Adelantamos unos de los capítulos de ‘¿Cataluña independiente?’ de Xavier
Vidal-Folch
Una mayoría de catalanes está entre el nacionalismo centralista y el
secesionista, dice el periodista
Un grupo de
ciudadanos se dirige a la manifestación de la Diada. / J. Sánchez
Más allá de
la pervivencia de un nacionalismo y de un independentismo políticos de raíces
histórico-culturales, acrecentados por las pulsiones neocentralistas, la
revigorización del discurso nacionalista español, y la práctica recentralizadora
del primer año del Gobierno de Rajoy, el aumento del sentimiento —y del voto—
independentista deriva de una matriz novedosa, de carácter económico.
En plena
campaña electoral se formuló en una encuesta la siguiente pregunta: “¿Por qué
ahora se habla más de independencia y se cuestiona la relación entre Cataluña y
el resto de España?”. El 70,5% de los encuestados contestó que porque “la
crisis económica lo cuestiona todo”, respuesta que duplicaba o triplicaba las
demás explicaciones (oportunismo nacionalista, cambio de la sociedad, revés
constitucional, agotamiento de la Constitución...). Lo que guarda una evidente
correspondencia con el hecho de que la hipotética obtención de un mejor pacto
fiscal que el actual (todas las reformas del sistema de financiación autonómica
han derivado de un pacto) desincentivaría a muchos eventuales votantes de la
independencia.
Tras un año
y medio de su acceso al poder, Artur Mas tuvo que solicitar el 24 de julio de
2012 el rescate financiero al Gobierno en forma de acceso al Fondo de Liquidez
Autonómico establecido para sortear la exclusión de los mercados financieros
internacionales a las autonomías. El formidable impacto psicológico de esta
demostración de debilidad no debe minimizarse. “La humillación de implorar un
rescate y la intervención de facto de la Generalitat son un oxímoron:
Cataluña aparece empobrecida y sin recursos, a pesar de su potencial económico
e indudable solidaridad con el resto”, de manera que “la crisis ha actuado como
catalizador de un vigoroso e insólito sentimiento soberanista”, escribiría el
exportavoz de Esquerra en el Congreso, perteneciente a su ala moderada, Joan
Ridao. Formulado desde el envés, la crisis económica “exacerba los
nacionalismos, populismos y el sálvese quien pueda”, indicaba Nicolás
Sartorius.
¿Qué había
ocurrido para llegar a tal adversidad económica? El Gobierno de Mas había
tenido que lidiar hasta ese momento con una severa crisis financiera de la
Generalitat. El endeudamiento a final de 2010, cuando entró en funciones, se
situaba en 34.697 millones de euros, un 17,8% de su PIB, el segundo mayor de
las comunidades autónomas, salvo la Comunidad Valenciana (19,3%). Como es
costumbre, el nuevo Gobierno acusó de la mala situación al despilfarro propio
de la herencia recibida.
En realidad,
la deuda y el creciente déficit llegaban, más que por un gasto creciente —que
también lo hubo, sobre todo sanitario y educativo, por efecto de la explosión
demográfica y por voluntad del Gobierno tripartito de compensar la atonía
inversora del periodo de Jordi Pujol— por el desplome de los ingresos. Y este
se debía a la profunda recesión iniciada después de la crisis de Lehman
Brothers en septiembre de 2008. Cataluña creció dos décimas menos que España
entre 2001 y 2007, y fueron bastante emparejadas desde entonces. La crisis de
la economía real arrancaba de un sector de la construcción desmesurado (que
alcanzó el 11% del valor añadido bruto en 2006 para capotar después), siempre
un punto por detrás del global español, compensado por dos puntos más de peso
de la industria, que también sucumbió a la crisis.
Tener que
acudir al rescate supuso una humillación. La crisis económica exacerba el
“sálvese quien pueda”
La crisis,
brutal sobre todo en 2009 y 2010, no dejaría naturalmente incólume al
presupuesto público. De forma que la caída de la recaudación prevista para
2010, último año de José Montilla como presidente, fue más acusada que el
paralelo aumento del déficit. Este aumentó en 2.900 millones, según las cifras provisionales
de la Intervención general, mientras que los ingresos no finalistas cayeron en
la misma cuantía. “Es decir, todo el mayor déficit es explicable por esta sola
razón: por la caída de los ingresos”, estimó el exconsejero de Economía, Antoni
Castells. El peso de la recaudación proveniente de la burbuja inmobiliaria en
la financiación pública provocó en buena parte, al cabo, el desplome de la
misma.
Contra esa
explicación, los nacionalistas e incluso sus economistas más destacados,
durante una temporada apoyados por el discurso del PP local, han opuesto la
tesis de la herencia: “El primer gran responsable de la deuda de la Generalitat
es la propia Generalitat y su dispendio descontrolado durante los años de la
burbuja”, naturalmente bajo los mandatos de izquierdas. Porque el tripartito
habría “dilapidado” sin cuento, llevando a cabo un “vergonzoso despilfarro”. Es
la tesis del reputado neoliberal Xavier Sala i Martín, amparada en que entre
2003 y 2008 la deuda pública catalana aumentó en un 50%, de 10.918 millones a
15.776. Datos ciertos y útiles para la tertulia política, pero que obvian lo
principal, a saber, que el punto de partida era muy modesto si se aplica el
criterio europeo de deuda en relación con el PIB: a final de 2003 era del 7,4%
y había aumentado a solo el 8% en 2008, las fechas que Sala utilizaba como
indicativo de la mala gestión. Es decir, el aumento promedio de la deuda fue de
un ridículo 0,15% anual.
Por el
contrario, un indicador de que el problema fundamental de las finanzas públicas
catalanas derivaba fundamentalmente de la doble recesión más que de la calidad
de la política económica aplicada por uno u otro Gobierno radica en la
evolución de la deuda pública en un plazo más largo, que abarca Ejecutivos de
distinto signo: es decir, hasta la actualidad. El tripartito de Pasqual
Maragall heredó un endeudamiento de 10.918 millones (final de 2003) y el de
José Montilla lo dejó siete años después en 34.697 millones. Los Ejecutivos de
izquierdas generaron pues deuda nueva por 23.779 millones: a razón de 3.397
millones por año.
Para que la
comparación sea consistente con el ciclo, tomemos solo sus tres últimos
ejercicios de crisis (2008, 2009 y 2010): 13.872 millones de deuda nueva
generada en ese trienio, a razón de 4.624 millones anuales. Mientras que los
dos ejercicios de Artur Mas (ambos bajo recesión) supusieron un aumento de
16.251 millones (de los 34.697 millones heredados a 50.948 millones): un ritmo
anual de 8.125 millones. Esto es, casi el doble que su predecesor, o 3.501
millones anuales más. Ahora bien, para evitar la banalidad hay que recordar que
todo aumento de la deuda, en ausencia de modificaciones en otras variables
(tipos de interés), supone en principio una mayor carga de intereses a pagar.
La diferencia entre el coste corriente nominal anualizado de la deuda entre los
tres últimos ejercicios de Montilla (868 millones) y los dos de Mas (1.735) fue
de 867 millones anuales. Quiere esto decir que la mayor generación de deuda
anual neta —sin contar intereses— fue de 2.184 millones.
Eso no
significa que la gestión financiera del consejero Andreu Mas-Colell en su
primer bienio haya sido deficiente, porque la mayor deuda anual tiene
explicaciones lógicas. En buena parte se origina por la sucesiva acumulación de
déficits anuales, y en otra por el apretado calendario de vencimiento, en torno
a cinco anualidades, de la deuda antigua. Significa solamente que la propaganda
de las derechas desplegada contra la presunta deficiente gestión de las
izquierdas era eso, propaganda.
La evolución
de la deuda pública en un plazo más largo indica que el problema fundamental de
las finanzas públicas catalanas derivaba de la doble recesión
Otros
indicadores de que la gestión financiera autonómica tiene menor correlación de
la que se ha pretendido con el destacado lugar de Cataluña en el ranking
de la deuda pública (23% del PIB al acabar el tercer trimestre de 2012, cifra
solo empeorada por Castilla-La Mancha, del 25,7%, y la Comunidad Valenciana,
del 25%) son las comparaciones con las tareas y el personal de que se dispone
para realizarlas: la comparación de eficiencia del gasto medida por el capítulo
1 del presupuesto. La Generalitat es el Gobierno autónomo con más funciones:
administra 189 competencias obtenidas por traspasos de la Administración Central
del Estado desde 1978, por 154 Galicia, 152 Andalucía y 93 Madrid, computó la
CEOE: muchas de ellas son de menor cuantía, pero también las hay de bastante
empaque, como policía, cárceles o ferrocarriles de cercanías.
Mientras que
la Generalitat dedica pocos recursos a personal: 164.441 empleados por los
162.078 de la Comunidad de Madrid, que atiende la mitad de traspasos. Cataluña
disponía de 21 empleados públicos autonómicos por mil habitantes, mientras que
Madrid, para menos tareas, empleaba a 24; la población catalana era en 2011 el
15,98% del total español; la madrileña, el 13,75%.
Y en un
sentido más global, el total de empleados públicos (autonómicos, estatales y
locales) en Cataluña es, según la CEOE, el más bajo, por mil habitantes, de las
17 comunidades autónomas: 40, por 60 Andalucía y 70 Madrid y Castilla y León.
Formulado de forma muy esquemática y cautelosa, pues los países escandinavos
exhiben una altísima correlación entre el tamaño del sector público y la
prosperidad económica / bienestar social, puede aventurarse que en época de
bonanza, un mayor tamaño relativo del sector privado contribuye a un mayor
dinamismo económico; mientras que en tiempos de recesión, una mayor densidad de
empleados públicos de todas las administraciones (casi 200.000 más en
Andalucía, que tiene 498.327 y 126.000 más en Madrid, con 304.515, que en
Cataluña, 304.515) modera las tasas de desempleo y aporta mayor estabilidad al
consumo y en general, a la economía regional.
¿Cataluña
independiente? (Catarata),
de Xavier Vidal-Folch ya está a la venta. 144 páginas. 14 euros.
Fuente: www.elpais.com
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