias de autogobierno.
El Estado o bien ignora sus peticiones o bien les concede cierta autonomía
intraestatal, pero en la práctica incumple el acuerdo. En consecuencia, muchos
autonomistas se vuelven secesionistas. Entonces, el Estado reacciona duramente
ante las demandas de independencia y los secesionistas se vuelven todavía más
convencidos.
La cuestión
es que ambos bandos tienen razones para desconfiar. La falta de confianza puede
malograr la que, por otra parte, sería una solución satisfactoria: un acuerdo
autonómico intraestatal que conceda al grupo regional descontento competencias
considerables de autogobierno y permita al Estado conservar la soberanía sobre
la región. Dada la reciente derogación por parte del Tribunal Constitucional de
una serie de disposiciones del Estatuto de autonomía y las intervenciones de
España en la política lingüística catalana, es bastante razonable concluir que
las perspectivas de un régimen de autonomía viable son poco halagüeñas.
Un argumento
contundente a favor del derecho de Cataluña a la secesión no consensuada se
basa en que España no ha demostrado buena fe al responder a las demandas de
mayor autonomía intraestatal
En el otro
plato de la balanza, resulta bastante razonable que a España le preocupe que,
en caso de responder afirmativamente a la demanda de mayor autonomía de
Cataluña, a dicha demanda le siga otra y que, al final, no le satisfaga nada
que no sea la independencia. No veo otra forma de resolver este problema de
seguridad bilateral que no sea con la ayuda de una tercera parte independiente
capaz de respaldar el proceso de negociación de autonomía intraestatal, de
controlar que ambas partes cumplan con los términos del acuerdo y de
proporcionar incentivos efectivos para que ambas partes cumplan. En el caso de
Cataluña, la candidata evidente es la UE.
Concretamente,
creo que no sería razonable esperar que los autonomistas catalanes se
conformasen con acuerdos de autonomía que puedan ser anulados por las
resoluciones de un Tribunal Constitucional al que consideran comprometido con
una España unitaria y centralista. Si España no está dispuesta a comprometerse
realmente con una renegociación de las competencias de autogobierno de Cataluña
dentro del seno del Estado, ello incrementará los argumentos a favor de un
derecho a la secesión no consensuada. Desde el bando catalán, la buena fe
debería incluir un compromiso firme con el Estado de bienestar de España, lo
que significa reconocer que cualquier acuerdo autonómico que pueda surgir del
diálogo debería ser compatible con el hecho de que Cataluña aporte la parte que
le corresponda al sostenimiento del bienestar de todos los afectados.
Secesión (Ariel), de Allen Buchanan, se
edita el 6 de junio. 320 páginas. 24,90 euros.
Fuente: www.elpais.com
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